Solicitan el empadronamiento de migrantes en Mazagón (Huelva)
Diversos colectivos, organizaciones y sindicatos, entre ellos, la HOAC de Huelva, acompañaron el pasado viernes a personas migrantes del asentamiento de Las Madres de Moguer (Huelva) a presentar su solicitud de empadronamiento en la Mancomunidad de Mazagón.
La acción colectiva, organizada por Alianza por la Solidaridad, Asociación Multicultural de Mazagón y Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) pretenden restablecer el derecho al empadronamiento negado sistemáticamente por las corporaciones locales de las zonas freseras.
“No entendemos de ninguna de las maneras que trabajadores y trabajadoras de los frutos rojos, que están produciendo riqueza para nuestra sociedad, no tengan ni siquiera el derecho de de disfrutar de de ser ciudadanos ciudadana de del municipio donde viven todas y todos ellos viven en asentamientos”, afirma Pepa Suárez, de la Asociación Multicultural Mazagón.
La campaña “Vecina, vivas donde vivas” trata en primer lugar de dar a conocer entre la población migrante, altamente vulnerable, los derechos que les asisten. Esta campaña se esta llevando a cabo tanto en Almería como en Huelva, donde las personas migrantes y en concreto las mujeres se enfrentan a muchas dificultades para acceder al empadronamiento, ya que los Ayuntamientos les niega el ejercicio de este derecho.
Ya en mayo del año pasado, seis personas migrantes presentaron sus solicitudes de empadronamientos en el Ayuntamiento de Lucena del Puerto. Un mes después cinco personas más presentaron su solicitud en la Mancomunidad de Mazagón (Moguer).
Hasta la fecha, el Ayuntamiento de Lucena del Puerto ha contestado con un escrito donde afirman “que esas personas no están inscritas en el censo de la localidad”. En cuanto a Moguer, de las cinco solicitudes, solo una ha sido aprobada por lo que la Asociación Multicultural de Mazagón presentó, hace unos días, una demanda en el Juzgado contra el consistorio por tres casos resueltos de forma negativa.
Diversas organizaciones de la sociedad civil acompañan a las personas solicitantes a los registros de los consistorios para asegurar la recepción de la documentación. Todo este tipo de acciones están respaldadas por ASNUCI, Asociación de Malienses de Mazagón, Ecologistas en Acción, Hermandad de Acción Católica Obrera (HOAC), La Carpa, La Mar de Onuba, Mujeres 24 Horas, Secretariado de Migraciones y Sindicato Unitario.
En el capítulo 3, artículo 3.3 de la actualización del 30 de enero de 2015 del Real Decreto 1690/1986 se establece que en el Padrón debe reflejar el domicilio donde realmente vive cada vecino del municipio y de la misma manera que la inscripción padronal es completamente independiente de las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda, lo es también de las circunstancias físicas, higiénico-sanitarias o de otra índole que afecten al domicilio. En consecuencia, las infraviviendas (chabolas, caravanas, cuevas etc. e incluso ausencia total de techo pueden y deben figurar como domicilios válidos en el Padrón.
A pesar de ello, Pepa Suárez confiesa que “no tenemos ninguna esperanza de que le den el certificado empadronamiento a estas cinco personas que las acaban de presentar, a pesar de demostrar que viven en el municipio de Moguer con con documentos que así lo acreditan”.
Suárez defiende que “el empadronamiento es un derecho y un deber de todas las ciudadanas y ciudadanos que viven en los municipios del estado español, sean o no de nacionalidad española”.
El empadronamiento permite el acceso a servicios básicos como educación y sanidad, además de ser considerado parte de la documentación para acceder certificado de arraigo y el permiso de trabajo y residencia.
En opinión de Suárez, “la violación de este derecho es una clara discriminación y un ejercicio de violencia y racismo institucional por parte de las administraciones locales que lo practican”.
Según denuncia, la negativa de los ayuntamientos, incluso a recoger la solicitud lleva a las personas migrantes a caer en manos de las mafias para empadronarse en domicilios ficticios pagando por ello una cantidad que oscila entre los 300 y 1.500 euros.
Hasta la fecha, entre los municipios de Moguer, Lucena del Puerto y Palos de la Frontera, donde malviven cientos de personas migrantes en chabolas, solo hay dos personas empadronadas en sus infraviviendas con la ayuda de las asociaciones.
“No tenemos ninguna esperanza de que le den el certificado empadronamiento a estas cinco personas a pesar de demostrar que viven en el municipio de Moguer con con documentos que así lo acreditan”, reconoce Suárez.
Al menos, aclara, “hemos conseguido que recojan la solicitud que antes no recogían” aunque teme que las personas de los asentamientos vayan por propio pie a a solicitar el empadronamiento porque no le van a ayudar en el ayuntamiento y no tienen el suficiente conocimiento del idioma como para rellenar una solicitud, saber qué documentos tienen que presentar, ni tampoco les van les van a informar”.
Redactor jefe de Noticias Obreras
