La segunda fase de la reforma de pensiones entra en su tramo final
La última propuesta del Gobierno sobre la reforma de las pensiones recibe buena acogida por parte de los sindicatos y la “frontal oposición” de la patronal.
La propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para terminar la reforma del sistema público de pensiones consiste en realizar automáticamente el cálculo que más favorezca a la persona que se jubila entre dos posibilidades: los últimos 25 años o los 29 años de cotización de los que se excluirán los dos peores.
El objetivo de final es que las personas trabajadoras con carreras laborales más irregulares, con vacíos o merma en sus cotizaciones, por encontrarse en desempleo o llegar al final de su vida laboral sin contrato de trabajo, no vean reducida su pensión.
En principio, según se ha encargado de airear el ministro José Luis Escrivá, esta propuesta tiene el aval de sus socios del Gobierno de coalición y de la Unión Europea, con lo que renuncia a su idea inicial de ampliar el periodo de cálculo de la pensión desde los 25 años actuales a un total de 30 años, excluyendo los dos peores años de cotización.
La propuesta ha sido presentada a los agentes sociales en la reunión correspondiente del Diálogo Social iniciada las 12:30 horas de hoy en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Acuerdo con Bruselas y la coalición de Gobierno
“La propuesta sobre pensiones que hoy hace el Gobierno a los agentes sociales ha sido muy trabajada y demuestra que lo que siempre ha dicho Podemos es posible. Ampliamos derechos a los y las pensionistas garantizando la sostenibilidad del sistema gracias al aumento de ingresos”, ha señalado a primera hora de esta mañana la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en su cuenta de Twitter. También ha confirmado el acuerdo la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Esta última parte de la reforma, la que más ha costado cerrar, trata de aumentar los ingresos de la Seguridad Social y la suficiencia de pensiones para los trabajadores con carreras laborales más volátiles.
El Ministerio de Inclusión habría estado negociando con Bruselas, con las fuerzas políticas y con los agentes sociales para conseguir su apoyo. El mismo ministro José Luis Escrivá calificó hace unos días de “inminente” el acuerdo. Ayer comentó que el pacto con Bruselas estaba prácticamente hecho.
Fuentes comunitarias, según Europa Press, confirmaron que la Comisión Europea ha mantenido contactos “intensos” en las últimas semanas con el Gobierno español sobre la reforma del sistema de pensiones, una de las condiciones a las que está sujeto el desembolso de los 10.000 millones del cuarto pago del fondo anticrisis que España aún no ha solicitado.
Según ha trascendido, los contactos con la Comisión Europea se han centrado en conseguir el respaldo para aumentar los ingresos del sistema, para lo cual España se compromete a que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) evalúe “cada tres años” la situación del sistema. Bruselas tendrá que analizar la reforma una vez quede reflejada en el BOE para efectuar el cuarto desembolso de fondos europeos.
Último tramo de la negociación con los agentes sociales
Los agentes sociales tendrán hasta el martes que viene para estudiar los términos de la reforma, de modo que el miércoles Escrivá comparecerá ante el Pacto de Toledo para presentar la reforma que llegará al Consejo de Ministros. A continuación, el real decreto deberá recabar los apoyos necesarios de los grupos parlamentarios. Cabe recordar que el plazo para presentar la reforma a la Comisión Europea expiró el pasado 31 de diciembre.
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, en un acto público en Cádiz, ha comentado que “si la orientación de las medidas van en la línea que se está planteando y si el paquete de ingresos de la Seguridad Social es lo suficientemente ambicioso, es un gran cambio en la perspectiva de las pensiones respecto a la reforma de hace 10 años”. Ha matizado que el sindicato ha planteado sus propias reivindicaciones como la subida de las pensiones mínimas, el complemento de pensiones para superar los efectos de la brecha de género, la mejora de las lagunas de cotización de las mujeres y de los hombres que a lo largo de los últimos años de sus carreras profesionales no pueden cotizar.
Por su parte, el secretario confederal de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, antes de entrar a la reunión negociadora, ha declarado que esperaba que “las medidas que nos comunique esta mañana el Gobierno respecto a las pensiones respondan a las conversaciones previas que hemos mantenido”. “Este tipo de negociaciones son muy serias y definen los derechos de muchos millones de personas para el futuro”, ha añadido.
“La idea de una fórmula de periodo de cálculo en la que las personas trabajadoras puedan elegir entre la formula actual, con 25 años; y otra que agrupe los 27 mejores años de los últimos 29 –la mejor en cualquiera de los dos casos– es una fórmula que no tiene ningún problema. Lo que ocurre es que vamos a ver la duración de esa medida y los términos en los que se plantea”, ha completado.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, durante una concentración de trabajadores y trabajadoras del sector de transporte de viajeros en Barcelona, ha considerado que la propuesta de Escrivá va “en la buena dirección”
Con anterioridad, había pedido al Gobierno acudir a la mesa “con ese tema bastante avanzado, [saber] en qué parámetros se mueve la Unión Europea y la propia mayoría parlamentaria que tiene que tener para llevar la reforma legislativa adelante”.
Valoración sindical positiva
Sin embargo, a la conclusión de la reunión del diálogo social, ambas organizaciones sindicales han realizado una primera valoración positiva “tanto de la orientación que se plantea para la segunda fase de la reforma iniciada en julio de 2021, como de las medidas concretas que la conforman, según refleja un comunicado conjunto, ya que se mantiene la orientación de reforzar los ingresos del sistema y garantizar la suficiencia y la sostenibilidad del sistema de pensiones.
“Se recoge la propuesta sindical de incremento progresivo de las bases máximas de cotización, garantizando ahora por Ley un incremento anual superior al de la inflación media registrada. Se refuerza el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) con destino exclusivo a la dotación del Fondo de Reserva, el establecimiento de una cuota de solidaridad para los salarios más altos que aún queden por encima de la base máxima incrementada. De este modo se garantiza que cotizarán la totalidad de los salarios, estableciendo por primera vez un sistema de cotización por ingresos reales en el sistema de Seguridad Social”, según indican.
CCOO y UGT también consideran positivo “que el incremento de la pensión máxima se realice conservando la lógica del respeto al principio de contributividad, garantizando la absorción comprometida en la primera fase de la reforma de los nuevos coeficientes reductores establecidos progresivamente en las jubilaciones anticipadas voluntarias, y todo ello al tiempo que se mantiene el componente solidario que supone el mantenimiento de una pensión máxima inferior a la base máxima de cotización, con lo que se mantiene y refuerza la aportación solidaria de una parte de las cotizaciones de quienes perciben salarios más altos”.
Además señalan que el cambio de orientación en materia de periodo de cálculo “permite mejorar la expectativa de pensión de los colectivos de personas trabajadoras con carreras de cotización más inestables. Resulta también especialmente relevante el hecho de que durante un periodo transitorio de casi dos décadas, se mantendrá un sistema de reconocimiento de pensión más favorable para las nuevas personas jubiladas entre la fórmula actualmente en vigor (últimos 25 años cotizados) o el nuevo sistema (elección de los mejores 27 años de entre los últimos 29 años cotizados)”.
En relación a las medidas orientadas a la reducción de la brecha de género, UGT y CCOO inciden en su importancia, ya que “se trata de más ingresos, sin duda, para garantizar el sistema de pensiones, pero también de reducir la brecha de género en pensiones y mejorar las pensiones mínimas que perciben las personas más vulnerables”.
Frontal oposición de la patronal
En las antípodas del acuerdo se han situado las organizaciones empresariales CEOE, CEPYME y ATA que han expresado este viernes su “frontal oposición” a la “regresiva” reforma de pensiones planteada por el Gobierno, al que acusan de tener una “voracidad recaudatoria” y de presentar una propuesta “populista”, que “socavará el esfuerzo de las empresas en las negociaciones salariales” con los sindicatos.
Las organizaciones empresariales denuncian, en un comunicado, que el sostenimiento del sistema de pensiones recae en “una subida generalizada de cotizaciones” que, según advierten, “mermará los salarios de todos los trabajadores e incrementará los costes laborales, poniendo en peligro la creación de empleo”.
Redacción de Noticias Obreras.
