La gestión de los servicios públicos, balance de una legislatura municipal

La gestión de los servicios públicos, balance de una legislatura municipal

En 2015, con las candidaturas del cambio, se inició un modelo recuperador de servicios públicos con gestión privada, o al menos se intentó, dando lugar al proceso recuperador con éxito en algunos lugares y no en otros. Con la legislatura 2019-2023, lo que parecía podía ser un desplazamiento fuera de las intenciones políticas municipales por la desaparición de equipos de gobierno llamados del cambio, encontramos varios ejemplos de procesos remunicipalizadores.

Sin duda, existe una batalla ideológica sobre las políticas de gestión de nuestros servicios públicos, siendo la gestión privada la más extendida en el Estado. La batalla también es administrativa y jurídica, porque, siendo la gestión directa la preferente por la norma legal vigente, es tremendamente accesible el diseño y aprobación de la gestión privada y, al contrario, gracias al pensamiento y línea política neoliberal, se encuentran muchísimas dificultades en la reversión a la gestión directa. Gestión esta última, más barata, más eficaz y con mejores condiciones laborales pudiéndose comprobar.

En un balance algo más que superficial, encontramos en esta legislatura ejemplos a lo largo y ancho del territorio que permiten contrarrestar el fundamento neoliberal con mejores resultados. Así, podemos hablar de recuperación de la gestión directa con un presente y futuro de éxito en su gestión. Algunos ejemplos son la limpieza y recogida de basuras de Astorga, Málaga o Torrelavega. El abastecimiento y distribución del agua en Alcázar de San Juan. El aeropuerto de Castellón. El alumbrado público y limpieza de colegios municipales de Alcorcón, o el Hospital de Torrevieja.

Cabe felicitar y sin duda admirar, a aquellas personas que teniendo no solo a la oposición en contra en sus municipios, se encuentran con la beligerancia del poder empresarial, de los medios de comunicación y a veces, al poder judicial. En casi todos los procesos de recuperación de la gestión de un servicio público, alguno o todos los elementos anteriormente citados, han actuado dificultando estos procesos, en ocasiones de forma dolosa y mafiosa incluso.

Los casos de remunicipalización, no solo se adscriben al territorio español. El resto del mundo contiene ejemplos en todos los continentes, más de 1.400 procesos lo avalan. Hoy podemos concluir que la globalización supone un camino inexorable hacia el control de lo político, social y medioambiental por parte del mundo empresarial y financiero. Las remunicipalizaciones caminan en sentido contrario y a lo largo y ancho del planeta, estos procesos se abren paso ante la inviabilidad de un sistema que destruye lo público a cambio del enriquecimiento privado sin límites.

La recuperación de la gestión del agua en ciudades de países como Francia, EEUU, Alemania, Italia, Filipinas, Reino Unido y otros, es paradigmático. Al igual que la energía en ciudades de Japón, Australia, India, Ucrania, etc. La educación en ciudades de Japón, Brasil, Nicaragua, Malasia. El transporte en ciudades de Francia, Portugal, Turquía. También en los servicios sociales y de la salud, o de telecomunicaciones, o de recogida de desechos en todo el mundo.

La situación de Madrid sigue siendo un nido de despilfarro y gestión deficiente de sus servicios públicos privatizados. Según un estudio publicado en 2021, con datos del año 2018, se calcula que Madrid paga 1.400 millones de euros al año para financiar a empresas privadas que gestionan servicios de titularidad municipal. Este desvío de dinero a la gestión privatizada, produce un sobrecoste en las arcas públicas municipales de más de 220 millones de euros, por la gestión de los más de 420 servicios que podría gestionar el Ayuntamiento de manera directa.

El compromiso ciudadano debería estar fijado en la petición de responsabilidad de los candidatos y candidatas electorales, para impulsar una gestión eficiente y eficaz de nuestros servicios públicos, alejada del negocio de la privatización de los mismos.

La remunicipalización no solo es una posibilidad, es una obligación de nuestros gestores públicos y como tal, debemos hacérselo entender.