El derecho a la vivienda

Dice la Constitución Española que disponer de una vivienda digna es un derecho de toda persona y que los poderes públicos deben poner las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho e impedir la especulación (art. 47).

Es evidente que se incumple la Constitución. Para muchas personas y familias ese derecho no existe o ejercerlo supone un enorme sacrificio que condiciona su vida por el alto precio de la compra o el alquiler, se siguen desahuciando a familias empobrecidas, destrozando aún más sus vidas, etc. De hecho, junto al desempleo o el empleo muy precario, el difícil acceso a la vivienda es uno de los factores que más influyen en el empobrecimiento y la desigualdad. Y esto ocurre desde hace décadas. Los poderes públicos faltan a su responsabilidad. Entidades financieras, fondos de inversión –que acumulan obscenamente decenas de miles de viviendas– y otros actores económicos, se lucran con el negocio de la vivienda, atacando el interés general y la Constitución.

Son muchas las causas inmediatas del atropello del derecho a la vivienda digna y asequible. Pero hay una causa fundamental: haber permitido, y no pocas veces alentado y promovido, que la vivienda sea un negocio. Sabemos que negocio y derechos son incompatibles. En el bien que es la vivienda manda el negocio que niega el derecho. Dicen que es «el mercado» –un eufemismo para ocultar intereses ilegítimos que atropellan los derechos de las personas–. El mercado, tal como está regulado, nunca cubrirá las necesidades de las personas, porque se rige por el negocio. Lo que ocurre con la vivienda muestra esto con claridad para quien quiera verlo.

Ocurre con el derecho a la vivienda lo que el papa Francisco, siguiendo la tradición de la Iglesia, plantea respecto al derecho de propiedad (Cf. Fratelli tutti, 120): lo originario y prioritario es que todas las personas dispongan de los bienes necesarios para vivir con dignidad –el destino universal de los bienes–, el derecho a la propiedad privada es solo secundario. La concepción excluyente que tenemos de la propiedad privada niega de hecho el destino universal de los bienes, porque lo secundario deja sin efecto práctico lo que es prioritario. Hace falta la valentía y la decisión de volver a lo que es originario y prioritario.

No hacerlo es lo que nos tiene socialmente enredados en un círculo vicioso sin salida. Por eso nunca acaba de salir adelante una Ley de Vivienda que afronte integralmente lo necesario para que la vivienda sea un derecho y deje de ser un negocio. Lo importante es caminar en esa dirección y son muchas las cosas que se pueden hacer, por ejemplo: dedicar muchos más recursos a ofrecer vivienda pública digna y asequible a quienes la necesiten y que esas viviendas sean siempre públicas; modificar las leyes que permiten que el uso excluyente de la propiedad privada niegue el derecho a la vivienda; articular políticas fiscales que penalicen de verdad el acaparamiento de grandes cantidades de viviendas; tomar medidas que impidan totalmente los desahucios de familias sin recursos; regular desde el derecho a la vivienda el mercado inmobiliario para acabar con las prácticas especulativas; impedir la especulación con los alquileres, etc.

En la Iglesia necesitamos avanzar mucho en la defensa del derecho a la vivienda, apoyando todas las medidas que vayan en esa dirección y a quienes luchan por este derecho a techo (Cf. FT 127). Es algo fundamental para la vida digna de personas y familias, particularmente de las personas empobrecidas. El derecho a una vivienda digna y asequible es esencial para la defensa de las familias, para que puedan realizar su función social mediante una vida digna. •

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