Una nueva ley de cooperación para cumplir y avanzar en justicia y derechos humanos

La aprobación de la “Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global”, esta mañana, en el Congreso debe abrir una nueva etapa en la contribución de España al avance de la justicia y la igualdad en el mundo.

Con el respaldo del 90% de la cámara, la nueva norma ha sido recibido favorablemente por las ONG de Desarrollo que han participado en su proceso de elaboración.

“Los últimos dos años han sido de intenso trabajo, de un rico diálogo con el Gobierno y los grupos políticos, en el que las propuestas de los distintos actores de la cooperación se han tenido en cuenta”, ha indicado en un comunicado la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo.

Su presidenta, Irene Bello Quintana, ha explicado que “hoy es un día de celebración, asistimos a la aprobación de una ley que ha sido construida de manera colectiva, que cuenta con un apoyo enorme de los partidos políticos y que abre una senda esperanzadora hacia una cooperación a la altura de los complejos retos globales que vivimos”.

El técnico del Equipo de Incidencia Política de Cáritas Española, Pedro Carceller ha añadido que “la nueva norma, cuyo proceso de elaboración ha durado más de un año, fortalece y adapta nuestro marco legal a las necesidades y a los retos globales a los que nos estamos enfrentando”. “Su aprobación por amplio consenso político es un hecho a celebrar por el sector y la sociedad española”, ha añadido.

La ley marca una senda clara e inexcusable para que los fondos destinados a la cooperación alcancen el histórico -y nunca cumplido- 0,7% de nuestra Renta Nacional Bruta antes de 2030, de manera gradual, planificada y constante, priorizando las necesidades reales de las personas a quienes se dirigen los fondos de cooperación, con un enfoque feminista, ecologista y de derechos humanos que deberá empapar las políticas públicas.

Además, prevé un proceso de mejora institucional y revisión de esta política pública que debe garantizar su eficacia, lo que implica un refuerzo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

En los próximos seis meses, deberá aprobarse el VI Plan Director, la reforma de la AECID, el Estatuto de las personas cooperantes, el Estatuto del Fondo Español para el Desarrollo Sostenible, el Real Decreto de subvenciones, o el Reglamento del Consejo Superior de Cooperación para el Desarrollo.

Así para la coordinadora, “2023 será el año de articular las reformas que apunta la Ley: la reforma de la AECID y del actual Consejo de Cooperación, una revisión del Estatuto de las personas cooperantes que mejore sus condiciones de trabajo, una revisión de los requisitos burocráticos en las subvenciones con el fin de evitar procesos extremadamente complejos o un estatuto del nuevo Fondo Español para el Desarrollo Sostenible (FEDES) que logre que la cooperación financiera sea sostenible, responsables y efectiva”.

Cáritas destaca que la legislación incluya la flexibilización y reconocimiento de la particularidad de la acción humanitaria; la promoción de una coherencia de políticas, que esperan, lleve a cabo una promoción y orientación del desarrollo sostenible a la acción exterior en otros ministerios y administraciones; la inclusión de enfoques de infancia y adolescencia y cuidado por el medio ambiente, entre otros.

También, se fortalece la cooperación descentralizada, se establecen nuevos instrumentos y procedimientos decisorios y de gestión económica con el objetivo de ganar en agilidad y se reconoce a la sociedad civil como elemento potenciador de fortalecimiento de las democracias.

La coordinadora ha señalado que los partidos políticos que han apoyado esta Ley deben actuar en coherencia en el ámbito autonómico y local. “En un año de elecciones, deben demostrar ese compromiso en sus programas políticos, en los presupuestos y propuestas de los gobiernos que se constituyan”.

“Cáritas valora positivamente la participación y continuará contribuyendo a estos procesos en los distintos espacios constructivos y de diálogo, en especial, en el marco de la Coordinadora de ONGD”, explica Carceller. “Seguiremos aportando para que la cooperación al desarrollo continúe reflejando el compromiso de la Administración de nuestro país como garante de los derechos humanos de todas las sociedades”, ha anunciado.

Es de esperar que sea el fin décadas de incumplimiento por parte de los Gobiernos de España en materia de cooperación, con financiación y planes lejos de los proclamados valores de búsqueda de justicia global y equidad entre los pueblos; una cooperación que quedaba a la cola de Europa. “La aprobación de esta Ley debería darle hoy un cierre definitivo a esta etapa”, han subrayado desde la coodinadora.

Redacción

Redacción de Noticias Obreras.