El movimiento pensionista se une para defender el sistema público como instrumento de cohesión social
El movimiento pensionista ha anunciado su firme determinación de seguir defendiendo el Sistema Público de Pensiones, “nuestro mejor instrumento de cohesión social”, ante las pretensiones de reducir las cuantías y la financiación.
Para cumplir el derecho a la pensión digna recogido en el artículo 50 de la Constitución Española, diversos colectivos de pensionistas reclaman la recuperación del poder adquisitivo de las pensiones y los salarios, la subida inmediata de las prestaciones mínimas y el fin de la brecha de género.
Los firmantes del comunicado público en defensa del sistema público están compuestos por la Coordinadora Estatal de Pensionistas (COESPE), UNIDAD-COESPE, la Asociación Jubilación Anticipada sin Penalizar (ASJUBI40) el Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas (MADPP), el Movemento Galego en Defensa das Pensións e os Servizos Públicos (MODEPEN), además del pionero Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria (EHPM), que acaba de cumplir cinco años de presencia constante en la calle.
Las diferentes organizaciones y plataformas coinciden en la necesidad de recuperar el poder adquisitivo de salarios y pensiones, restableciendo la paga compensatoria correspondiente a la pérdida de poder adquisitivo de 2021 y 2022 y la revalorización de las pensiones en función del IPC real.
El movimiento pensionista rechaza el aumento de los años para el cálculo de la base reguladora de la pensión, como propone el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, al entender que su único objetivo es reducir las pensiones futuras, así como la intención del gobierno de crear la Agencia de la Seguridad Social que, en su opinión, supondría una descapitalización del sistema público al liquidar activos inmobiliarios que consideran propiedad de todas las personas pensionistas y trabajadoras.
Los colectivos pensionistas, igualmente, piden la derogación de las reformas de pensiones de 2011, 2013, y 2021 y el cese de la promoción de los planes de pensiones privadas de empleo (Ley 12/2022) con recursos de la Seguridad, que, “lejos de moderarse dicho fomento, se han aumentado las comisiones de gestión privada autorizadas en el primer reglamento de la Ley que se conoce, cediendo el Gobierno, una vez más, ante la banca privada”, según advierten.
Pero también han insistido, una vez más, en la realización de una Auditoria de la Seguridad Social. recogida en la Ley 21/2021 cuyo plazo de ejecución se ha incumplido, convencidos como están de que les “dará la razón y certificará que el sistema es sostenible, y que no se pueden justificar los recortes ni la privatización de las pensiones públicas”.
Las organizaciones pensionistas firmantes han expresado su voluntad de reforzar la unidad de acción y de seguir caminando juntas para conseguir los objetivos compartidos que hemos expuesto.
A la vez, se reconocen como “parte de la clase trabajadora”, por lo que han expresado su solidaridad con el conjunto de luchas por los derechos sociales y lo público, anunciado su intención de “unir nuestras luchas con las que se desarrollan en pro de los derechos laborales, de los servicios públicos esenciales, como la sanidad, la educación, la vivienda, los cuidados a las personas dependientes”.
Redactor jefe de Noticias Obreras
