El derribo de El Walili fuerza a sus habitantes a trasladarse a otros asentamientos

El derribo de El Walili fuerza a sus habitantes a trasladarse a otros asentamientos
Foto | A. A. (ideal.es)
El Walili-Los Nietos (Níjar, Almería) ya es historia. Las excavadoras, protegidas por un fuerte dispositivo de las fuerzas de seguridad, procedieron al derribo del poblado. El albergue temporal ubicado a ocho kilómetro de allí acoge a cerca de 50 personas.

Una vez acordonada la zona, las máquinas comenzaron a arrasar las construcciones que desde hace más de 15 años se han ido levantando al calor de los invernaderos almerienses. Los servicios de extinción de incendios tuvieron que acudir a la zona para sofocar las llamas de un incendio cuyo origen se desconoce.

  • El Ayuntamiento de Níjar envío dos autobuses dispuestos para trasladar a los residentes que así lo solicitaran a un emplazamiento de emergencia situado en el Polígono Industrial Los Grillos, a ocho kilómetros de allí, lejos de los plásticos donde encuentran trabajo a menudo en la economía sumergida.

La gran mayoría de los cerca de 450 habitantes del asentamiento ya habían abandonado El Walili en días previos, ante la inminencia de su destrucción, para buscar un techo bajo el que cobijarse en los asentamientos cercanos de Atochares o El Barranquete, más próximos a los invernaderos. Se cumplió así, la orden judicial de desalojo pedida por el Ayuntamiento de Níjar.

Unas decenas de personas aceptaron finalmente subirse a los autobuses municipales para ser trasladados al albergue temporal, donde además del personal de los Servicios Sociales, aguardaban integrantes de Médicos del Mundo, Cruz Roja y CEPAIM para atender, en lo posible, sus necesidades.

La gestión del centro de emergencia está en manos del propio ayuntamiento que ha contratado a una educadora social, una trabajadora social y una mediadora, a las que se suman personas de las ONG citadas y las religiosas mercedarias y Almería Acoge que venían prestando su apoyo a personas migrantes de El Walili

En las primeras horas de apertura del dispositivo cerca de unas 50 personas migrantes (todos hombres, las únicas cuatro mujeres que accedieron a la propuesta municipal han sido derivadas a hostales) han utilizado los módulos para familias y las literas desplegadas en una nave industria, donde pondrían, según la información municipal, alojarse unas 200 personas, siempre de forma temporal.

Las asociaciones humanitarias estiman que no aguantarán mucho tiempo en el albergue temporal, dada la lejanía de las áreas a las que acuden en busca de trabajo o la falta de servicios como lavandería o duchas.

El Ayuntamiento prevé terminar las 62 viviendas que se están construyendo también en Los Grillos, para ofrecer, igualmente con limitación de tiempo, “soluciones habitacionales transitorias” para unas 120 personas, gracias a 1,6 millones de euros de fondos europeos, aportados a través de la Junta y el Gobierno.

La alcaldesa de Níjar, Esperanza Pérez Felices, ha felicitado a “todos aquellos que durante meses han trabajado para llegar a este momento en el que, por primera vez en 20 años, se les da a esos moradores una verdadera ruta de convivencia en condiciones dignas”. Igualmente ha destacado que el realojo se produjera “en paz”, pese a la presencia de manifestantes opuestos al mismo. La regidora defiende que la actuación del consistorio supone “la mayor muestra de compromiso con la defensa de los derechos humanos que hemos visto en Almería en muchos, muchísimos años”.

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Estimaciones oficiales de 2017 calcularon el número de personas que vivían en asentamientos chabolistas en la comarca en cerca de 3.100, aunque dado el auge de los invernaderos, que emplean mano de obra de forma más estable que en otras zonas agrícolas la cifra podría haberse duplicado desde entonces.

Falta de viviendas dignas

El pasado viernes, integrantes de Almería Acoge, Hermanas Mercedarias, Médicos del Mundo y CEPAIM, se reunieron con la alcaldesa, en un último intento por paralizar el desalojo. A la salida, criticaron la decisión de continuar con el derribo, además de reafirmarse en que “el procedimiento final debería haberse realizado asegurando una mayor coordinación y comunicación con las entidades sociales”. Lamentaban que la decisión municipal se hubiera “precipitado” sin haber podido terminar de concretar los detalles del realojo.

Pese a reconocer que la administración local había invertido “esfuerzos, recursos y dedicación sincera”, no tuvieron más remedio que afirmar que “la forma de gestionar esta compleja realidad necesita mejorar”, al tiempo que mantenían su ofrecimiento para colaborar en la puesta en práctica de medidas conducentes a garantizar viviendas dignas a las personas migrantes de la zona.

El Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) de Almería ha insistido en que con este derribo “lo que se pretende es que se dispersen por la zona en nuevos asentamientos menos visibles. Ya hay más de 60 en toda la comarca. Cada vez en peores condiciones”.

La Plataforma por el Derecho a Techo, compuesta por APDHA y el propio SAT entre otros, ya se había reunido el pasado 12 de enero con la alcaldesa. Sin embargo, tras el desalojo, la plataforma ha acusado a la regidora de haber incumplido los compromisos adquiridos, además de reclamar la creación de “una mesa de diálogo en la que estén presentes Ayuntamiento, subdelegación del Gobierno y la Junta para buscar una solución estable”.

El secretariado de Migraciones de la diócesis de Almería se había manifestado en días pasados a favor de “la erradicación total del chabolismo y de otras formas de infravivienda”, pero dejando claro que “cualquier desalojo deber ir asociado a un realojo digno y razonable. De lo contrario, se estarían violando derechos fundamentales de las personas”.

También había solicitado “la paralización del desalojo del día 30 de enero, puesto que no se dan las condiciones mínimas para llevarlo a cabo” y apostaba por un proceso de diálogo y mediación entre las partes enfrentadas.

“Insistimos en la necesidad de claridad en un proceso informado, con deliberación pública y participación de todas las personas interesadas, buscando siempre el bien común y el respeto de los derechos humanos”, se podía leer en su nota.

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