La Economía Social y Solidaria presenta su balance social
Las entidades de la Economía Social y Solidaria han presentado el balance de su impacto social para medir el cumplimiento de los principios y objetivos de este modelo alternativo de empresa.
Con esta auditoría social, la economía social refuerza su compromiso, “enseñando el corazón, mostrando lo que somos con transparencia, orgullosas de los avances y decididas a seguir trabajando para dejar un mundo mejor al que nos hemos encontrado”, en palabras de Sandra Salsón, consejera de REAS Red de redes,
El Informe La Economía Social y Solidaria en el Estado. Proceso de Auditoría Social 2022 recoge los datos de 631 entidades, el 73% de las cuales están asociadas y vinculadas a las distintas redes territoriales y sectoriales de REAS Red de redes (cooperativas, empresas de inserción, asociaciones, etc.), y el 28% restante son entidades del mercado social.
Las entidades de la red tuvieron unos ingresos totales de 1.138 millones de euros en 2021, dando empleo directo a más de 26.000 mil personas y reuniendo a 47.000 personas voluntarias. A finales del año 2021 eran 985 las entidades asociadas a las redes de REAS RdR en todo el estado, dedicadas a múltiples actividades económicas, dentro de las redes territoriales o sectoriales.
La forma jurídica más habitual en esta muestra es la de cooperativa de trabajo asociado (30%), seguida de asociaciones (26%), sociedades de responsabilidad limitada (9%), fundaciones (8%), cooperativas de servicios (5%), autónomos (5%), o cooperativas de consumidores y usuarios (5%), sociedad limitada laboral (2%),o mixtas (2%), incluyendo el restante número de casos, entre otras, a asociaciones y cooperativas de segundo grado, mutualidades, trabajadores autónomos agrupados bajo una misma marca, etc.
Cabe señalar gran parte de las entidades de la muestra, pertenecientes a la Economía Social y Solidaria nace con la vocación de promover la inclusión sociolaboral de determinados colectivos, adoptando muchas formas asociativas, o societarias integradas dentro de la denominada Economía Social, como serían las sociedades cooperativas, las sociedades laborales, o las empresas de inserción, con gran presencia dentro de REAS RdR, y que con independencia de la forma que adoptan, promueven un modelo económico y de creación de empleo más sostenible.
El sector de actividad más frecuente al que se dedican las entidades es la educación e investigación (20%), seguido de la salud y los cuidados (13%), la alimentación (10%), el asesoramiento (10%),vla vivienda y gestión del entorno (9%), la cultura y ocio (8%), la comunicación (7%), y espacios y redes (5,6%) siendo muy diversos los ámbitos en los que el resto de entidades de la muestra desarrollan su actividad: como el textil, la tecnología y electrónica, la restauración y hostelería, la financiación y monedas sociales, los suministros, o la producción y venta de otros productos manufacturados.
Empleo y activismo económico
Las entidades que realizaron la auditoría social siguiendo la metodología acordada por REAS RdR, daban empleo en el año 2021 a prácticamente 18.000 personas, siendo relevante que un 63% de trabajadoras eran mujeres y un 17% corresponde a personas trabajadoras con la condición de socias de la entidad.
El total de personas vinculadas a esas organizaciones asciende a 246.000 personas asociadas –no trabajadoras–, 32.000 voluntarias, 6.000 participantes como representantes y más de 400 como patronas. Sumando las personas vinculadas a las entidades –no trabajadoras– a las trabajadoras –socias o no–, se alcanza una cifra total que supera las 300.000 personas relacionadas con las 631 entidades que respondieron a las preguntas de la Auditoría Social que hace referencia al año 2021.
El tamaño de las organizaciones que han presentado su balance social, de media, fue de 482 personas implicadas y 29 personas trabajadoras. Sin embargo, el perfil más representativo de las entidades es el de una organización con 23 personas implicadas y 6 trabajadoras, con unos ingresos medios de cerca de 1,16 millones de euros.
Más allá de las cifras de negocio o volumen de empleo, estas entidades están comprometidas con principios sociales y medio ambientales que guían su actividad económica, por lo que a la rendición de cuentas añaden el cumplimiento de los objetivos sociales marcados.
Así, la diferencia salarial es de 1/1,75 entre el salario más alto y más bajo de entre todas las personas trabajadoras; un 65% de mujeres en puestos de responsabilidad y un 97% de entidades utilizan un lenguaje no sexista.
En cuanto al equilibrio entre la actividad económica y la vida personal, el 75% mejora los permisos legales de conciliación, un 82% genera espacios de atención emocional y cuidado a las personas trabajadoras y el 72% poseen un reglamento interno de gestión de relaciones laborales.
El respeto al entorno se refleja en el hecho de que el 97% aplica criterios de consumo responsable en la adquisición de productos, el 61% son entidades con gestión ambiental y el 60% usan energía 100% renovable.
El 68% operan con finanzas éticas y un 11,2% realizan sus compras dentro de la Economía Solidaria, siguiendo el principio de cooperación.
En el apartado de reparto de la riqueza, hay que tener en cuenta que el 60% de los ingresos procede de facturación frente a un 32% que proviene de subvenciones. Respecto al reparto de beneficios, el 66% se destina a reservas, compensación de pérdidas o inversiones propias, 12% a iniciativas para la construcción de bienes comunes y un 3% a inversiones de entidades financieras de la Economía Social y Solidaria.
Redactor jefe de Noticias Obreras
