El malestar de la sanidad se extiende por las comunidades y llega al sistema privado
Tanto la sanidad pública como la sanidad privada viven días de efervescencia, por las malas condiciones de los profesionales y la presión en la atención a sus pacientes. El auge económico de las aseguradoras y grupos privados sanitarios, en parte, gracias a las transferencias públicas, tampoco llega a sus trabajadores.
Solo en Madrid, a la cabeza de la privatización sanitaria, hay cerca de 70.000 personas empleadas por la sanidad privada con sueldos un 50% más bajos que en el sistema público. La patronal lleva un año bloqueando la negociación del convenio colectivo que puede mejorar las condiciones de su personal.
El colapso de la sanidad pública ha engordado las arcas de las empresas sanitarias privadas a costa del sacrificio, la sobrecarga de trabajo y los rácanos salarios de los y las profesionales de la sanidad privada. Se calcula que la sanidad privada alcanzó en 2021 los 11,5 millones de asegurados, una cifras récord, en toda España.
El responsable de Sanidad Privada en CCOO de Madrid, Samuel Mosquera, asegura que “la codicia de la patronal de las empresas sanitarias está esclavizando a trabajadores y trabajadoras de un valor profesional incalculable, cuyos salarios y condiciones laborales en general tienen más que ver con trabajos no cualificados, a pesar de los riesgos y lo sensible de su trabajo: trabajan para la salud de las personas y salvan vidas. Mientras las cuentas de resultados de estas empresas sanitarias crecen sustancialmente”.
La Comunidad de Madrid paga 80 millones por derivar pacientes de la sanidad pública a la privada y en 2021 había incrementado esta transferencia de fondos en un 30% con respecto a 2020. Además de cobrar menos que en la pública, las ratios profesional/paciente son un tercio menos en hospitalización, y la mitad de personal en UCI.
En Madrid, más del 60% de los hospitales privados tienen conciertos con la sanidad pública, y el Gobierno del PP ha privatizado la gestión de cuatro hospitales públicos (Rey Juan Carlos de Móstoles, Infanta Elena de Valdemoro, Hospital de Villalba y Hospital de Torrejón de Ardoz) y semiprivatizado los servicios no sanitarios de otros seis hospitales.
La región está a la cabeza del seguro médico privado en España, cuatro de cada 10 ciudadanos tienen contratado uno. Los grandes grupos de sanidad privada se expanden construyendo o adquiriendo nuevos hospitales, y compran equipos médicos que suponen inversiones millonarias. Los cuatro grupos empresariales más pujantes (Quirón, Vithas, HLA y HM Hospitales) facturaron en 2021 cerca de 6.000 millones de euros, un 54% más que en 2016.
La profesión médica en general se queja del maltrato que sufren por parte de las aseguradoras y grandes grupos de la sanidad privada. En la última Convención de la Profesión Médica se ha presentado un informe en el que se denuncian que los profesionales llevan más de 30 años con los mismos emolumentos. Por su parte, la asociación de médicos de ejercicio libre (Unipromel), que agrupa a 5.000 profesionales, propone un aumento del 150%, para actualizar el coste de la vida a las tasas que están cobran por prestar sus servicios.
Sin embargo, cinco aseguradoras controlan la atención sanitaria privada a través de sus pólizas, por lo que ofrecen retribuciones bajas aprovechándose de su posición dominante en el mercado, sobre todo a médicos jóvenes o sin prestigio suficiente para atraer clientes. Más de diez sociedades médico-científicas llegaron a firmar un documento en el que hablaban de posición “dominante” de las aseguradoras, que se llevan “pingües beneficios”. También el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) habla de “indicios de posición de abuso y de dominio”.
Mientras la patronal de la sanidad privada de Madrid se niega a negociar mejoras, sigue la huelga de médicos y pediatras de Atención Primaria que han pasado a concentrarse frente a la Consejería de Hacienda, a la que responsabilizan de bloquear el presupuesto necesario para mejorar las condiciones de los profesionales.
Las movilizaciones se extienden a otras comunidades
El pasado 26 de noviembre, miles de personas se movilizaron en Andalucía, concretamente en Sevilla, Cádiz, Algeciras y Granada, en defensa de la sanidad pública, universal y de calidad, y contra las privatizaciones, del mismo modo que Madrid vivió el día 13 de noviembre su particular jornada reivindicativa por la atención sanitaria pública.
La situación de la sanidad también anda alborotada en Cataluña. El sindicato Metges de Catalunya ha anunciado una huelga para los próximos días 25 y 26 de enero en protesta por la situación de la sanidad pública catalana. Unos 25.000 trabajadores del Instituto Catalán de la Salud (ICS) y del Siscat (el sistema concertado) están llamados a unirse a las movilizaciones, según los cálculos sindicales. También la Mesa sindical de la sanidad (SATSE, CATAC-CTS/IAC, CGT Alt Camp i Conca de Barbera, SAE, FTC-IAC, USOC, FAPIC, Coordinadora Obrera Sindical (COS) e Infermeres de Catalunya) ha pedido no hacer horas extras ni doblar turnos entre el 1 y el 7 de cada mes.
En Castilla-La Mancha, Marea Blanca y el Colectivo de Personal Estatutario de Atención Continuada del SESCAM (PEAC) ha denunciado en las redes sociales el “desastre” en Atención Primaria y han anticipado movilizaciones para el próximo 15 de diciembre.
Redactor jefe de Noticias Obreras
