La Semana de Acción por la Vivienda comienza denunciando el maltrato a los inquilinos de la SAREB

Con una acción simbólica, la entrega de “carnés de pobres”, en la sede de la SAREB, la entidad que gestiona los activos inmobiliarios rescatados de los balances negativos de las entidades financieras, ha comenzado la Semana de Acción por el Derecho a la Vivienda.

Las organizaciones agrupadas en la Iniciativa Ley Vivienda han organizado desde hoy hasta el 3 de octubre una serie de acciones para presionar al Ministerio de Transportes a aceptar las enmiendas planteadas por las entidades sociales a la ley actualmente bloqueada en comisión parlamentaria.

A las puertas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que controla la mayoría del accionariado de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), han desplegado un enorme carné de pobre frente a la que se ha formado una cola con decenas de personas afectadas por las órdenes de desalojo cursadas por la inmobiliaria pública.

Miki Carrera, de Nadie sin hogar, integrante de la iniciativa Ley Vivienda, ha advertido de que SAREB está incumpliendo su compromiso social al tiempo que vendiendo por debajo del precio de mercado los activos inmobiliarios a los conocidos como fondos buitres.

Los defensores del derecho a la vivienda reivindican que la futura ley sirva para que “todas las propiedades del banco malo, sean viviendas o solares, pasen a ser parte del futuro parque público de vivienda”.

Con el gesto en el FROB, han querido poner de manifiesto el maltrato a que están siendo sometidas las personas inquilinas de pisos y edificios controlados por el conocido como “banco malo”, cuyos activos ahora están siendo comercializado por los fondos de inversión Blackstone y KKR, a través de sus inmobiliarias Anticipa-Aliseda e Hipoges.

Las organizaciones y entidades sociales denuncian los requisitos impuestos por Sareb para subrogar a los inquilinos que están pendientes de renovar subrogar o renovar sus contratos, antes de cursar la denuncia para su desalojo.  Una de sus portavoces, Lucía Casado ha criticado la opacidad con que lleva a cabo “el trabajo de criba con el que pretenden blanquear los desalojos y marear a las vecinas, mientras cobran de una empresa con mayoría de capital público”.

Las personas afectadas por la gestión inmobiliario del banco malo se han organizado como Plan SAREB para dar a conocer su situación y reclamar soluciones habitacionales justas. Por ahora, aseguran, resulta muy difícil conseguir contratos de alquiler justos y en caso de lograr un precio asequible, las cláusulas son abusivas.

Proyecto de ley enmendado por las organizaciones sociales

Desde la iniciativa a favor de una verdadera ley de Vivienda que ponga las necesidades de las personas por delante del mercado se han encargado de recalcar que “el proyecto de Ley del Ministerio trasluce las presiones de los poderes financieros y grandes tenedores del mercado inmobiliario”.

Según explica Carrera, el ministerio que controla Raquel Sánchez (PSOE), “no está dispuesto a realizar ninguna modificación del proyecto de ley. Tal y como está, no garantiza la protección del derecho, no vincula a la administración ni a ningún poder del Estado que pueda velar por su cumplimiento dejando a las personas en la más absoluta indefensión”.

Entre “las graves lagunas y carencias en el Proyecto de Ley”, además de no contemplar mecanismos realmente eficaces para controlar el precio de los alquileres, figura, a juico de la iniciativa, la consagración de los desahucios automáticos.

“Ahora la paralización o no de los desahucios dependen de los jueces que, por lo general, suelen resolver a favor de la propiedad, pero la futura ley a través de su disposición final quinta prevé que si en dos meses la administración no facilita una alternativa habitacional, se continúe con el procedimiento”, explica Carrera.

“Con listas de espera de miles de personas y ante la falta de un parque público de viviendas no es difícil de imaginar que finalmente se deje a las personas en la calle”, concluye Carrera, quien explica que las organizaciones que defienden el derecho a la vivienda piden también que se garantice por ley los suministros básicos, como la luz y el agua corriente, a las familias más vulnerables.

Mañana está previsto que los integrantes de la iniciativa por la ley de Vivienda se reúnan con los nueve grupos parlamentarios que apoyan sus reivindicaciones en el Congreso, para previsiblemente comunicarles que si no se mejora el proyecto de ley sería preferible que no salga adelante.

De momento, no hay fecha para que la comisión parlamentaria de Vivienda y Transporte atienda las enmiendas presentadas, paso previo para poder elevar al pleno del Congreso la tramitación de la ley. 

La semana de acción con la que se quiere visibilizar la la contestación social ante el bloqueo del Grupo Socialista continúa el jueves con la proyección de la película En los márgenes, en el auditorio de CCOO de Madrid para el miércoles.

Jose Luis Palacios

Redactor jefe de Noticias Obreras