Aprobado el paquete de medidas urgentes de ahorro energético

El plan ha sido consensuado entre los ministerios implicados, liderados por el de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y “con el sector privado y los grupos parlamentarios”, para cumplir con el mandato europeo de reducir el consumo de gas en un 7%.

El decretó tendrá que ser convalidado por el Congreso de los Diputados en un máximo de 30 días y a buen seguro será completado con más medias que habrá que aplicar hasta noviembre de 2023, según la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Los nuevos requisitos se enmarcarán en el reglamento de instalaciones térmicas de edificación y el código de alumbrado, cuya vigilancia corresponde a las comunidades autónomas, que establecerán el régimen sancionador.

Este paquete de medidas fue anunciado durante el debate del Estado de la Nación y a él se refirió el presidente del Gobierno, el pasado viernes, en la rueda de prensa sobre el balance del curso político.

La temperatura del aire acondicionado no deberá ser inferior a los 27 grados y el de la calefacción no podrá superar los 19 grados en espacios públicos, como ya se hace en la Administración y otros organismos estatales.

Igualmente, los escaparates de las tiendas y las luces de los edificios públicos desocupados se apagarán las 22.00 hora. También los edificios con calderas e instalaciones térmicas con un consumo deberán ser sometidos a dos inspecciones de eficiencia energética en los dos últimos años.

Estas medidas se aplicarán teniendo en cuenta “flexibilidades relevantes”, con el objetivo de garantizar “los derechos de los trabajadores, la seguridad laboral y las condiciones térmicas” de ciertos sitios públicos “siempre que quede justificado”, según Teresa Ribera.

Teletrabajo e infraestructuras eléctricas

En cuanto a las recomendaciones, el Gobierno insiste en fomentar el teletrabajo en administraciones públicas y empresas con el fin de reducir los desplazamientos y el consumo térmico de las oficinas.

Además, el plan de ahorro energético fomentará la sustitución de los combustibles fósiles por renovables, disminuyendo los requisitos para las infraestructuras de transporte y de las consideradas singulares, como las interconexiones entre las islas y la Red Eléctrica de España, así como reduciendo los plazos para las instalaciones de autoconsumo y abriendo un nuevo procedimiento para las infraestructuras de biogás, biometano o hidrógeno.

El Ministerio de Transición prevé que estas medidas cuente con “350 millones de euros en ayudas para incrementar la eficiencia de distintos sectores de la economía y potenciar el almacenamiento en las instalaciones de renovables”.

Para ayudas a las empresas en el cumplimiento de estas medidas, el Gobierno sacará consulta pública una nueva línea de ayudas para el sector terciario, con 100 millones de euros para la rehabilitación energética en edificios existentes del sector terciario (PREE terciario), que estará vigente hasta diciembre de 2024. También se destinarán otros 100 millones de euros para el Programa de eficiencia energética en la industria.

La vicepresidencia tercera ha destacado que las medidas aprobadas “se orientan a reducir el consumo rápidamente” y destacan que “los cambios de comportamiento pueden reducir la demanda de gas y petróleo un 5% a corto plazo”.

“Ahorrar energía es una tarea de todos y es prioritario”, dijo el presidente del Gobierno, que relacionó la contención del consumo energético con la reducción de “la dependencia del agresor, Putin” y con la necesidad de “doblegar la curva de la inflación”.

Impulso al transportes público

El Ejecutivo también ha aprobado un nuevo paquete de ayudas para el sector del transporte, que, entre otras cosas, prevé la puesta en marcha de una ley para garantizar la rentabilidad de los transportistas con el fin de evitar que el precio del servicio sea menor que el precio de costes y obligando a que los contratos se recojan por escrito. También se ha establecido la gratuidad y reducción de los trenes de servicio público de Cercanías, Rodalies y Media Distancia, desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre.

Para el sector Estatal de Carretera y Logística de CCOO esta medida, si no se incluye el transporte público por carretera puede “un tratamiento diferenciado” a las personas habitantes de la España Vaciada que no cuentan con ferrocarril y un perjuicio “para las personas trabajadoras del transporte público de personas por carretera” que considera como un subsector también público de empresas concesionarias, vertebrador de este país, “ya que se desplazarán las demandas en todos los corredores coincidentes con el ferrocarril, demandas que serán difíciles de recuperar”.

Desde CGT se apunta que de no reforzarse la red pública de ferrocarril adecuadamente, lo que parece “una buena noticia” podría dar lugar a “un mal servicio gratuito con el riesgo de que se cree una demanda inducida e innecesaria que colapse el servicio sin mejorar el resultado de la disminución de los vehículos en las carreteras”.

Jose Luis Palacios

Redactor jefe de Noticias Obreras