El Gobierno plantea un pacto de rentas a tres años, sin avanzar “ni una sola propuesta”

El Gobierno plantea un pacto de rentas a tres años, sin avanzar “ni una sola propuesta”
El Gobierno ha planteado este miércoles a patronal y sindicatos un pacto de rentas hasta 2025 que pase por una “moderación” de rentas salariales y empresariales para hacer frente a la escalada inflacionista, sin avanzar “ni una sola propuesta” de cómo podría canalizarse, según manifiestan los sindicatos

“Desde el Gobierno pensamos que un acuerdo a tres años vista, hasta 2025, de moderación de las rentas empresariales y salariales es la contribución que necesita la economía española del diálogo social”, ha expresado la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, tras la reunión del Gobierno con CEOE-Cepyme, CCOO y UGT para recuperar la necesidad de un pacto de rentas ante un escenario “complejo” de cara a los próximos trimestres debido a que la escalada inflacionista está siendo más persistente y elevada de lo esperado.

La vicepresidenta ha remarcado que “es esencial” que los márgenes empresariales no se amplíen y que los salarios crezcan de manera moderada para evitar la persistencia de la inflación –situada en el 10,2%– y sostener la evolución “muy positiva” de la actividad económica y el empleo. En este sentido, Calviño aboga por que la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) pueda ser parte de este pacto de rentas.

Sin embargo, la inflación está fuertemente impulsada por el aumento de los márgenes de beneficios, mientras que los salarios soportan fuertes pérdidas de poder adquisitivo y solo se han incrementado un 1,33%, según fuentes sindicales. Los salarios por realizar el mismo trabajo acumulan una pérdida de poder adquisitivo desde 2008 del 6,4%, una vez descontada la inflación, según el Índice de Precios del Trabajo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), por lo que se acentúa la devaluación salarial en España.

Críticas sindicales al Gobierno

Al finalizar la reunión de más de dos horas, los sindicatos CCOO y UGT han criticado que el Gobierno “no ha llevado ni avanzado ni una sola propuesta” de cómo podría canalizarse el pacto de rentas. Las posiciones entre las partes es sideral, especialmente entre Gobierno y sindicatos. La patronal ni tan siquiera ha expresado su valoración de este encuentro.

Ambas organizaciones sindicales consideran que un pacto de rentas no es una contención de salarios exclusivamente, sino que debe abordar la fiscalidad de las empresas y el control de los beneficios empresariales, entre otras cuestiones. En este sentido, la secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, y el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Mariano Hoya, ha asegurado la voluntad sindical de reabrir además la negociación bipartita para un Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).

Los sindicatos tienen clara la urgencia y las líneas maestras que deberían contener posible pacto de rentas “plural y equilibrado que reparta los costes de la inflación entre todas las rentas de la economía, no solo las del trabajo que ya la están sufriendo”. Los cuatro elementos principales serían:

  1. Pacto energético que contenga las causas de la inflación arreglando las ineficiencias del sector eléctrico, limitando los precios máximos, protegiendo a los hogares vulnerables y acelerando la transición verde.
  2. Pacto de negociación colectiva, en la primera distribución de la renta, que detenga el efecto de segunda ronda sobre los precios que ya están provocando los márgenes de beneficios empresariales y que preserve el poder de compra de los salarios y evitar el hundimiento de la demanda.
  3. Pacto fiscal que concrete el esfuerzo colectivo que hay que hacer para sostener a los más vulnerables o a quienes no se pueden defender de la inflación –como las personas jubiladas– y contribuya a cerrar la enorme brecha en contribución fiscal.
  4. Pacto sobre las rentas del alquiler que tope el incremento de las rentas de alquiler de viviendas y locales donde desarrollan su actividad las PYME, y que ponga las bases para ajustar los alquileres a los salarios e ingresos de la población trabajadora.