Las vidas migrantes importan: Justicia ante la masacre de Melilla y ¡regularización ya!
La masacre del 24 de junio ha puesto en evidencia que la falta de voluntad política por parte del Partido Socialista Obrero Español con respecto a la #ILPRegularizacion no es solo resultado del temor electoral hacia la derecha/ultraderecha, sino un auténtico rechazo a su obligación de respetar, proteger y promover los derechos de las personas migrantes, cuya causa principal es que no se nos reconoce como personas. Así de crudo es su racismo.
El avance de la #ILP ante las políticas de muerte
Más de 270 mil personas mayores de 18 años con DNI español ya firmaron para demandar que más de 500 mil personas en situación irregular puedan acceder a una regularización amplia, por una cuestión de justicia social (puedes firmar aquí con certificado digital). Aún así, el Gobierno rechaza esta posibilidad, presentando una propuesta de modificación del Reglamento de Extranjería cuyo objetivo no es velar por los derechos de las personas extranjeras sino responder a los “desajustes del mercado laboral”, como si las personas migrantes fuésemos objetos.
Ese mismo Gobierno ha calificado la masacre como “buena actuación”. Pudimos ver a las “fuerzas de seguridad” españolas y marroquíes disparando y tirando piedras a personas desarmadas, devoluciones en frontera –desaconsejadas por el relator de la ONU para los derechos de las personas migrantes–, violencia física hacia personas que no suponían ningún riesgo para los agentes del Estado, apilamiento de cadáveres, entre otras prácticas incompatibles con cualquier sentido de humanidad, ampliamente cuestionables desde un punto de vista legal y de derechos.
Así, el jefe del autodenominado Gobierno más progresista de la historia, que se ha mostrado tan implicado en responder a demandas militares, materiales y de acogida ante la guerra en Ucrania, defiende un tratamiento inhumano y desproporcionado para quienes se juegan la vida intentando llegar a la Europa Fortaleza, que no brinda mínimas condiciones para que esta llegada se pueda producir con dignidad y en un marco de derechos, como también señaló en 2021 el relator de la ONU.
No somos bienes de mercado, somos personas con derechos
Desde #RegularizacionYa hemos expresado constantemente la necesidad de derogar la LOEX porque es una norma que no responde a los derechos de las personas migrantes, es ineficaz para gestionar la migración y genera irregularidad. El resultado es que más de 500.000 personas, una de cada tres menores de edad, se mantienen invisibles al Estado. Esta ley, sumada a la ley mordaza, se convierte en una trampa mortal para nuestras y nuestros hermanos africanos.
Recientemente se ha anunciado el Real Decreto por el cual se modificará el Reglamento de la Ley de Extranjería. La propuesta ofrecida a la ciudadanía a través de la consulta pública de emergencia, parte de un paradigma utilitarista y economicista, como ilustra Edith Espinola, portavoz de #RegularizacionYa y tesorera de la asociación de trabajadoras de hogar y cuidados, SEDOAC: “Somos bienvenidas para convertirnos en esclavas o mano de obra barata. Un claro ejemplo es mi sector, donde las trabajadoras en el régimen de interna somos acomodadas al horario que nos impongan en la casa donde trabajamos, 24 horas, 7 días a la semana, vulnerando los derechos laborales mínimos que se cumplen en otros sectores. Nos llaman esenciales, pero esenciales para mantener sus privilegios”.
No se conoce una aproximación del alcance real de esta modificación ¿Cuántas de las 500 mil personas podrían acceder a este permiso de residencia, que no de trabajo? Hay que considerar que para beneficiarse de esta modificación las personas migrantes tendrían que estar al menos 2 años residiendo en España, además de realizar una formación acorde con las necesidades del mercado.
Esta propuesta tampoco es eficiente para mejorar la economía. Por un lado, ignora la precariedad económica de las personas en situación irregular que ya se encuentran en el Estado y por otro limita su aportación a la economía formal, situándonos en los sectores más bajos del orden socioeconómico.
La propuesta también abarca la contratación en origen, sin embargo esto no avala que cuenten con garantía para sus derechos. El informe Alimentos industriales trabajo precario de Amigos de la Tierra de este año, señala que “la contratación en origen no está exenta de problemas, pues el sistema para garantizar la docilidad de trabajadores y trabajadoras actúa como elemento disciplinante, vinculando la permanencia en el puesto de trabajo a un rendimiento muchas veces asfixiante. Quienes vienen bajo esta modalidad muchas veces no cobran las horas extra o ven reducido su salario, al detraer una parte por acceder a ciertos ‘servicios’ provistos por los empresarios, como son la disposición de un alojamiento o el transporte a la ciudad para comprar víveres”.
En la misma línea apunta el informe de Frontera Sur, elaborado por APDHA, donde se denuncia que: “tras más de dos décadas de contratación en origen, sobre todo de mujeres marroquíes en Huelva, este es un modelo discriminatorio por los criterios de selección que utiliza y vulnera los derechos de las trabajadoras y coarta su libertad”.
Autoorganización migrante, con voz propia, para vivir con dignidad y derechos
El movimiento estatal Regularización Ya surge en el contexto de pandemia como respuesta política autoorganizada de colectivos migrantes y antirracistas resultado de nuestra conciencia colectiva sobre la negación de derechos y el abandono por parte del Estado español a las personas migrantes, en especial a las que se encuentran en situación irregular. Nos constituimos desde la convicción de que la regularización es un proceso de defensa de los derechos y de justicia social. Dos años después, seguimos trabajando en perseguir este objetivo formando parte también de la plataforma Esenciales que está constituida por distintas entidades que suman sus esfuerzos para que una regularización amplia sea posible.
Actuar nosotras mismas y en red por nuestros derechos, como sujetos políticos activos que no solo demandamos sino que proponemos. En esa línea se ha construido nuestro movimiento y en ese camino se reafirma. Consideramos que el acceso a derechos de todas confirma también nuestra apuesta por una sociedad más justa, igualitaria y democrática. No podemos pensar un proyecto de país feminista, ecologista, de justicia social o de derechos sin tener en cuenta a las personas migrantes en situación administrativa irregular.
Independientemente del avance de la propuesta de modificación del Reglamento de Extranjería, seguimos valorando urgente una regularización en los términos más amplios posibles, como se viene impulsando desde la #ILPRegularizacion. Por eso mantenemos nuestro llamado a las alianzas activas y a la movilización constante para alcanzar las 500 mil firmas. Más que nunca, además, señalando las políticas de muerte de este sistema colonial, exigiendo el esclarecimiento de los hechos de Melilla, así como los de Tarajal y los que produjeron la muerte de tantas otras personas migrantes, especialmente hermanas y hermanos africanos.
Movimiento estatal Regularización Ya!
