El ingreso mínimo vital sigue sin llegar a todas las personas y familias que lo necesitan
“El ingreso mínimo vital ha fracasado como herramienta eficaz para erradicar la pobreza y ha fracasado en dos aspectos fundamentales: por un lado, en el legislativo y por otro, en el día a día”, ha denunciado Roberto Borda, coordinador de la asociación Apoyo e integrante de RMI tu derecho.
Para la Asociación de Directoras y Gerentes Sociales, “el Gobierno llega a duras penas a la mitad del objetivo que se planteó de que en unos meses llegaría el IMV a las 800.000 familias que malviven en la pobreza extrema en nuestro país”.
La nueva prestación ha llegado a casi un millón de personas, menos de la mitad de las que se habían anunciado inicialmente (unos 2,3 millones de personas, 850.000 hogares), de modo que solo una de cada siete familias pobres ha podido acceder al ingreso mínimo vital.
Solo una de cada cuatro consigue llegar hasta el final. Las denegaciones y archivos sin explicación y suspensiones no informadas están a la orden del día. Mientras “las colas del hambre deberían avergonzar a los gobernantes y en lugar de ser noticia, tendrían que ser la denuncia continua de la impericia del Gobierno en la gestión de la ‘vacuna contra la pobreza’ , que es el ingreso mínimo vital”, denuncia la asociación de Asociación de directoras y gerentes sociales.
Únicamente el 13,35% de la población bajo el umbral de la pobreza en España se ha beneficiado del ingreso mínimo vital, 1.176.187 personas, de los cuales 506.552 son menores. Además, 213.219 hogares reciben el complemento de ayuda a la infancia. El IMV llega a 461.788 hogares cuando se han tramitado casi 1,9 millones de solicitudes.
La situación, en cambio, varía mucho de una comunidad autónoma a otra. En Baleares no pasa de llegar al 7,23% de la población bajo el umbral de la pobreza y en Cataluña, alcanza al 7,83% mientras que Navarra y Ceuta se sitúan en torno al 28% y Melilla roza el 26%.
Según señala esta asociación, “el ritmo de incorporación de beneficiarios se ha ralentizado respecto al anterior trimestre”. Se ha pasado de una media de unos 80.000 perceptores nuevos cada mes en el primer trimestre de 2022, a tener unos 37.000 entre marzo y junio de 2022.
La población en riesgo de pobreza que sigue viendo como 3 de cada 4 solicitudes son denegadas
Solo se conceden el 24,30% de las solicitudes tramitadas. Las trabas burocráticas pueden estar generando un gran volumen de trabajo administrativo, con pocos resultados para la población en riesgo de pobreza que sigue viendo como 3 de cada 4 solicitudes son denegadas.
En un comunicado, las entidades que asesoran y acompañan a las personas solicitantes de ingreso mínimo vital exponían varios casos de personas en situación de pobreza, a las que invariablemente denominan “Antonia García”.
Uno de estos ejemplos hace referencia a una paciente de cáncer que perdió la ayuda, y con ella el acceso gratuito a medicamentos asociado a la prestación, al emanciparse parte de su unidad familiar. De octubre de 2021 a abril de 2022, quedó sin tratamiento. Tuvo que recurrir ante la justicia para reanudar el ingreso y el acceso a la costosa medicación, pero la Seguridad Social no está conforme con el fallo y ha planteado un nuevo recurso.
Otro caso paradigmático lo conforman una pareja que lleva 40 años juntos, a las que se denegó el ingreso mínimo por no estar casados oficialmente, aunque para los servicios sociales, en cambio, forman una unidad que impide a uno de sus integrantes hacer una solicitud individual. De hecho, se quedó sin la renta mínima autonómica por no haber completado la presentación del ingreso mínimo vital y no aportar el certificado de convivencia que su trabajadora social le niega. La familia tiene que sobrevivir con la mitad de ingresos que tenían, la pensión no contributiva de una de las personas que forman la pareja.
“Solo me queda ir al juzgado y esperar. Esperar siendo más pobre que hace 730 días”
“Me bajaron 300 euros la cuantía del IMV para todo 2021 y me piden que devuelva 3300 euros de los once meses anteriores. Pero esos 3.300 euros son la renta mínima de inserción que cobré en 2020 y que por ley no se puede descontar del IMV. Reclamé, pero dicen que es cosa de Hacienda. Fui a Hacienda, rectifiqué mi Declaración de la Renta. La envié por la Sede Digital de la Seguridad Social. A pesar de ello, no me han dado la razón, dicen que nunca llegó el envío de la Declaración Rectificada. Ya solo me queda ir al juzgado y esperar. Esperar siendo más pobre que hace 730 días”, se puede leer en este comunicado.
Estos testimonios muestran “una espiral de violencia administrativa que nos pierde cada día más y más en el laberinto entre las tres Administraciones del Estado, para alcanzar un derecho básico”, de ahí que estas entidades reclamen al ministro de Seguridad Social que se reúna con las personas afectadas, para que “le podemos explicar, ya que somos las víctimas de esta mala política, como transformarla para que cumpla su objetivo: erradicar la pobreza, y deje de ser lo que hoy es, generadora de nuevas pobrezas”.
La aprobación de la ley de 16 de diciembre de 2021, casi 20 meses más tarde de la aprobación del decreto que instaura el ingreso mínimo no tuvo en cuenta las quejas y aportaciones de las asociaciones y colectivos especializados en la atención a los potenciales solicitantes. Así se producen situaciones incomprensibles.
El complemento por menor a cargo va decreciendo según aumenta la edad del niño o la niña. Los menores de 30 años ahora deben haber cotizado 12 meses en los últimos dos años, cuando antes de la modificación el periodo de cálculo era de tres años.
“Para nosotros esto es lo que ha ocurrido estos 730 días: continuos incidentes de odio hacia las personas empobrecidas, donde la víctima son las personas a proteger, las familias, las niñas, los niños, las mujeres y los hombres de las familias empobrecidas, y donde el victimario principal es el gobierno a través del INSS y los victimarios secundarios son el resto de administraciones, las comunidades autónomas y los ayuntamientos”, denuncia Borda.
Uno de los abogados que asesora a los solicitantes de ingreso propone simplificar la gestión, renunciando a la presunción de que invariablemente todas las personas que presentan su petición mienten, y agilizando la vía judicial, para que después de haber agotado la vía administrativa, las familias no tengan que iniciar un tortuoso e incierto camino para hacer valer sus derechos.
Redactor jefe de Noticias Obreras
