El anteproyecto de la Ley de Cooperación carece de suficiente ambición
Para la Coordinadora de ONG de Desarrollo, el anteproyecto de Ley de Cooperación presentado en el Consejo de Ministros carece de la necesaria ambición para fomentar el desarrollo sostenible, la justicia global y el respeto a los derechos humanos.
Aunque las organizaciones de cooperación valoran el esfuerzo por emprender una reforma integral en la política de ayuda al desarrollo de los países empobrecidos, el primero en 20 años, en cambio, señalan las limitaciones que contiene el actual borrador.
“El anteproyecto de Ley supone un importante avance en comparación con la Ley de 1998, ya que incluye la promoción de los derechos de la infancia, adolescencia y juventud como un objetivo pleno y un eje de actuación transversal de la Cooperación Española”, se puede leer en un comunicado conjunto. Si bien trata de promover la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible en la acción exterior del Estado, carece del adecuado análisis del impacto de las políticas públicas a nivel global.
El cumplimiento del 0,7%
Igualmente, marca el objetivo futuro de destinar el 0,7% de la Renta Nacional Bruta para la cooperación, el 10% de esos fondos, a acción humanitaria, “aunque sin una hoja de ruta que lo haga realidad puede quedarse en otra mera declaración de intenciones”. La coordinadora considera necesario destinar el 3% de los recursos de Ayuda Oficial para el Desarrollo a la educación para la ciudadanía global. “La implicación de la sociedad civil como parte relevante de la cooperación es fundamental para garantizar una propuesta realmente transformadora”, afirman.
Existen otras cuestiones que, en opinión de las ONG, deben ser abordadas, con la participación de la sociedad civil, en reglamentos posteriores, como la reforma del estatuto de la Agencia Española para la Cooperación Internacional al Desarrollo, el estatuto de las personas cooperantes o la normativa de subvenciones.
El borrador reconoce el papel de las ONG de Desarrollo, pero no concreta la promoción de entornos para cumplir con su misión, ni establece mecanismos para incentivar las donaciones privadas a la cooperación internacional. Tampoco hay una orientación para aumentar la eficacia de la cooperación descentralizada, que entienden como una “seña de identidad” de este tipo de políticas en nuestro país.
En relación a la cooperación financiera (aquella que fomenta el desarrollo a través de inversiones o transferencias), debe ser integrada en el conjunto del sistema de cooperación en sus objetivos, estándares y formas de operar, para garantizar el respeto a los derechos humanos, la protección del medioambiente y la transparencia.
Trámite parlamentario para mejorar la ley
“Este texto es el resultado de un amplio proceso de debate en el que, desde Cáritas Española, elogiamos algunos de las medidas contempladas que suponen un avance y una actualización necesaria de la actual Ley de Cooperación que data de 1998. Sin embargo, en el siguiente proceso parlamentario que previsiblemente comenzará en las próximas semanas, alentamos a los distintos grupos políticos a que aseguren un texto legal que acabe dotando a la cooperación española de una visión estratégica con medios y recursos suficientes para promover la justicia global y los derechos humanos”, señala Pedro Carceller Icardo, del equipo de Incidencia Política de Cáritas Española.
Redactor jefe de Noticias Obreras
