El abaratamiento de la factura de la luz no es suficiente, para las asociaciones de consumidores
Las asociaciones de consumidores y consumidoras consideran insuficiente la rebaja de la factura de la luz que va a suponer la limitación del precio del gas y piden una reforma intensa del actual mecanismo de fijación de precios de la Unión Europea
La aprobación de la orden ministerial que ha establecido para el 14 de junio la entrada en vigor del mecanismo para abaratar la luz, la llamada excepción ibérica, finalmente avalada por la Comisión Europea, parece un prime paso en la buena dirección, pero todavía lejos del cambio que las organizaciones de consumidores consideran necesario.
La medida ya había sido aprobada por parte de los respectivos gobiernos de Portugal y España, pero faltaba el visto bueno de Bruselas, que llegó este miércoles, para comenzar a aplicarse. Ayer, el Congreso de los Diputados convalidó el real decreto-ley para limitar el precio del gas en el mercado mayorista de la electricidad, con la abstención de los grupos parlamentarios del PP, Vox y Junts los votos en contra de Foro Asturias y Nueva Canarias.
La medida consiste en limitar el precio máximo del gas 40 euros por megavatio hora (MWh) durante los seis primeros meses, a partir de los cuales irá aumentado hasta llegar a los 50 euros de media durante los 12 meses que estará en vigor. El Gobierno espera que la factura de la luz se rebaje entre el 15% y el 20% en la factura de los consumidores sujetos a una tarifa regulada y aspira a que este nuevo sistema beneficie tanto a los consumidores del mercado regulado, com a los del libre y que tengan que renegociar sus contratos en los próximos tiempos.
Las centrales que producen electricidad con gas serán compensadas por la diferencia que haya entre el precio que haya de límite (que oscilará desde los 40 euros/MWh los primeros seis meses del periodo y que luego irá subiendo de cinco en cinco euros hasta llegar a los 70 euros/MWh en el último mes) y el coste que les supone. El coste de las compensaciones a las instalaciones con precio limitado será 6.300 millones al coste actual del gas, 1.500 millones adicionales por cada aumento de 10 euros.
Medida de carácter temporal, con un efecto limitado
FACUA-Consumidores en Acción ya había alertado, antes de que se aprobara la norma que activa el mecanismo para limitar el precio del gas, que no iba a evitar que en 2022, “los consumidores paguen el recibo más alto de toda la historia”.
Esta asociación viene reclamando una fórmula de intervención tarifaria que limite a un máximo de 50 euros/MWh el precio de la electricidad en la subasta diaria –desde finales de los 90 y hasta mediados del año pasado estaba fijado en España en 180 euros, frente a los 3.000 actuales–. Con la fórmula de poner un tope al gas, este debería situarse en poco más de 10 euros para lograr este objetivo.
Por su parte, la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) ha valorado los esfuerzos del Gobierno en proteger a los españoles del alza de precios de la electricidad, lamenta que “esta medida no supondrá una rebaja sustancial en la factura de los consumidores domésticos, más allá del ahorro del 15% anunciado”.
Esta asociación ha recordado que es una medida de carácter temporal, con un efecto limitado, sobre todo porque no solo la Unión Europea (UE) aún no ha abandonado un sistema de conformación de precios que se ha demostrado obsoleto con la crisis actual, sino que continúa avanzando en la interconexión y el mercado único de la energía; a pesar de las múltiples realidades que conviven en la Unión.
Cambiar el modelo de subasta marginalista
FACUA también considera que “el modelo de subasta marginalista es el origen de la especulación y de los desproporcionados precios que pagan los consumidores”, por lo que reclama al Gobierno de España que plantee a la Comisión Europea “un cambio radical en el sistema, dado que resulta disparatado que los consumidores tengan que pagar las energías más baratas al precio de las más caras. Y las más caras no son siempre las que tienen los costes de producción más altos –las que dependen del gas–, sino también las que, como viene ocurriendo con la hidroeléctrica, pujan en la subasta al mismo precio o incluso por encima de lo que lo hacen las centrales que queman gas”.
“Si queremos seguir avanzando en la producción de energías renovables, como así debe ser para alcanzar los objetivos climáticos, no tiene sentido que el precio de la electricidad siga viniendo determinado por fuentes fósiles, como el gas”, añade CECU.
Asimismo, FACUA insiste en exigir al Gobierno que proteja a las familias por la vía de declararlas a todas –excepto las rentas más altas– consumidores vulnerables, de manera que puedan acogerse coyunturalmente a un bono social especial, que les permitiría pagar tarifas con grandes descuentos sobre lo que dicta el mercado.
Redactor jefe de Noticias Obreras
