Acuerdo parlamentario sobre el fondo de compensación del amianto

Sindicatos y asociaciones de víctimas del amianto celebran el acuerdo alcanzado por los grupos parlamentarios para sacar adelante el fondo de compensación a las personas afectadas

Los partidos políticos han aprobado por unanimidad el texto de la ley que debe dar luz verde a la creación de este instrumento para indemnizar a las víctimas de la exposición al amianto.  El próximo 11 de julio la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones vota su aprobación definitiva, con lo que será remitida al Senado, para su entrada en vigor definitiva en los tres meses siguientes.

Fuentes sindicales consideran, en líneas generales, que se trata de “una buena noticia” para las víctimas y sus familiares, además de valorar el consenso obtenido. Es el punto y seguido a meses de polémica por las enmiendas, en especial las presentadas por el PSOE, que amenazaban con crear un fondo de compensación poco ambicioso.

No obstante, queda por precisar las cuantías que finalmente percibirán las personas expuestas negligentemente al amianto, tanto en sus puestos de trabajo como en las cercanías de los centros de producción y en los domicilios.

El montante de las compensaciones deberá ser suficiente para que las personas afectadas no tengan necesidad de seguir litigando en los tribunales, por lo que las organizaciones de trabajadores y de afectados propondrán al ministerio de Seguridad unos baremos similares a los que se aplican en el fondo francés y se utilizan en el caso de los accidentes de tráfico.

También reivindican la exención fiscal de las indemnizaciones que tramite el fondo, puesto que de aplicarse en el mismo ejercicio en que se reciben tendrían que tributar por los tramos más altos y supondrían una considerable merma.

Víctimas laborales, ambientales y domésticas

Como pedían sindicatos y asociaciones de víctimas, el fondo, que efectivamente extiende su cobertura a las laborales, ambientales y domésticas, será responsabilidad del Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones. Además, se creará una comisión de seguimiento en la que participaran las citadas entidades.

La norma aprobada por unanimidad en comisión parlamentaria respeta, finalmente, el espíritu de ley del Parlamento vasco, igualmente respaldad por todos los grupos, que instaba al Gobierno de España a crear un fondo de compensación a las víctimas de este mineral cancerígeno.

Su financiación correrá a cargo de los Presupuestos Generales del Estado –este año ya se ha reservado una partida de 25 millones de euros–, pero también de las posibles sanciones que se impongan a las empresas en activo por falta de prevención y del resultado de la subrogación de los procesos judiciales.

En cualquier caso, el verdadero avance pasa por el reconocimiento oficial del derecho de las personas afectadas a ser compensadas por los daños y perjuicios causados por la explosión al amianto.

Jose Luis Palacios

Redactor jefe de Noticias Obreras