Es hora de que la política impulse la economía social
Ante la conciencia creciente de que el futuro no puede dejarse en manos de los intereses de las grandes corporaciones empresariales, aumenta la atención sobre las entidades de la economía social, un sector con una larga historia llamado a jugar un papel fundamental en la transición ecosocial
La economía social de mercado cuenta en España con unas 43.000 empresas, que representan el 10 % del Producto Interior Bruto (PIB) y generan unos 2,2 millones de empleos, que, a su vez, suponen el 10 % del empleo que existe en este país en la actualidad, según datos de CEPES. Una realidad nada despreciable a la que incomprensiblemente no se atiende como merece.
Las fórmulas jurídicas que adoptan estas empresas son diversas, desde cooperativas, a sociedades laborales, pasando por fórmulas de trabajo asociado, empresas de inserción y participadas y terminando por centros especiales de empleo o las propias del movimiento de Economía Social y Solidaria.
Son empresas con un funcionamiento, más o menos, democrático que persiguen, más que la maximización del beneficio para la propiedad, el respeto a las personas y el interés general, especialmente, en beneficio de los territorios y entornos en los que operan, por lo que las ganancias han de ser repartidas, más o menos equitativamente, entre sus integrantes o reinvertidas para mejorar la propia organización.
A pesar de tan loables ideales, no siempre suficientemente atendidos, respetados y llevados a la práctica, constituyen, sin duda, una alternativa del todo opuesta al modelo de empresa convencional, que, según Milton Fridman, en su célebre artículo de 1970 sobre la responsabilidad social de las empresa, no tiene más obligación que la de aumentar el beneficio para los accionistas.
Un paradigma, por otra, parte ya superado, al menos en el discurso incluso de los más fervientes defensores del libre mercado. Sin ir más lejos, en 2019, la Business Roundtable, el lobby empresarial más importante de los Estados Unidos, con 181 directores generales de grandes compañías, el 30% del capital accionariado, reconocía que su misión ya no puede limitarse a generar beneficios para sus accionistas, sino que también hay que contemplar a los demás actores implicados.
Toda una declaración que, al final, llega hasta donde llega. Como también ocurre con la buena intención recogida en nuestra propia Constitución española, donde se define nuestro Estado como “social y democrático de Derecho”.
En su artículo 129.2, en el capítulo dedicado a la Economía y Hacienda, establece que “los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción”.
Debate político para impulsar la economía social y solidaria
Precisamente, a este precepto se refirió la diputada de Unidas Podemos, Marisa Saavedra, en la jornada celebrada en el Congreso, a finales de febrero, sobre la Economía Social y Solidaria, y en la que estuvieron presentes responsables de los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Derechos Sociales y Agenda 2030, así como entidades y representantes de este tipo de empresas y organizaciones.
“Frente a la economía de casino y del pelotazo, que genera especulación, pero no empleo digno y de calidad ni redistribuye la riqueza, es urgente impulsar la economía social y solidaria”, defendió la también militante de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC).
Saavedra considera que “en un momento de crisis, de transición como el que vivimos y de necesario cambio de modelo productivo, la Economía Social y Solidaria cobra especial importancia para una fuerza política transformadora”.
Su compañero Roberto Uriarte fundamentó la defensa constitucional de este tipo de empresas en la concepción del Estado, no que como un actor neutral” en la actividad económicas, sino activo en “priorizar a quien tenga iniciativa económica de forma más conveniente para el interés general y el bien común”, reorientando así la economía con el fin de fomentar “relaciones más respetuosas y democráticas” en las empresas.
De hecho, las cooperativas y mutualidades se han desarrollado casi a la vez que las empresas mercantiles, desde el origen del movimiento obrero, con éxito e impacto diversos, según condicionantes como el apoyo público, el acceso a la financiación y su capacidad de presión y movilización.
El grupo confederal de Unidas Podemos entiende que las entidades de la economía social deben convertirse en la “forma de emprendimiento prioritaria” y se ha comprometido a impulsar iniciativas parlamentarias para mejorar el marco normativo de dicha práctica.
Para ello, según Roberto Uriarte hace falta “visibilizarla y aligerar todas las problemáticas que siguen frenando el emprendimiento en este tipo de economía, especialmente de los más jóvenes”.
Saavedra declaró que “este modelo pone en el centro a la persona y aporta beneficio social, sostenibilidad medioambiental, trabajo digno, la inserción laboral de colectivos vulnerables, ayuda a fijar territorio luchando contra la despoblación en el medio rural, pone en valor los cuidados y la igualdad”.
El presidente de REAS Red de Redes, Alfonso B. Bolado, en su comparecencia en el Congreso de los Diputados en el marco de estas jornadas quiso señalar que estas entidades “ya incorporaban los ODS desde mucho antes que la ONU los definiera en 2015 y que viene siendo una palanca para su consecución, especialmente en todas aquellas políticas orientadas a la reconstrucción de tejido social, el equilibrio territorial y la protección de los ecosistemas”.
Bolado aprovechó para reivndicar una “estrategia que pase por la construcción de políticas públicas de economía plural y transformadora, políticas de reapropiación ciudadana del verdadero sentido de la economía”.
Algo que supone también reconocer el papel de la empresa mercantil privada social y ecológicamente comprometida, más allá del lavado de imagen (greenwashing), a través de una aplicación rigurosa de la responsabilidad social corporativa o sistemas avanzados de certificación, cuyo papel es clave en la visualización rigurosa de estos impactos.
En su opinión, es necesaria una administración pública consciente de su papel como agente socioeconómico que, aplique políticas activas con carácter transformador, como la compra pública responsable, políticas de municipalización de servicios básicos para la ciudadanía, recuperación de bienes y recursos comunales o políticas educativas orientadas a la participación,
El presidente de REAS Red de Redes, además, reclamó políticas de fomento y promoción activa de los sectores económicos productivos de la Economía Social y Solidaria para favorecer el impulso de la cooperativización del tejido empresarial, el acceso a los recursos colectivos, una fiscalidad que ponga en valor el compromiso social y ambiental, y una gestión público-comunitaria.
Laura Rubio García, directora de AERESS, integrada en REAS Red de Redes, destacó el papel de sus empresas en la generación de empleo local así como en la inserción de personas vulnerables, a través de un amplio itinerario de acompañamiento laboral y psicosocial que ha atendido en el último año a cerca de 10.000 personas en situación de vulnerabilidad, en el marco del objetivo 1 de los ODS.
Rubio hizo énfasis en la alineación del trabajo de AERESS respecto de los ODS, destacando entre otros la adopción de medidas para combatir el cambio climático (objetivo 13), donde ha destacado, entre otros, haber evitado la emisión de 47.000 toneladas de C02.
El presidente de Union Renovables, r su parte Alfonso García, ha defendido la concepción de la Energía como “una necesidad y bien básico de la población”, destacando la importancia de promover un modelo energético que fomente procesos de soberanía ciudadana fuera del oligopolio y que apueste por una generación distribuida así como por la implantación de energías renovables acordes a los ciclos de energía y la economía circular descarbonizada.
Por último, Rubén Méndez, secretario del Grupo de vivienda cooperativa en cesión de uso de REAS Red de Redes puso en valor este nuevo modelo habitacional que “incrementa la salud y el bienestar social” gracias, entre otras cuestiones, a las prácticas de cuidados y cooperación propias de este modelo que está ya implantándose con fuerza en Europa y otros lugares del mundo.
Méndez ha puesto sobre la mesa algunas de las demandas para impulsar este modelo como: las ayudas al alquiler también para cesión de uso, ayudas para computar espacios comunes, sistemas de garantías CERSA y SGR, financiación específica para mayores o difusión y recursos para implantar este modelo.
Como concluía Alfonso B. Bolado, “Cualquier respuesta a la crisis sistémica pasa por resolver el conflicto entre la acumulación del capital y la sostenibilidad de la vida y creemos que es un reto que debería movilizar el interés y el compromiso de las instituciones responsables de administrar el bien común”, en la línea de todo el trabajo que está realizando la Economía Solidaria y otros movimientos sociales, tal y como ha quedado manifiesto en la presente jornada.
Redactor jefe de Noticias Obreras
