Eduardo Rojo, sobre la reforma laboral: “Las normas no cambian la realidad, pero ayudan”

Organizada por el departamento de Pastoral del Trabajo de la Conferencia Episcopal Española, el seminario sobre “la reforma laboral y su repercusión en los colectivos más desfavorecidos”, sirvió para reforzar el compromiso eclesial por la dignificación del trabajo. —Con la colaboración de Ángel Aguas y José Luis Molina

Más de un centenar de personas, de las cerca de 250 que se habían registrado previamente, pudieron seguir la videoconferencia sobre el alcance del Real Decreto-Ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo.

El catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Autónoma de Barcelona y colaborador de Noticias Obreras, Eduardo Rojo Torrecilla, fue desgranando las bondades de la reforma laboral pactada entre gobierno y agentes sociales, lo que de por sí es ya un logro novedoso. “Es la primera norma que apuesta por potenciar la contratación indefinida y establecer restricciones a la contratación de duración determinada”, dijo el profesor.

En su opinión, simplifica la contratación laboral, potencia las medidas de flexibilidad interna (expedientes de regulación temporal de empleo y Mecanismo RED), favorece la negociación colectiva que reequilibra al proceso negociador entre organizaciones sindicales y empresariales, y apuesta decididamente por la contratación indefinida y fija discontinua en detrimento de la contratación temporal, con la importante supresión del contrato de obra o servicio.

También reconoció algunas carencias. “Es cierto que se han dejado algunas cuestiones fuera, tal vez porque no estaba en el programa de gobierno y porque alguna de las partes negociadoras no ha considerado oportuno su introducción”, mencionó el profesor, y citó como ejemplos de asuntos que no se han abordado: “una mayor concreción de las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción para poder aprobar los expedientes de regulación, los salarios de tramitación cuando la empresa reconoce inmediatamente la improcedencia del despido o que se mantenga a posibilidad de inaplicar el convenio colectivo estatutario mediante la causa de descuelgue o as cuantías de las indemnizaciones”.

A ese respecto, señaló: “Ojalá no tengamos que pensar que hubiera sido necesario, porque prosperan las medidas de flexibilidad interna que pueden llevar a una disminución muy importante del número de extinciones contractuales y a debates jurídicos sobre los efectos de los despidos y las indemnizaciones”.

Impulsar la regulación de los sectores más vulnerables

Para mejorar las condiciones de los sectores de trabajadores desfavorecidos y altamente feminizados, todavía hará falta seguir desarrollando regulaciones específicas que atiendan las peculiaridades de sus circunstancias y las actividades económicas en las que están involucrados, como el empleo del hogar, la limpieza en los hoteles o el trabajo agrícola.

Tras su intervención, se plantearon numerosas preguntas tanto sobre los detalles de las nuevas modalidades de contratación y la ambigüedad normativa en algunas áreas, como sobre las posibilidades que ofrece la legislación para mejorar las relaciones laborales e incluso impulsar el cambio hacia un modelo productivo sostenible basado en el trabajo digno.

Preocupan los efectos indeseados que pueda tener en algunos casos la normativa bien intencionada, así como la consistencia de los avances para el mundo del trabajo que ofrece la nueva normativa. En especial, la situación de las personas migrantes que, desaparecido el contrato por obra y servicio, van a necesitar acceder a un contrato indefinido o fijo discontinuo tanto para acceder al permiso de residencia como para evitar la irregularidad sobrevenido.

Sin defender sin más “una regularización absoluta, que plantea muchas dificultades jurídicas”, lo que tocaría cambiar es “la propia ley de extranjería y su reglamento” para atender la realidad de “las personas migrantes que están ya trabajando, aunque estén obligados a hacerlo en la economía sumergida”, ha defendido Rojo.

La temporalidad y precariedad actual nos son soportables

El propio Rojo había adelantado que “las normas no cambian la realidad, pero ayudan”. La apuesta por la estabilidad en el empleo, dejando atrás la cultura de la precariedad y la temporalidad, no se podrá hacer de un día para otro, si bien, es optimista, entre otras cosas, porque “no es soportable para ningún modelo productivo ese volumen de temporalidad para el sector privado, pero sobre todo el público.”

La primacía de la contratación estable, del convenio colectivo del sector sobre el de la empresa, el impulso a la flexibilidad interna y la limitación de la subcontratación son un buen punto de partida, especialmente cuando han sido los agentes sociales los que han definido las nuevas reglas de juego y, por tanto, serán los primeros interesados en que la reforma alcance sus objetivos.

Seguir dignificando el trabajo

La Pastoral del Trabajo de toda la Iglesia cuenta en la Doctrina Social de la Iglesia importante argumentos para apostar por la dignificación de la persona trabajadora, por lo que la última reforma laboral y medidas como la subida del salario mínimo interprofesional se presentan como una oportunidad para impulsar el trabajo digno, vocacional, humanizador y suficiente para el sostenimiento material y espiritual de las familias trabajadoras.

Esta reforma también hace una apuesta por la formación y recualificación profesional para las personas trabajadoras ante una realidad social cada vez más cambiante, a la vez que se apoya en la mayor igualdad entre hombres y mujeres, jóvenes y no tan jóvenes, que propugnan normas que desde 2019 obligan a la igualdad retributiva, a la aprobación de planes de igualdad en las empresas, a las adaptaciones de jornada para todos y todas para poder atender los cuidados en el seno familiar, e ir convirtiendo el trabajo en una dimensión humanizadora y no precarizadora de la persona y su familia.

La Pastoral Obrera de toda la Iglesia ve con esperanza, como mostró el obispo responsable de la misma, Abilio Martínez, este giro de timón en las normas que rigen las relaciones laborales en nuestro país, aunque señaló que “habrá que darle tiempo para ver si realmente se acerca a los objetivos planteados”.

Es de desear que los agentes sociales perseveren en el futuro en la superación del conflicto entre trabajo y capital, siempre presidido por la ruptura entre el trabajo y el capital (cuando ambos necesitan ir unidos desde la primacía de la persona –que aporta su trabajo– sobre las cosas –el capital– para poder producir bienes y servicios necesarios para la vida) y la consideración del trabajo, que es capacidad humana, como mercancía, como algo exterior al ser humano, con lo que esto tiene de deshumanización.

El conjunto del proceso de producción debe ajustarse a las necesidades de las personas. Los derechos de las personas trabajadoras deben constituir el criterio básico y fundamental para la formación de toda la economía. La forma de organizar el trabajo ha de reconocer en la práctica la primacía de la dimensión subjetiva del trabajo, colocar en primer lugar la dignidad de la persona en el trabajo.

Jose Luis Palacios

Redactor jefe de Noticias Obreras