Acabar con la precariedad laboral: una prioridad social

El estudio La precariedad laboral en España, realizado por la Universidad de Alicante y el sindicato CCOO, analiza en profundidad esta situación de las personas asalariadas como una realidad multidimensional.

El empleo precario es un empleo de mala calidad en el que los asalariados sufren diversas carencias laborales en torno a empleos de bajos salarios, tanto mensuales, como por horas; inestabilidad (contratos temporales) y otras carencias (jornada parcial involuntaria, sobrecualificación, jornada extensa, jornada atípica). Un asalariado es precario si sufre al menos un 20% de esas carencias.

Algunos datos que ofrece el estudio son más que elocuentes: solo el 28% de los asalariados en España no tiene ninguna de esas carencias laborales y el 48% están en situación de precariedad en muchas de esas dimensiones. El 24% de los asalariados tienen un empleo vulnerable en riesgo de precariedad; el 26% sufren una precariedad intensa; el 14% una precariedad severa; y el 8% una precariedad extrema. Son precarios el 75% de los jóvenes asalariados, el 64% de los emigrantes, y el 54% de las mujeres. Además, y esto es especialmente importante, no se trata de algo coyuntural, sino de un carácter fuertemente estructural de nuestro modelo laboral.

A la vista de lo que muestra este estudio, es muy claro que modificar esta situación debería ser una prioridad social y, por tanto, política. La precariedad y el desempleo estructurales de nuestro modelo laboral son un atentado contra la dignidad del trabajo y la dignidad de los trabajadores, que supone la vulnerabilidad y precariedad vital de muchas personas y familias, son un atentado contra las personas.

Para combatir la precariedad es necesario actuar en el ámbito de la normativa que regula las relaciones laborales, promover y fortalecer la negociación colectiva, y transformar el modelo productivo particularmente en el sentido de poner el cuidado de las personas trabajadoras como elemento central de la vida de las empresas. Pero también es necesario modificar una cultura empresarial –de algunos sectores empresariales– que no conciben otra forma de empleo que no sea la precaria, así como una cultura social instalada de forma resignada en la aceptación de la precariedad, como si no fuera posible otra cosa. Es imprescindible promover una cultura de la dignidad del trabajo y del trabajo decente, basada en una correcta comprensión de lo que es el trabajo para la vida de las personas y de la sociedad (Cfr. Papa Francisco).

Pese a sus limitaciones, la reforma laboral acordada entre Gobierno, sindicatos y organizaciones empresariales, puede colaborar a modificar la orientación del modelo laboral, sobre todo en dos aspectos: la reducción de la temporalidad y el fortalecimiento de la negociación colectiva. Junto a los cambios en la normativa, también es de gran importancia continuar con el incremento del salario mínimo interprofesional. Pero es fundamental que lo acordado se cumpla y combatir el demasiado extendido fraude en la aplicación de las normas laborales.

Combatir la precariedad laboral tiene mucho que ver con cómo entendemos la relación entre economía y trabajo. Si entendemos el trabajo como un derivado de la economía o como un elemento central en la configuración de la economía para que sea humana, porque el trabajo –las personas– siempre deben estar por encima del capital –las cosas, la rentabilidad–, como defiende la Doctrina Social de la Iglesia. Así lo expresó san Juan Pablo II: «La realización de los derechos del hombre del trabajo no puede estar condenada a constituir solamente un derivado de los sistemas económicos, los cuales… se dejen guiar sobre todo por el criterio del máximo beneficio. Al contrario, es precisamente la consideración de los derechos objetivos del hombre del trabajo… lo que debe constituir el criterio adecuado y fundamental para la formación de toda la economía» (Laborem exercens, 17). •

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