La nueva Formación Profesional apuesta por la flexibilización y las prácticas en empresas
El Congreso de los Diputados ha aprobado la nueva ley de Formación Profesional (FP), que pasará ahora al Senado, y podría entrar en vigor en marzo del año que viene. Creará un solo sistema de formación orientado a estudiantes y trabajadores y fomentará las prácticas en empresas.
El Proyecto de Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional prevé que todos los ciclos formativos cuenten con un tiempo de trabajo en las empresas de entre el 25 y el 35%, aunque podrá reducirse excepcionalmente al 20% en la FP básica, ante las previsibles dificultades para disponer de tantas horas de presencia en los centros de trabajo (actualmente cursan esta modalidad unas 77.000 personas).
Un tutor del centro educativo será el responsable de evaluar el aprendizaje profesional contando con el informe del tutor correspondiente de la empresa. La modalidad de FP avanzada (hasta ahora dual) se realizará mediante contrato laboral a partir de 2029, periodo máximo para implementar esta mejora.
Será obligatorio comunicar a la representación legal de trabajadores y trabajadoras cualquier estancia en la empresa o entidad y la cotización efectiva de las prácticas no laborales al sistema de Seguridad Social, según el reciente Acuerdo de la mesa del diálogo social en materia de Seguridad Social y Pensiones del 2021.
La oferta de FP se flexibilizará para que se adate también a las necesidades de los trabajadores, sin necesidad de tener que realizar ciclos completos. Se establecen cinco niveles de duración y exigencia diferenciados y cursos de especialización.
El alumnado tendrá acceso a asignaturas optativas universitarias y a al revés viceversa, como pasarelas de doble dirección, para fomentar mayor relación entre los conocimientos teóricos y aplicados, haciendo más sencilla la convalidación de créditos de cada área formativa. También se crearán titulaciones dobles de FP, ciclos bilingües y estudios conjuntos con institutos de otros países.
Además, la ley servirá para acreditar la cualificación de trabajadores con experiencia. El objetivo del Gobierno es reconocer oficialmente las habilidades y conocimiento de dos millones de personas y crear 200.000 nuevas plazas de FP en los próximos cuatros años..
Un nuevo impulso a la Formación Profesional
En España la FP solo atrae al 12% del alumnado, menos de la mitad del promedio de la OCDE. En la actualidad, solo el 3% de los alumnos pasa por la FP dual, que ofrece un 30% del tiempo de formación dentro de las empresas como media. El resto del alumnado de FP pasa como poco un 11% en centros de trabajo. En Alemania, la FP dual llega al 60% de los estudiantes.
Se calcula que el 25% de la población adulta española tiene actualmente una cualificación intermedia y otro 35% una de nivel bajo, cuando las previsiones del Gobierno apuntan a que en cuatro años el 49% de los puestos de trabajo requerirán una cualificación intermedia, como la que ofrecer la FP y solo un 16% de baja cualificación.
Los sindicatos y las organizaciones empresariales que han podido plantear sus propuestas para elaborar la nueva ley han mostrado su apoyo al entender que esta reforma puede contribuir a reducir el alto desempleo juvenil, por encima del 30% y acelerar la acreditación de las competencias de millones de trabajadores con experiencia.
De hecho, se barajó la posibilidad de que esta nueva ley fuera ampliamente respaldada por todos los grupos parlamentarios. Finalmente, votaron a favor PSOE, UP, EH Bildu, Ciudadanos y PNV, mientras que Vox, Foro Asturias, UPN, ERC y Compromís se abstuvieron. El PP acabó votando en contra, aunque en la comisión parlamentaria que aprobó el texto en el que se han incorporado más de 200 de las 592 enmiendas de los diferentes partidos, se había abstenido.
Fruto del diálogo social
Para UGT, “la nueva Ley es un reflejo de cómo la contribución de los interlocutores sociales y, en particular, de la UGT, han sido vitales para la modernización de nuestros sistemas y estructuras formativas”, por lo que destaca que “esta norma es un ejemplo más de que potenciar el diálogo social resulta clave para solventar los problemas de índole económico y social”.
Ante el aumento del alumnado y la destrucción de empresas por la crisis pandémica, CCOO ha advertido que el aumento de las horas en la empresa y la disminución de estas en el centro puede “suponer una reducción de la calidad formativa en algunos sectores profesionales al no tener empresas o entidades suficientes ni capaces de formar a todo el alumnado y generar un nuevo problema al no poder finalizar la formación en el tiempo previsto”.
CCOO ha puntualizado también que queda pendiente, entre otras cosas, la “memoria económica que garantice un presupuesto estable, independientemente de fondos extraordinarios para la financiación”.
CEOE ha coincidido en señalar que hay cuestiones que no quedan “adecuadamente resueltas” en la ley, por lo que cree que hay que “estar atentos al desarrollo” de su tramitación, donde “la participación de las empresas españolas será clave”.
El presidente de FPEmpresa, asociación que reúne a centros públicos, concertados y privados de FP en toda España, Luis García, considera “muy positivamente” que se haya aprobado una ley de FP con “bastante consenso” y el hecho de que se fomenta la FP Dual en España, aunque reivindica que la remuneración en los contratos de formación no se limite sólo a las prácticas en la FP dual intensiva, sino también a la genérica, al menos en lo que respecta a cubrir gastos o el transporte por el traslado a la empresa.
Redactor jefe de Noticias Obreras
