Sínodo y jerarquía
Si no me equivoco, es la primera vez que más de 1300 millones de ciudadanos son emplazados a opinar sobre cómo quieren que se gobierne la Iglesia. Es la decisión que ha tomado el papa Francisco convocando un Sínodo de Obispos que, constando de tres fases, va a tener su momento más importante en octubre de 2023. En la primera etapa, ya iniciada, se emplaza a todos los católicos y personas interesadas –más allá de su adscripción religiosa– a diagnosticar y proponer lo que estimen oportuno sobre cómo ser una “Iglesia sinodal”, es decir, sobre cómo “caminar juntos” (que eso significa “sin-odos”). A esta primera etapa sucederá otra continental y, finalmente, el Sínodo mundial de obispos en Roma. Me ahorro reseñar el escaso –por no decir, nulo– entusiasmo con que, entre nosotros, ha sido acogida esta iniciativa por parte de la jerarquía eclesiástica; y no solo por ella.
Desgraciadamente, no contamos con una tradición sinodal como la tienen otras iglesias centroeuropeas, latinoamericanas o las estadounidense y australiana. Y cuando lo hemos ensayado –celebrando Asambleas diocesanas o implementando instituciones con alcance deliberativo– nos “han zurrado de lo lindo”, es decir, nos han impuesto obispos cuya primera misión ha sido desactivar dicho alcance deliberativo y silenciar lo que, desde el Vaticano II, se llama “la voz del pueblo de Dios”; como es el caso, al menos, de las diócesis del País Vasco.
En esta política de sofocamiento y afirmación autoritaria de la jerarquía, es tristemente referencial el castigo infligido a la iglesia holandesa por Juan Pablo II. En vez de abrir un diálogo sobre lo sinodalmente debatido y aprobado, el Papa Wojtyla convocó en Roma a sus obispos para decirles que este modo de “caminar juntos” se había acabado; que tenían que ir al frente del “rebaño”, atendiendo, por supuesto, más a las indicaciones que venían de la Sede primada que a lo acordado con los católicos holandeses. El resultado de tal “reorientación” es bien conocido: una hemorragia, silenciosa e imparable, hasta llegar a ser –como lamentablemente se constata en la actualidad– una comunidad católica casi inexistente. El Papa polaco –defendiendo una concepción absolutista y monárquica de la jerarquía en nombre de la verdad– no tuvo problema alguno en sacrificar esta floreciente iglesia. A diferencia de los pontificados de Juan Pablo II y Benedicto XVI, Francisco asume, sintonizando con el Vaticano II, que se ha de escuchar al “pueblo de Dios”, “infalible cuando cree”.
Se entiende –como he adelantado– que los nervios se hayan desatado en una buena parte del episcopado mundial. Y también fuera de la Iglesia, particularmente en aquellos lobbies habituados a controlarlo todo. Quizá, por ello, estamos escuchando estos días que existe una clara diferencia entre la sinodalidad eclesial y la democracia representativa mayoritaria, intentando despistarnos de que, igualmente, existen estructuras jerárquicas en la forma democrática moderna de convivencia. Y que el problema a debatir en este Sínodo no es el que pasa por yuxtaponer jerarquía a democracia, dando por incuestionable la primera, sino por imaginar y proponer modos alternativos a la manera absolutista y monárquica de la autoridad, incuestionable hasta el presente en la gran mayoría de las instituciones católicas. Tal concepción y ejercicio autoritario, se recuerda, es el principal obstáculo para la implementación efectiva de una Iglesia sinodal en la que la escucha no sea un mero ejercicio retórico, sino un espacio de discernimiento y verificación que tiene su propia normatividad y que el cuerpo jerárquico no puede ignorar en virtud de la ordenación sacramental.
Pues bien, en orden a avanzar en esta dirección, me permito indicar varios puntos que sería bueno proponer y reivindicar en esta primera etapa sinodal para que, al menos, alguno de ellos acabara siendo un clamor eclesial.
El primero, que los obispos sean nombrados por un tiempo determinado con la participación del pueblo de Dios, bien sea eligiendo uno de entre tres candidatos que pueda enviar la Santa Sede, bien sea presentando una terna para que el Vaticano escoja uno. El segundo, que –siendo el cuidado de la unidad de fe y de la comunión eclesial la razón de ser de la autoridad en la Iglesia– lo normal es que lo aprobado por mayoría cualificada en los Sínodos, Asambleas y diferentes consejos eclesiales quede ratificado tanto por el Papa como por los obispos y sacerdotes, si no se atenta contra dichas fe y comunión eclesial. El tercero, que el laicado pueda desempeñar tareas de gobierno y de magisterio –hasta el presente reservadas a los obispos, presbíteros y diáconos– ya que ellos también están investidos de “autoridad” por el bautismo. El cuarto, que se establezcan Sínodos o Asambleas diocesanas regulares en todas las diócesis e iglesias del mundo. Y el quinto –de momento, último– que se instituya un Sínodo mundial no solo de obispos, sino de todo el pueblo de Dios con representantes del laicado, religiosos y religiosas, presbíteros y diáconos.
Ya sé que habrá quien diga que estoy formulando propuestas imposibles “porque no es el momento para ello”, es decir, porque son “imprudentes”. Bueno, si esa es toda la fuerza de su argumentación, entiendo –a diferencia de ellos– que ha llegado la hora de insistir “a tiempo y a destiempo, con ocasión y sin ella”. Es más, creo que se nos ha convocado, precisamente, para decir lo que nos parezca más conveniente. Por eso, me permito acabar estas líneas formulando un deseo todavía más “imprudente”, pero igualmente necesario: ¡Ojalá este Sínodo sea el primer paso hacia un Concilio Vaticano III, por supuesto, de matriz indudablemente sinodal!
Sacerdote diocesano de Bilbao. Catedrático emérito en la Facultad de Teología del Norte de España (sede de Vitoria).
Autor del libro Entre el Tabor y el Calvario. Una espiritualidad «con carne» (Ediciones HOAC, 2021)
