La energía eléctrica y el bien común
En nuestra sociedad el acceso asequible a la energía es un bien básico. Por eso es tan grave el constante aumento del precio de la energía eléctrica que afecta muy negativamente a muchas familias y empresas, sobre todo pequeñas, y que agrava el mal de la pobreza energética.
Lo que está ocurriendo es el resultado de haber dejado casi exclusivamente en manos del mercado un bien básico como este, como ya nos ha ocurrido con otros bienes básicos como la vivienda. Cuando los bienes básicos se miran sobre todo desde la perspectiva del negocio, el derecho a disponer de ellos se convierte para muchas personas en papel mojado. La regulación actual del mercado de la energía eléctrica, tanto por el marco de la Unión Europea como de España, es un despropósito. Es totalmente favorable a las grandes empresas productoras y distribuidoras, muchas veces las mismas. Se aprovechan de una regulación injusta y abusiva, de un gran poder y de una legislación en la que tienen casi siempre las de ganar.
Es imprescindible abordar ya una nueva regulación de este mercado para defender el bien común (el acceso asequible de todos a la energía eléctrica a precios justos). Debe primar el bien común y no los beneficios de las grandes empresas. Porque una cosa (legítima) es que las empresas eléctricas, como cualquier otra, necesiten obtener beneficios para poder funcionar, y otra (ilegítima) es que siempre ganen más a costa del conjunto de la sociedad.
El Gobierno ha tomado algunas medidas para bajar el precio de la energía eléctrica, pero en absoluto lo suficiente. Además de medidas a corto plazo debe abordar decididamente la cuestión de fondo, que es la regulación del mercado de la energía eléctrica, limitando el poder de las grandes empresas para proteger el bien común, que es la primera responsabilidad de las autoridades políticas. Si no se protegen de forma adecuada los bienes colectivos básicos, ¿para qué está el Estado? Hay que proteger a la sociedad de quienes, guiados solo por el lucro, atentan contra el bien común. De lo contrario ocurre lo que señala la Doctrina Social de la Iglesia: «Cuando en la economía falta, o es defectuosa, la debida intervención del Estado (…) surgen al punto los abusos del débil por parte del fuerte» (Juan XXIII, Mater et magistra, 58). Para el bien común, «es deber del Estado proveer a la defensa y tutela de los bienes colectivos (…) cuya salvaguardia no puede estar asegurada por los simples mecanismos de mercado» (Juan Pablo II, Centesimus annus, 34).
La nueva regulación del mercado de la energía eléctrica debería buscar, entre otras cosas: su transparencia (actualmente es cualquier cosa menos transparente); una competencia real que pueda favorecer a los usuarios (que tampoco existe ahora por el oligopolio de unas pocas grandes empresas); limitar el poder de las empresas y sus abusos, controlando efectivamente sus comportamientos; que se produzca y distribuya la energía de forma respetuosa con el medio ambiente (cosa que ahora tampoco ocurre, como se ha visto en el vaciado de pantanos por algunas empresas para maximizar sus beneficios); regular el precio para que la energía sea asequible sin grandes perjuicios económicos para familias y empresas; garantizar que nadie quede excluido del acceso a este bien básico, combatiendo decididamente la pobreza energética. •
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Comisión Permanente de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC).
