La comunidad gitana sigue en la diana de los discursos de odio
La comunidad gitana sigue siendo una de las dianas preferidas de los discursos de odio en nuestro país. El año pasado, el ‘antigitanismo’ aumentó casi un 60%.
Además de las infracciones penales cometidas contra personas gitanas, han aumentado aumentaron los delitos de odio contra el colectivo LGTBI, por razones de discapacidad o enfermedad, y de sexo y género. Todo ello a pesar de que en 2020, se ha producido un descenso, en paralelo al de la criminalidad general, atribuido al confinamiento y las restricciones por la COVID-19, de los delitos de odio.
El ‘antigitanismo’ apenas cuenta con dos años de recorrido en las estadísticas oficiales de nuestro país. Gracias a la presión de lo sociedad civil europea, incluida la española, algunos países como el nuestro decidieron introducir en los protocolos policiales la consideración de este delito específico.
En 2020, las fuerzas de seguridad del Estado recogieron 22 delitos de odio específicamente ‘antigitanos’, por los 14 de 2019. Sin embargo, las manifestaciones y comportamientos delictivos contra el pueblo romaní son, probablemente, muchos más.
“Las denuncias presentadas por la comunidad gitana son un reducto de las que se producen de verdad”, afirma Cristina de la Serna, directora del departamento de Igualdad y Lucha contra la discriminación de la Fundación Secretariado Gitano.
En su opinión, “la pandemia, sobre todo al principio, ha tenido mucho que ver con el incremento de los discursos de odio, que fomentan la violencia y discriminación contra el pueblo gitano”. En concreto, señala el efecto que tienen las declaraciones de políticos y de los grandes medios de comunicación que vinculaban a la población gitana con la propagación del virus en determinados lugares. “Es un caldo de cultivo para los discursos extremos”, apunta De la Serna.
Precisamente, la abogada y politóloga participó en la elaboración del estudio “Discurso de odio antigitano y crisis de la COVID-19”, donde se constata que “las actitudes y acciones antigitanas se han multiplicado, al mismo tiempo que las posibilidades de denunciar estos casos se han visto mermadas por la falta de movilidad y las medidas extraordinarias”.
Según los datos recogidos por el Servicio de asistencia y orientación a víctimas de discriminación racial o étnica, a petición de la Dirección General para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico-Racial, de los 53 casos de racismo detectados durante la crisis de la COVID-19 y de la declaración del Estado de Alarma en España 46 46 afectaban directamente a personas gitanas.
De hecho, el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, del Ministerio de Igualdad, llegó a expresar su “preocupación” ante los “casos de discriminación, rechazo y odio” producidos contra determinados grupos étnicos o raciales en el marco de la emergencia ligada al coronavirus.
El citado consejo hablaba directamente del “tratamiento mediático racista, antigitano y xenófobo por parte de algunos medios de comunicación”, en referencia a las noticias que relacionaban la nacionalidad o étnica con “el origen de la propagación de la enfermedad o supuestos incumplimientos de la cuarentena”.
Las expresiones de odio, que se difunden también a través de audios de Whatsapp que llegan a miles de personas, se han traducido, según los ejemplos citados por De la Serna, en “discriminaciones o abusos en el acceso a las farmacias, los supermercados o la atribución de robos”.
“Nos se puede frivolizar con este tipo de discursos porque al final se traduce en odio y discriminació”, explica De la Serna, quien añade que “las familias gitanas, muchas de las cuales se han encontrado con los mercadillos en los que suelen trabajar cerrados durante el confinamiento y las restricciones, han experimentado la penuria económica y han pasado a depender mucho más de los servidos sociales y las ayudas de emergencias, sin que se haya hecho lo suficiente garantizar el acceso a las mismas en condiciones de igualdad”.
En opinión de la jurista, a pesar de los avances en la legislación, los protocolos policiales y la propia fiscalía queda mucho camino por recorrer. Todavía hay agentes de las fuerzas de Seguridad que todavía no identifican adecuadamente los indicios de ‘antigitanismo’ en las denuncias o y juzgados donde no se sabe cómo aplicar e interpretar los indicios de odio.
La Comisión Europea Contra el Racismo y la Intolerancia recomienda considerar el ‘antigitanismo’ como una forma específica de racismo, alimentado por una discriminación histórica, que se manifiesta, entre otras cosas, por la violencia, el discurso del miedo, la explotación y la discriminación en su forma más flagrante.
Sin embargo, a pesar de que el Ministerio del Interior lo considera como una categoría de los delitos de odio, al menos, en sus estadística, el mismo no está recogido como tal en el Código Penal.
Redactor jefe de Noticias Obreras
