Una renta básica que permita el reconocimiento de la dignidad de toda persona
En los últimos años y hasta este pasado mes de marzo, la HOAC de Elche viene promoviendo encuentros de diálogo y reflexión sobre la precariedad laboral generalizada que venimos padeciendo en nuestra sociedad. La reflexión y diálogo ha estado centrada en distintos aspectos: economía sumergida, discriminación laboral de la mujer, salud y siniestralidad laboral, participación sindical, etc. Con la pretensión y apertura a la participación de personas afectadas por la precariedad laboral, desde su concreta situación, para descubrir el porqué de estas situaciones tan injustas y toma de conciencia para actuar contra ellas.
En este camino hemos constatado la intencionada decisión de dualización del mercado laboral: empleos muy cualificados, pagados y con excelentes condiciones laborales, que conviven con otros de escasa o nula cualificación, mal pagados y en pésimas condiciones laborales. Hemos constatado la existencia de trabajos que no permiten salir de la pobreza a los trabajadores. Y esta situación se ha agravado con la pandemia (pobreza y riesgo sanitario).
Además hemos comprobado la diferencia entre trabajo remunerado (empleo en condiciones o sin ellas) y trabajo efectivamente realizado pero no reconocido, sin efectos para quienes lo realizan que en su inmensa mayoría son mujeres (cuidados de familia –niños, mayores, enfermos, dependientes…–)
Unido a todo esto, los avances tecnológicos y la robotización demandan una nueva forma de entender y gestionar el empleo; desplazando y dejando obsoletos muchos trabajos tradicionales.
Esta fotografía describe una gran desigualdad, no solo entre países sino también dentro de cada país. Desigualdad y pobreza de la que, en su inmensa mayoría, resulta imposible que las personas puedan salir.
La conclusión es más que evidente: la economía no está al servicio de la persona y solo busca el mayor beneficio posible para el capital invertido, siendo esta la causa del enorme sufrimiento que produce.
Esta conclusión nos lleva a afirmar que es necesario el cambio de la economía. La falta de empleo en condiciones y con derechos, junto a la continua reconversión del existente, debería promover el cambio de orientación de la economía mediante la creación y reparto de trabajo digno y en condiciones que permitan la realización de la persona y una vida digna. Lo que implica el reparto de la riqueza mediante la puesta en marcha de leyes laborales, sociales y fiscales.
En este ámbito de una nueva regulación legal y como consecuencia de la pandemia han surgido con fuerza las denominadas “rentas de ciudadanía”, que hasta hace bien poco solo se planteaban teóricamente y eran percibidas “utópicamente”. Y que ahora son aceptadas, incluso, desde concepciones liberales de la economía.
En nuestra reflexión hemos contemplado la existencia de los siguientes tipos de rentas de ciudadanía:
1.- Condicionadas: existen porque se ha hecho una contribución previa cuando se está trabajando y después se tiene derecho a una prestación si se necesita. Son las rentas por desempleo, jubilación, viudedad, orfandad, etc.
2.- No condicionadas (aunque también requieren algunos requisitos) No se perciben por haber cotizado previamente, pues pretenden sacar de la extrema pobreza a quienes las perciben. Son familias cuyos miembros no tienen trabajo o son trabajadores pobres; en riesgo de “descarte social”. Este tipo de rentas no son aceptadas por toda la sociedad, existiendo debate no solo sobre su funcionalidad sino también sobre su existencia, pues se mantiene la idea de que la sociedad no tiene que ayudar a estas familias, o hay otro tipos de perjuicios, miedos y xenofobia (“la paguita” se ha llegado a denominar de forma despectiva hacia las personas que las perciben).
3.- Renta Básica Universal: Asignación incondicional básica para todo ciudadano por el simple hecho de serlo y con independencia de su capacidad económica (rico o pobre); percibida por toda persona y regularizada en la declaración de la renta en concepto de ingreso. Lo que supone un cambio cultural importante en el reparto de la riqueza que todavía está lejos del consenso social y sobre el que ya existe un debate activo.
Tras todo este proceso y con la dinámica del Ver, Juzgar y Actuar centrado en las rentas de ciudadanía. En el Ver, hemos tenido en cuenta el marco legislativo actual de la renta valenciana de inserción y el ingreso mínimo vital, con experiencias propias y de personas cercanas, aclarando conceptos, viendo dificultades, pros y contras. Experiencias de casos a los que les ha ayudado a normalizar un poco su situación y de otros que solicitaron estas rentas y todavía no tienen respuesta o les ha sido denegada por cualquier causa administrativa. El Juzgar ha sido realizado sobre la legislación civil y la Doctrina Social de la Iglesia (destino universal de los bienes, el bien común, la gratuidad, trabajo digno, etc.).
Y finalmente el Actuar, desde nuestra humildad y posibilidades, lo hemos querido concretar en el acompañamiento personal derivado de esta toma de conciencia y en la voluntad de compartir públicamente el camino iniciado para que, en la medida de nuestras posibilidades, potenciar y profundizar en el necesario diálogo social que permita avanzar en el reconocimiento de la dignidad de toda persona y la justicia social.
Para ello, proponemos que se tenga en cuenta:
1º.- Como cristianos, el Compendio de DSI punto 172 que afirma que la creación ha sido hecha para todas y cada una de las personas que habitan en la tierra. En concreto dice: “…se trata de un derecho natural, inscrito en la naturaleza del ser humano… Es inherente a la persona concreta, a toda persona, y es prioritario respecto a cualquier intervención humana sobre los bienes, a cualquier ordenamiento jurídico de los mismos, a cualquier sistema y método socioeconómico…”
2º.- Y como ciudadanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos: Art. 1 “…Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros…” Art. 23-3 “…Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social…”.
Militante de la HOAC de Elche
