Petición para acabar con la protección a las energías fósiles
Más de 220 organizaciones de la sociedad civil piden al Gobierno de España que abandone el Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE), que permite a las multinacionales energéticas interponer demandas contra los Estados si consideran que perjudican sus intereses.
La campaña “No a los Tratados a los Tratados de Comercio e Inversión” está promoviendo la recogida de firmas con el fin de presionar a los gobiernos para abandonar el acuerdo sobre la energía, con el argumento de que “si no se pone fin a la protección de la industria fósil, será imposible garantizar la implementación de medidas climáticas urgentes”.
El tratado se ha convertido en un obstáculo, debido al mecanismo de solución de controversias inversor-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés), para impulsar el cambio del modelo energético y cumplir así con los compromisos adquiridos por los Estados en la lucha contra el calentamiento global.
“El TCE podría truncar la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética española” denuncia Ecologistas en acción, organización que afirma que “es previsible imaginar un escenario en el que el Estado español sea objeto de una oleada de demandas millonarias por la puesta en marcha del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) o por sus medidas adoptadas en la pandemia de la COVID-19”.
Demandas multimillonarias contra los Estados
De hecho, España es el país que más demandas, 47 para ser exactos, acumula al amparo de este tratado. Los demandantes son empresas o inversores vinculados a los combustibles fósiles. El Estado ha sido condenada a pagar 1036 millones de euros (casi siete veces el presupuesto que el Gobierno se ha comprometido a aportar al Fondo Verde Europeo sobre el clima) y los inversores reclaman más de 8000 millones de euros.
En otros países, se han dado situaciones similares. La petrolera británica Rockhopper ha demandado a Italia por prohibir la extracción de petróleo en sus costas, reclamando siete veces la cantidad que la compañía invirtió inicialmente. La multinacional energética británica Ascent Resources ha demandado a Eslovenia por exigir a la compañía que lleve a cabo un estudio de impacto ambiental antes de iniciar exploraciones de gas mediante fracking. La empresa alemana Uniper ha declarado que demandará a Holanda por el cierre de las centrales eléctricas de carbón en 2030, una acción que forma parte de la estrategia nacional de reducción de gases de efecto invernadero.
Redactor jefe de Noticias Obreras
