50 organizaciones impulsan una campaña para que el Gobierno garantice el derecho a la vivienda

Sindicatos y movimientos sociales, entre los que se encuentra la Juventud Obrera Cristiana, impulsan una campaña para garantizar el derecho a la vivienda en la próxima ley anunciada por el Gobierno. Realizan un llamamiento “a la gente de a pie” para que se sume a la movilización necesaria para asegurar la protección de este derecho humano en nuestro país.

Tras 42 años de absoluta vulneración de este derecho humano, los promotores de la iniciativa remarcan que la nueva Ley será papel mojado si no protege y garantiza de manera efectiva este derecho. Esta ley debe permitir un avance histórico en la cobertura de este derecho fundamental. En este sentido, la iniciativa —a la que se pueden adherir entidades y colectivos— pretende conseguir que la ley por el derecho a la vivienda incluya, como mínimo, estas 8 medidas:

1. La ley debe garantizar el derecho a una vivienda digna, asequible, accesible y adecuada como derecho subjetivo, garantizando que esta protección sea efectiva y evitando que ninguna persona sufra situación de sinhogarismo.
2. Stop desahucios de personas vulnerables sin alternativa de vivienda digna y adecuada, así como la obligación de alquiler social estable para los grandes tenedores y en el resto de casos realojo digno y adecuado a cargo de los poderes públicos.
3. Asegurar y ampliar el parque público de alquiler social, como mínimo al 20% del conjunto de viviendas en veinte años, haciendo frente a la emergencia habitacional de forma prioritaria.
4. Regulación estatal de alquileres a precios adecuados a los salarios de la población en cada zona del territorio. Modificación de la ley de arrendamientos urbanos para dar protección y estabilidad a los inquilinos del conjunto del país.
5. Garantizar los suministros básicos de agua, luz, gas y acceso a las telecomunicaciones para evitar la brecha digital como parte de una vivienda digna.
6. Garantizar una segunda oportunidad efectiva para los hogares con deudas hipotecarias, y desarrollar medidas contra el sobreendeudamiento y los abusos financieros e inmobiliarios.
7. Ampliación presupuestaria para vivienda social y políticas sociales de vivienda hasta llegar al promedio europeo de parque público, destinando como mínimo el 2% del presupuesto estatal. Asignación de una parte suficiente de los fondos europeos de recuperación a este objetivo.
8. Participación activa de la población en toda la política de vivienda y urbanismo.

Crisis habitacional

La iniciativa denuncia la actual e “innegable” crisis habitacional. Más de 32.000 personas sufren sinhogarismo; 12 millones de personas están en riesgo de exclusión social; se han producido más de 1 millón de desahucios entre 2008 y el 3Tr del 2020, muchos de ellos agravados con cláusulas abusivas y ejecutados con una legislación contraria a los estándares europeos sin importar que hubiera menores o ancianos dependientes. Las organizaciones sociales y sindicales no están dispuestas a permitir que sean el sector financiero, las grandes inmobiliarias y los fondos buitre quienes dicten el texto de esta Ley.

En España, el 36,1% de la población destina más del 40% de sus ingresos al pago de vivienda y suministros básicos, y otros miles de hogares jóvenes ni siquiera pueden formarse, de hecho únicamente el 18,5% de la población entre 18 y 29 años se ha emancipado por las enormes dificultades para acceder y mantener una vivienda estable. Las viviendas sociales representan un 2,5% del parque de viviendas principales, nada que ver con los porcentajes de algunos países europeos de nuestro entorno (Holanda 30%, Austria 24%, Reino Unido 17,6%. Francia 16,8%). Según el INE (2011), hay 3,4 millones de viviendas vacías, muchas de ellas en manos de grandes tenedores, el Parque de Vivienda Pública y Social es entre 7 y 10 veces menor que el de otros países desarrollados de Europa.

La nueva Ley debe hacer frente a la emergencia habitacional existente y garantizar una vivienda para quien lo necesite, mediante un presupuesto suficiente en políticas de vivienda pública y estableciendo mecanismos legales que obliguen, a los responsables financieros de la crisis inmobiliaria y a los grandes tenedores de vivienda, a asumir responsabilidad social y evitar nuevas burbujas especulativas.

Organizaciones sociales y sindicales promotoras

La PAH, Movimiento Nadie sin hogar, Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, Entrebarris, la Juventud Obrera Cristiana, Alianza de Mareas y Movimientos Sociales de Cataluña, Comisión Promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía, Coordinadora Estatal en defensa del Sistema Público de Pensiones, Coordinadora de Asambleas de trabajadores en paro de Cataluña, Taula d’Entitats del Tercer Sector Social, Confederación Intersindical, Confederación General del Trabajo, Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores, Observatori DESC, Alianza contra la pobreza energética, Alianza por el Derecho a la Vivienda de Madrid, Grupo Monitoreo DESC, Plataforma Contra los Fondos Buitre, Plataforma DESC España.

Redacción

Redacción de Noticias Obreras.