Se acentúa la preocupación por la situación de las personas en CIE y las repatriaciones forzadas
Las repatriaciones forzadas que se están producido vulneran los derechos de las personas afectadas y despojándolas de toda dignidad y respeto. Los CIE continúan sin cumplir con las condiciones adecuadas para evitar contagios y garantizar la salud y derechos de las personas internadas y trabajadoras.
El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) expresa su profunda preocupación y disconformidad con la gestión adoptada en el ámbito y funcionamiento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), según la carta enviada al Ministerio del Interior, responsable de su gestión.
Trato cruel e inhumano
Estos centros de internamiento que genera un “inútil sufrimiento de las persona migrantes” continúan sin tener un protocolo de actuación que garanticen la seguridad, salud y derechos de las personas internadas y trabajadores frente a la COVID-19. Las graves deficiencias en los procesos y en los servicios básicos suponen un trato cruel e inhumano a las personas privadas de libertad.
En estos días se ha alcanzado el periodo máximo de internamiento de las primeras personas que fueron internadas en los CIE de la península, todas de origen argelino. SJM ha sido testigo de cómo esta medida afecta arbitrariamente de forma distinta a las personas privadas de libertad en un CIE. En Murcia fueron puestos en libertad, poniendo de manifiesto el uso irresponsable y desproporcionado de esta medida tan restrictiva de internamiento. Sin embargo, en Barcelona yen Madrid, han sido llevados a Argelia justo antes de alcanzar los 60 días máximos de internamiento. Una repatriación que se ha producido, en ambos casos, de madrugada y sin la notificación previa preceptiva legalmente, vulnerando los derechos de las personas afectadas y despojándolas de toda dignidad y respeto.
Sin transparencia
En la reciente publicación del anexo al último informe anual de SJM sobre los CIE, se denunciaba el incumplimiento por el Ministerio del Interior de su deber legal de transparencia, proporcionando los datos fuera del plazo legal establecido y denegando injustificadamente el acceso a parte de la información solicitada, a pesar de la reclamación del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ante una queja de SJM. A día de la fecha, se mantiene el incumplimiento, a pesar de dicho apercibimiento y del interés legítimo de las organizaciones defensoras de DD.HH. Tal y como se señalaba en este informe, el gobierno mira hacia otro lado en la gestión de los flujos migratorios, anteponiendo las medidas restrictivas y de expulsión en lugar de dar una respuesta humanitaria de calidad y de respeto a los derechos humanos.
Redacción de Noticias Obreras.
