El Servicio Jesuita a Migrantes denuncia la violación de los derechos humanos en la Frontera Sur
Hostigamiento, violencia y violación de los derechos humanos son respuesta común a las personas en tránsito en la frontera entre Marruecos y España, según el último informe del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) Frontera Sur 2020: Buscar salida, que además denuncia las condiciones de vida indignas dispensadas durante el confinamiento a este colectivo.
El informe denuncia que “el endurecimiento del control de los movimientos migratorios por parte de Marruecos (con fondos de la UE) implica un hostigamiento policial continuo y más violencia sobre migrantes y refugiados”. Según el SJM persisten las operaciones policiales españolas y marroquíes más allá de los límites de su jurisdicción territorial, el rechazo en frontera, las restricciones de tránsito incluso de solicitantes de protección y asilo, así como una mala praxis ante las víctimas de trata que las criminaliza en vez de protegerlas y los menores extranjeros bajo tutela administrativa, a los que se deja en situación irregular al cumplir la mayoría de edad.
Josep Buades SJ, coordinador del área de Frontera Sur, ha explicado que el informe refleja este trabajo de una década, aunque se centra en cambios en el control migratorio, en prácticas administrativas y en resoluciones judiciales que tienen impacto en el contexto fronterizo. “Desde SJM proponemos la derogación de la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería que ampara como rechazo en frontera en Ceuta y Melilla las devoluciones sumarias”, ha dicho. En cualquier caso, SJM, que trabaja con otras entidades de Iglesia acompañando a personas objeto de devolución (menores de edad, perfiles de asilo, sin atención sanitaria ni letrada) insiste en regular la figura del rechazo en frontera para que cumpla con criterios de constitucionalidad.
David Melián, abogado de SJM en Melilla, ha denunciado la paradoja de “que aquellas personas que sufren algún tipo de persecución o cuya vida corre peligro en su país de origen, se vean forzadas a arriesgar su vida para poder salvarla”. “Desde SJM proponemos la publicación de un reglamento que desarrolle la Ley de Asilo, especialmente en lo que concierne a la solicitud de protección en Embajadas y Consulados. Además, una futura ley debería regular la formación de corredores humanitarios en territorio marroquí para canalizar el acceso seguro de solicitantes de asilo a las oficinas de asilo y refugio en los puestos fronterizos de Ceuta y de Melilla.
La abogada María Vieyra, del equipo de Frontera Sur, ha destacado la victoria judicial que supone que el Tribunal Supremo haya sentenciado que los solicitantes de protección internacional tienen derecho a circular libremente por todo el territorio nacional y a elegir su lugar de residencia en España siempre que la petición haya sido admitida a trámite y la persona haya sido debidamente documentada.
Por último, Diego Fernández-Maldonado, abogado de SJM, ha profundizado en el drama de la separación de familias en la frontera. “Ha ocurrido y sigue ocurriendo muy a menudo. El derecho a la vida en familia, un pilar rector de nuestro modelo de convivencia, un derecho fundamental Europeo, ve que en Melilla su respeto efectivo es dilatado en el tiempo por el celo desproporcionado de las autoridades”. Esta situación supone un choque para la Administración Pública entre la búsqueda por la reagrupación familiar y la seguridad jurídica de protección ante posibles casos de riesgo de trata de niños y niñas. “Somos plenamente conscientes de estas circunstancias y por ello apoyamos la búsqueda de un protocolo que equilibre el rigor y seguridad jurídica con el análisis individualizado y multidisciplinar de cada caso“. En el horizonte, se dibuja un objetivo último: el interés superior del menor.
Redactor jefe de Noticias Obreras
