Sanar una economía pandémica
A pesar de la excepcionalidad de esta nueva crisis, comparada, salvando las distancias con la peste negra o la Segunda Guerra Mundial, no hay todavía un planteamiento integral para poner el sistema económico al servicio de la recuperación, ni liderazgos claros que marquen el camino a seguir.
El PIB mundial se verá reducido, al menos, en un 3%; en los países en desarrollo en torno al 6%, y casi un 95% de los países verán caer su PIB per cápita durante 2020 según el FMI. En nuestro país, según el Banco de España, la caída será de entre el 5 y el 13,6%, con un déficit superior al 11%, una deuda pública de hasta el 122% del PIB y un desempleo del 22% de la población activa.
El Estado aparece como el salvador de las empresas y asegurador de última instancia. La ortodoxia económica, el consenso económico de la globalización, han quedado en suspenso, de momento. La disponibilidad de recursos y las alianzas con los grupos de interés en los que se apoya cada administración marcarán las prioridades en cada nación.
El primer aviso del Gobierno español, allá por el 18 de marzo de 2020, que preveía la movilización de 200.000 millones de euros del presupuesto público, fue visto como ineludible. Su eficacia depende de la rapidez con que se traduce realmente en dinero contante y sonante en la caja de las empresas y el monedero de las familias.
El inevitable aumento el gasto público del Gobierno de España no se diferencia básicamente de lo que se hace en otros países, incluso muchas de sus medidas son más moderadas que las que toman otros gobiernos de nuestro entorno, con más reservas financieras y mejores servicios públicos. Pero la liquidez de la Hacienda española está condicionada fuertemente por las decisiones de la Unión Europea.
Muy pronto, se resquebrajó el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y permitiendo a los gobiernos saltarse el techo de gasto y aumentar su déficit. El 8 de abril, tras intensos debates y presiones, las instituciones comunitarias cifraron en 540.000 millones de euros la cantidad inicial de un plan que, en opinión del profesor Juan Torres, era «tardío, insuficiente e inadecuado». Eran 200.000 millones en créditos blandos, hasta 240.000 millones a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y hasta 100.000 millones de euros del presupuesto de la UE, en la mayor medida posible, en préstamos para «proteger el empleo en las circunstancias específicas de emergencia de la crisis COVID-19».
Además, el Banco Central Europeo ha tenido y tendrá que seguir manteniendo su programa ilimitado de compra de deuda pública, para contener la prima de riesgo de los Estados, especialmente la de los países del sur de Europa.
«El problema de esta medida es que el Banco Central Europeo de nuevo va a financiar a los gobiernos por la puerta de atrás. Es decir, que primero da dinero a los bancos privados al 0% y luego son estos los que financian (lógicamente lo más caro que puedan pues ese es su negocio) a los gobiernos o empresas», dice Torres.
No conviene olvidar que «de la mano del gran poder de la banca en todo el planeta, la deuda no ha parado de crecer en los últimos años. La global es ahora unos 70 billones de dólares más elevada que la de hace diez años y va acompañada de multitud de burbujas y del mantenimiento de miles de empresas zombis en todo el planeta».
Lo que va a conseguir el BCE es lo mismo que viene consiguiendo hasta la fecha con su política de flexibilización cuantitativa: lavar los balances de los bancos quedándose con los títulos basura, rentabilizar la inversión de los grandes poseedores de fondos y títulos (a costa de aumentar la desigualdad) y, en suma, dar a los bancos más liquidez que, ni mucho menos, es seguro que vaya a ir destinada a las empresas que lo necesiten.
Sin embargo, todavía no ha sido posible establecer la llamada mutualidad de la deuda soberana, para avalar a los países del sur en los mercados de deuda. La Unión aspira a relanzar la actividad económica especialmente en el sector digital y medioambiental, pero no está claro cómo financiar las inversiones necesarias, toda vez que la creación de dinero está en manos del interés compuesto de los bancos privados. El Banco de Inglaterra financiará directamente al gobierno británico, como hace ya la Reserva Federal estadounidense.
Los países con mejor balance fiscal podrán, sin demasiados costes, inyectar dinero público en las empresas, entrando en su capital incluso, mientras que España, Italia y Grecia tendrán que dedicar el dinero a garantizar rentas a sus ciudadanos más expuestos. El riesgo es la asimetría provocada en mercados donde competirán empresas con apoyo público y otras obligadas a endeudarse.
El 18 de mayo el presidente Macron y la canciller Merkel se pusieron de acuerdo para presentar al resto de gobiernos de la Unión Europea un programa que permitiría que la Comisión se endeude en los mercados, por un valor de 500.000 millones de euros, y que ese dinero extra en el presupuesto comunitario se reparta entre los sectores y las regiones más afectados por la crisis de la COVID-19. Todos los países comunitarios asumirían sus costos en virtud de su contribución al presupuesto conjunto de la Unión, teniendo que aportar entre su parte 2021 y 2027.
A pesar de la limitada cantidad propuesta (el Gobierno de España planteó una especie de plan de reconstrucción de 1,5 millones de euros), los socios comunitarios calificados de frugales (Austria, Holanda, Dinamarca y Finlandia) siguen manteniendo su negativa. Alemania, al menos, ha dejado de negarse a mancomunar la deuda o a recurrir a las transferencias incondicionales. Al escribir este artículo, las instituciones comunitarias seguían sin acordar el plan definitivo.
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ya se ha pronunciado ante la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso de los Diputados, a favor de reducir los desequilibrios fiscales: «El ajuste es inevitable». No ahora, pero en cuanto la actividad económica vuelva a tomar velocidad, habrá que recortar gastos y subir impuestos, advertía.
Sin el apoyo europeo, sin estrategia para reducir a medio y largo plazo la deuda, ni ambiciosas alianzas transversales, nuestro país se enfrenta a un futuro muy negro. Las recetas anteriores, los ajustes acometidos desde 2008, infringieron un sacrificio inútil a amplias capas de la población y a importantes sectores de la economía real. Una lección que no debería repetirse.
La administración española debe mejorar su transparencia, fiabilidad y cohesión para negociar decididamente en Europa y en el mercado global, para poder apostar por su tejido empresarial más dinámico, no por los bancos ni aquellas compañías que dominan los mercados, para aplicar reformas de todo tipo, especialmente en el delicado campo fiscal, que le permitan afrontar con suficiencia los retos que se avecinan.
Sin olvidar que la meta debe ser muy diferente a la ineficiencia, inequidad y degradación ilimitada del medio ambiente generadas por décadas de economía neoliberal. La nueva economía debe ser capaz de atender los bienes y servicios esenciales, con sostenibilidad y equidad, reduciendo, cuando no conteniendo, la financiarización de la economía y las prácticas extractivas que deja la prosperidad en muy pocas manos. •
Redactor jefe de Noticias Obreras
