La incapacidad de la Unión Europea
La incapacidad de la Unión Europea (UE) para orientarse hacia políticas realmente solidarias y que protejan a los más vulnerables frente a la situación creada por la pandemia de la COVID-19 no es algo coyuntural sino estructural. La UE no está concebida para la solidaridad y la justicia social, sino para la competencia y los negocios sin restricciones.
Esta concepción estructural de la UE no hace sino incrementar las desigualdades al interior de cada uno de los países miembros. Ocurrió con la crisis de 2008, con la imposición de políticas de recortes sociales para reducir el gasto público (lo que provocó un gran desastre social) y con la prioridad otorgada al pago de la deuda (generada por las propias políticas de la UE y que no han hecho sino aumentar, para alegría del negocio de la gran banca y los especuladores financieros, que viven de ella). Se parte de la idea (falsa) de que los Estados gastan demasiado, cuando el problema es que ingresan poco y no cumplen su función de redistribuir con justicia la riqueza social. Es una política neoliberal que solo favorece el enriquecimiento de unos pocos contra las necesidades de la sociedad. Ahora vuelve a ocurrir lo mismo. No se camina hacia más justicia social a través de la cooperación y la justicia fiscal. Estructuralmente la UE es para lo contrario.
En Capital e ideología (un magnífico análisis de la desigualdad y de cómo combatirla), Thomas Piketty lo explica así: «Europa ha basado casi exclusivamente su modelo de desarrollo en la competencia entre territorios e individuos (…) y en la incapacidad de los Estados miembros para adoptar un política fiscal o social común» (p. 658). «La competencia fiscal entre los Estados europeos ha llevado al continente a una dinámica de dumping fiscal durante el periodo 1990-2020, especialmente en lo que respecta al impuesto de sociedades, que en la mayoría de los países estaba entre el 45 y el 50% en la década de 1980 y que ha disminuido gradualmente hasta alcanzar una media de apenas el 22% en la Unión Europea en 2018» (p. 659). «La liberalización de los flujos de capitales sin intercambio de información y sin coordinación fiscal puede llevar a socavar la progresividad de todo el sistema tributario, como pone de manifiesto la altísima concentración de la propiedad (especialmente financiera)» (p. 666). «Los países ricos son ricos: son los gobiernos los que han elegido ser pobres, que es muy distinto» (p. 735).
La UE necesita cambiar profundamente, construyendo políticas comunes en los social y fiscal, con transparencia y participación democrática
La UE necesita cambiar profundamente, construyendo políticas comunes en los social y fiscal, con transparencia y participación democrática, porque el déficit democrático de la actual UE es clamoroso. Las actuales políticas, que sostienen e incrementan la desigualdad, son extremadamente peligrosas. Conducen a un neoliberalismo aún más autoritario. No hacen más que extender los repliegues nacionalistas y los engañosos discursos de la extrema derecha, que son un callejón sin salida.
Así lo expresa Piketty: «La negativa a debatir racionalmente sobre la fiscalidad progresiva de la riqueza y, en concreto, el discurso que defiende que es estrictamente imposible someter a tributación a las grandes fortunas, de modo que las clases medias y populares están condenadas a pagar en su lugar, es una opción política extremadamente peligrosa (…) corremos el riesgo de contribuir a la desilusión por cualquier programa ambicioso de solidaridad fiscal, así como al aumento de los repliegues sociales e identitarios» (p. 690). «Mientras la Unión Europea no esté al servicio de una política de justicia social y fiscal clara y visible (como un impuesto europeo sobre las rentas y las riquezas más elevadas), resulta complicado ver qué es lo que podría poner fin a este divorcio radical entre las clases populares y la construcción europea» (p. 955). «La solución más natural sería desarrollar una forma de federalismo social basada en el internacionalismo y el federalismo democrático, que promoviese la redistribución de la riqueza y la justicia social (…) En la práctica, el objetivo de las instituciones europeas (…) ha sido organizar un gran mercado (…) sin política fiscal ni social común» (p. 1058). •
Militante de la HOAC
