La COVID-19 nos ha devuelto al “peor momento de la última crisis”
La COVID-19 “ha paralizado el lento proceso de recuperación que venía iniciándose desde mediados de la década y ha trastocado todas las previsiones y cambiado los planes de desarrollo de todos los sectores socioeconómicos”. Así lo ha indicado Guillermo Fernández, técnico del Equipo de Estudios de Cáritas.
Al tiempo que se daba a conocer el Informe 2020 de la Fundación FOESSA , Distancia Social y Derecho al Cuidado, Cáritas ha ofrecido los resultados de una encuesta a toda la confederación sobre el impacto que ha tenido la COVID-19 en sus organizaciones diocesanas así cómo la Memoria anual 2019
Los datos confirman los estragos que la pandemia ha causado en la sociedad de nuestro país. Las peticiones de ayuda recibidas por Cáritas han aumentado un 77% en los últimos meses, y el porcentaje de personas atendidas a través de su programa de acogida y asistencia un 57%
El 26% de las personas que ha recurrido a la ayuda de la atención humanitaria organizada por la Iglesia lo ha hecho por primera vez en toda su vida. Teniendo en cuenta a los que han tenido que hacerlo después de más de un año, el porcentaje de nuevos demandantes de ayuda durante este año se eleva al 33%.
La última entrega del Informe FOESSA, en cuyo patronato participa la HOAC, describe una sociedad donde la pobreza severa, que no había parado de aumentar, a pesar de la recuperación del empleo, antes de la COVID-19, está muy presente. Hoy tres de cada 10 personas en la exclusión grave carecen de cualquier tipo de ingreso.
Los hogares en exclusión grave que se sostenían sólo de los ingresos de su propia actividad laboral, que casi habían alcanzado a la mitad del colectivo antes de la crisis, han vuelto a caer dramáticamente. Hoy solo 1 de cada cuatro hogares se puede sostener del empleo.
FOESSA advierte de la previsible crisis de emergencia habitacional que viene. Tras el primer impacto del coronavirus, la mitad de los hogares en situación de grave precariedad no pueden hacer frente a los pagos de hipoteca o alquiler de la vivienda (49,2%) y no disponen de dinero suficiente para pagar gastos de suministros (51,2%).
La salud dentro de la exclusión social sufrirá otro duro golpe, reforzando la tendencia de los últimos años. Si la Encuesta FOESSA de 2018 sacó a la luz que la dimensión de la salud había empezado a convertirse en el factor más influyente en los procesos de exclusión grave en algunos territorios de nuestro país, en la actualidad el 60% de los hogares en exclusión grave ha visto cómo empeoraba su estado psicoemocional durante el confinamiento, mientras que el 26% consideran que ha empeorado su estado físico.
Otra fractura detectada es la brecha digital que reduce la igualdad de oportunidades, tanto en la infancia como en los hogares más excluidos. Para uno de cada tres hogares en exclusión grave (34%) está disminuyendo el rendimiento escolar de sus hijos e hijas al no poder seguir el ritmo marcado.
También se ha dejado sentir la falta de mecanismos de conciliación, que ha impactado mucho más intensamente a los hogares en exclusión grave con menores de edad. El 18% de ellos admite haber tenido que renunciar a una ocupación o puesto de trabajo para hacerse cargo de ellos.
La familia y los entornos cercanos han vuelto a movilizarse para prestar ayuda, aunque cada vez menos. Su capacidad de apoyo había quedado ya mermada en la anterior crisis. La novedad quizá de esta crisis es que está introduciendo una nueva variable de estratificación social vinculada al riesgo de confinamiento. Este nos ha estructurado en tres grandes grupos: los confinados seguros, los confinados de riesgo y los desarraigados.
Retos para el desarrollo social
El “Análisis y Perspectiva 2020” contiene, como en otras ocasiones, una serie de propuestas para paliar los desajustes estructurales detectados, como “aislar el debate sobre la salud pública de la crispación del clima político”, para que no se “convierta en un elemento electoral con gran potencial conflictivo”; “revisar la atención a la dependencia”,que vayan más allá de las “medidas de control y supervisión”, de modo que pueda saldarse el déficit estructural de nuestro sistema de dependencia; y “visibilizar el pilar de los cuidados sacándolo del debate de círculos reducidos”, dentro de “un modelo articulado donde lo público, lo privado y lo comunitario se vayan tejiendo para promover una responsabilidad compartida que prevalezca sobre un planteamiento de individualización”.
Igualmente, el estudio apuesta por reforzar el ingreso mínimo vital (IMV) dentro el sistema de garantía de ingresos en España, con el fin de asegurar el derecho a la supervivencia material pero también el derecho a la inclusión social, si las Comunidades Autónomas aprovechan para transformar sus rentas mínimas complementando las medidas de lucha contra la pobreza, como por ejemplo un complemento para el acceso a la vivienda.
Con el fin de mejorar la cohesión social y territorial, hará falta una estrategia coordinada para reducir la brecha digital que se ocupe, no solo de la inversión en infraestructuras y dispositivos, sino también de la formación a determinados perfiles de la población, ajenos al tecnología digital, así como una mejorar la pedagogía fiscal para acometer una reforma en profundidad, que afiance el Estado de Bienestar, donde “todos seamos conscientes de sus costes y de las seguridades que nos ofrece”.
El capítulo de las propuestas termina con una apelación a construir puentes en un contexto de fuerte enfrentamiento político-social. De ahí que ante la evidencia del “riesgo que corremos de salir de esta crisis con una polarización social que no ayude a enfrentar el futuro”, afirme que “es más necesario que nunca construir puentes, acciones e ideas que rompan los bloques inmovilistas y que acerquen a las personas”.
Redactor jefe de Noticias Obreras
