Responsabilidad global ante el cambio climático

Responsabilidad global ante el cambio climático
Foto | American Public Power Association
«Las Naciones Unidas no fueron creadas para llevarnos al cielo, sino para salvarnos del infierno». Esta cita de Dag Hammarskjöld, exsecretario general de las Naciones Unidas, resuena en mi mente cada vez que se acerca la Conferencia de las Partes (COP por sus siglas en inglés).

En menos de un mes vuelven a reunirse, como cada año, los 198 países que firmaron en 1992 la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En ella se comprometen a actuar conjuntamente para estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero «a un nivel que impida interferencias antropógenas (inducidas por el hombre) peligrosas en el sistema climático». Esta vez, la conferencia se celebrará en Bakú del 11 al 22 de noviembre. Algunos la han llamado la «COP de las finanzas» porque lo que ahora está en juego es fundamentalmente el dinero. Ingentes cantidades de dinero.

¿Qué es importante tener en cuenta este año? Los países deben acordar una nueva estructura financiera. Desde 2009, los países desarrollados se comprometieron a dar 100.000 millones de dólares anuales para la acción climática en los países en desarrollo, hasta 2025. Pero esta promesa no se cumplió en su totalidad. El informe más reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señala que únicamente en 2022, los países industrializados destinaron el dinero prometido. Por tanto, el principal propósito de la COP29 es crear una estructura para financiar la lucha climática, que se concreta en el famoso nuevo objetivo colectivo cuantificado de financiación (NCQG, por sus siglas en inglés).

Respecto a cuánto dinero se necesita, el Grupo Árabe propuso que los países más industrializados se comprometan con 1,1 billones de dólares anualmente. Sin embargo, el Comité Permanente de Finanzas de ONU Cambio Climático estableció que, para 2021, se necesitaban casi 6 billones de dólares para implementar los planes de acción climática de los países en desarrollo, sin incluir siquiera la adaptación. Pero ¿quién pondrá el dinero? Mientras el Sur global defiende que sean los países desarrollados quienes hagan el mayor esfuerzo –dada su responsabilidad histórica respecto a la contaminación– potencias como Estados Unidos y la Unión Europea proponen incluir al sector privado en esa base de contribuyentes, algo que el Sur global considera como una elusión de la responsabilidad.

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Otros tres temas cruciales son: acceso, principios y transparencia. Sobre el primero, se debate qué porcentaje del dinero debe ser en préstamos –que endeudan aún más a países en desarrollo– y qué porcentaje en subsidios. El tema de los principios se refiere al debate sobre responsabilidad común y diferenciada. Y, finalmente, la transparencia es una pugna para que las fuentes de información, sobre cuánto dinero realmente se da y de dónde proviene, sean mucho más claras de lo que son ahora. Todo esto sin olvidar que lo más importante es dejar atrás los combustibles fósiles y establecer formas vinculantes de transición energética que tengan tres características: que sean eficientes, que sean obligatorias y que se puedan monitorear fácilmente (Laudate Deum, DM, 59).

¿Qué papel jugamos nosotros, la sociedad civil, en todo esto? Como recuerda el papa Francisco, las agrupaciones y organizaciones de la sociedad civil ayudan a paliar las debilidades de la comunidad internacional, su falta de coordinación en situaciones complejas, su falta de atención frente a derechos humanos (LD 37). Tenemos que involucrarnos por el bien común. Desentendernos de la política implica desentendernos de los daños ambientales (LD 38). Como decía Hammarskjöld, confiamos en que las Naciones Unidas eviten el infierno. Pero aún más confiamos en que las personas de a pie pediremos cuentas para que así sea.