Piden que la presidencia española del Consejo de la Unión Europea refuerce la justicia fiscal
La Plataforma por la Justicia Fiscal ha enviado una carta a La Moncloa con lo que consideran que deben ser cinco prioridades de acción para garantizar la progresividad y suficiencia fiscal del modelo social europeo.
La plataforma en la que están presentes sindicatos, ong, y entidades como Justicia y Paz, entiende que “sin una fiscalidad progresiva, suficiente y equitativa, no habrá justicia social”. “No es posible alcanzar los niveles deseados de cohesión y justicia social si no existe también justicia fiscal, que se traduce en dos cuestiones: de un lado, un nivel suficiente de ingresos públicos, que permitan la financiación adecuada de las políticas que componen el estado de bienestar (sanidad, educación, pensiones, servicios sociales), y de otro, que las aportaciones sean progresivas, es decir, que paguen proporcionalmente más quienes poseen mayor capacidad para hacerlo por su renta o riqueza”.
De ahí que ante la presidencia española del Consejo Europea en el último semestre de este año, consideren necesario combatir la evasión fiscal y acabar con la competencia fisca a la baja entre países, que “solo conducen a medio plazo al empobrecimiento colectivo y de la mayoría social”.
Desde su punto de vista, la presidencia española ha de servir para “impulsar las reformas necesarias” para avanzar hacia la equidad fiscal, en concreto, en cinco ámbitos de gran relevancia: el establecimiento de nuevas reglas fiscales que sean compatibles con el progreso social; nuevas medidas contra las guaridas fiscales y mayor cooperación en materia de lucha contra el fraude fiscal; a armonización de la tributación empresarial para los países miembro; la tributación sobre la riqueza, las rentas de capital y los beneficios extraordinarios; y el fortalecimiento del Pilar Europeo de Derechos Sociales.
Cinco prioridades
Para la plataforma, la propuesta actual de la Comisión sobre el nuevo marco fiscal a aplicar tras las medidas excepciones adoptadas para combatir la pandemia, es “decepcionante”, por lo que debería reorientarse con urgencia para alcanzar mayores dosis de mutualización de riesgos y coherencia con las necesidades productivas y sociales de los países miembro, así como potenciar la democracia en los mecanismos de toma de decisiones. Igualmente, proponen que la UE asuma una conducta de tolerancia cero contra el fraude, la evasión o la elusión fiscal, uno de los principales problemas para la sostenibilidad de sus finanzas, lo que supone impedir la existencia de territorios de baja o nula tributación y las prácticas de dumping fiscal entre los países miembro.
El acuerdo que se alcanzó en el Marco Inclusivo de la OCDE a finales de 2021, bajo el G20, ha conducido a la adopción en el seno de la UE de un tipo mínimo efectivo global sobre sociedades del 15%, que se aplicaría a empresas multinacionales con un volumen de negocios superior a los 750 millones de euros. No obstante, la plataforma considera que “su aplicación va con retraso y que su actual formulación no es suficiente”.
Para lograr una mejor armonización de la estructura fiscal de los países miembro, ve necesario “mejorar la regulación de algunos aspectos de la imposición sobre el capital, que mantiene elevadas dosis de opacidad y una progresividad muy reducida, así como elevar las aportaciones de la tributación sobre la riqueza, pieza clave de la capacidad redistributiva del sistema fiscal, cuya función ha salido reforzada con la experiencia de la crisis pandémica”.
En línea con alguna de las recomendaciones de la Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de mayo de 2023, sobre recursos propios, las siguientes iniciativas, la plataforma reclama nuevos impuestos para alimentar el presupuesto comunitario y financiar las necesidades de gasto extraordinarias relacionadas con las inversiones en digitalización y transición verde, la extensión del diseño del impuesto a los beneficios extraordinarios para las energías fósiles a otros sectores y convertirlo en un mecanismo permanente de activación automática en contextos de crisis, implementar ya un impuesto sobre las transacciones financieras a nivel europeo y considerar otras fuentes de ingresos procedentes de las grandes empresas que operan en el mercado único.
Por último, para equilibrar, como apunta la aprobación del Pilar Europeo de Derechos Sociales, la estabilidad macroeconómica con la cohesión social y territorial, hace falta incluir los objetivos sociales en los Tratados y Reglamentos del marco de gobernanza de la Unión y asegurar que los nuevos objetivos de estabilidad presupuestaria que finalmente se implementen sean compatibles con el logro de los objetivos sociales que la Unión declara perseguir.
Redactor jefe de Noticias Obreras
