Pacto de rentas y redistribución de la riqueza
Décadas de políticas neoliberales para proteger los crecientes beneficios de las élites económicas a costa de la sociedad, han erosionado la cohesión social y convertido en estructural una creciente desigualdad.
En ese contexto, la crisis provocada por la especulación financiera y estas políticas neoliberales con que se afrontó para seguir protegiendo los beneficios de dichas élites, acentuaron aún más las desigualdades, la exclusión social, la precariedad laboral y la desprotección de personas y familias. Después, la crisis de la COVID-19, aunque se ha afrontado con políticas de mayor protección social y del empleo que han mitigado sus efectos, ha vuelto a incrementar la desigualdad y la exclusión social. Ahora, la crisis provocada por la guerra en Ucrania amenaza de nuevo con los mismos efectos, particularmente por el impacto de la inflación en la actividad económica y en la vida de las familias.
En este marco se ha planteado la necesidad de un pacto de rentas. Para algunos no es otra cosa que moderación salarial –también del incremento de las pensiones–. Sin embargo, la inflación no la han provocado los salarios. La guerra ha acentuado una tendencia que venía de atrás, muy vinculada a la especulación en los mercados y a la deshonestidad de algunos que siempre quieren aprovechar el aumento de la demanda por la recuperación económica para incrementar sus márgenes de beneficios. Muy en particular, la inflación está vinculada al funcionamiento inmoral del mercado energético del que solo se benefician unas pocas grandes empresas, perjudicando gravemente al conjunto de la sociedad. Por eso, la pregunta pertinente, como algunos plantean con toda razón, es sobre quién deben recaer más los costes de las crisis, y eso depende en buena medida de las políticas que se hagan para afrontarlas. El pacto de rentas que necesitamos debería apuntar a combatir las desigualdades y a una nueva redistribución de la riqueza.
Como señala Cáritas, la situación de creciente exclusión social reclama dar prioridad a las políticas para proteger a las personas y a las familias, particularmente a las más vulnerables. Dedicar más recursos y dedicarlos mejor, reforzando los mecanismos de protección social y garantizando el acceso a ellos de quienes más lo necesitan. Es necesario atajar la insuficiencia estructural de la protección social y eliminar los obstáculos de acceso a la misma, agudizados por la brecha digital que ha dejado a muchas familias al margen de la protección que necesitan.
Junto a esto, es fundamental profundizar en cambios estructurales en diversos campos, como el que intenta la reforma laboral para combatir la precariedad, o el que supone el aumento del salario mínimo, o las situaciones de las empleadas del hogar, o la de las personas inmigrantes que están en situación sobrevenida de irregularidad administrativa, etc. Reformas estructurales que modifiquen el sometimiento de algunos sectores productivos (como el agrario-ganadero o el del transporte) a los beneficios de unas pocas empresas en detrimento de quienes trabajan en el sector. Reformas para poner coto al indecente negocio en torno a bienes básicos como la vivienda o la energía que hipotecan la vida de personas y familias y el funcionamiento de la economía…
Y también la necesidad de una nueva fiscalidad, esencial para combatir las desigualdades y promover la solidaridad social. En primer lugar, porque necesitamos que el Estado disponga de los recursos suficientes para la protección social, los servicios públicos, las ayudas dirigidas a la protección del tejido empresarial y el empleo… En segundo lugar, porque el sistema fiscal es esencial para la redistribución de la riqueza que permita responder a las necesidades sociales y limite el poder de las élites económicas. El debate sobre si hay que bajar o subir impuestos es una falacia. El verdadero debate es a quién hay que subir los impuestos para combatir las desigualdades.
Un pacto de rentas que no tenga en cuenta estas cosas solo servirá para mantener o incrementar las desigualdades que destruyen la sociedad. •
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Comisión Permanente de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC).
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