Trabajadoras sociosanitarias seguirán luchando por sus derechos
Las trabajadoras sociosanitarias de atención en domicilio seguirán presionando para que este importante sector de cuidados “no siga siendo una bolsa de pobreza, de abuso, de explotación y de ausencia de derechos”.
La Asociación Madrileña de Sanitarias de la Atención a Domicilio organizó una acampada en la Puerta del Sol desde la madrugada hasta la celebración de las marchas por el 8 de marzo, para llamar la atención sobre su situación.
Esta asociación anuncia que mientras se ha conseguido que las mujeres obligadas a cuidar se liberen en mayor o menor medida de ese deber, haciendo posible romper su más o menos alto techo de cristal en lo económico, laboral, social y cultural, no ha ocurrido lo mismo con las trabajadoras encargadas profesionalmente de estas tareas.
De hecho, señalan que el empleo en este sector supone establecer “bolsas de pobreza, con salarios que a jornada completa no llegan a 900 euros netos, pero que dada la gran parcialidad que alcanza al 80% de las trabajadoras los salarios son de 400, 500 o 600 euros”.
También recuerdan que durante el confinamiento, según el IMSERSO, siguieron atendiendo a 473.028 personas mayores en sus domicilios, más otras 99.247 que, al cerrarse los centros de día, necesitaron sus servicios, declarados “esenciales”, lo que supone el 6,15% de este grupo de población.
Tampoco se olvidan de que fueron “el segundo sector más contagiado por COVID-19, un 0,5% menos que los trabajadores sanitarios y un 5,5% más que las compañeras de residencias por falta de EPI adecuados”. Sin embargo, quedaron excluidas de los decretos que consideraban el contagio como derivado del trabajo y que sí amparaban a sanitarios y sociosanitarios de residencias.
Reconocimiento de derechos
Las trabajadoras sociosanitarias de atención a domicilio reclaman ser incluidas en los planes de de prevención y seguridad en el trabajo, derecho a la jubilación anticipada y la gestión directa de estos servicios por parte de las Administraciones, garantes y responsables de velar por un derecho reconocido como es la atención a la dependencia.
De ahí que se hayan dirigido al Ministerio de Trabajo, el de Inclusión, y el de Derechos Sociales y el de Igualdad para que sean debidamente reconocidos sus derechos.
Han aprovechado, igualmente, para reivindicar ser parte del estudio impulsado por el ministro Escrivá para establecer el coeficiente reductor para la jubilación, que afectaría a trabajadores sanitarios, de residencias y de servicios sociales sin alojamiento, aunque temen quedar fuera, “como estamos fuera de los estudios del Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo”.
También piden a la titular de Derechos Sociales, Ione Belarra, evitar que se utilice “la vulnerabilidad de las personas que necesitan esta atención como excusa para que otros hagan negocio”, y a la de Igualdad, Irene Montero, impulsora del libro blanco que contendrá el diseño del nuevo sistema estatal de cuidados, estudiar a fondo las consecuencias que pueda tener para las trabajadoras que van a hacer posible ese sistema de cuidados”, para que “no se construya sobre la desigualdad como se ha construido la ley de dependencia”.
Porque los cuidados son algo cotidiano y fundamental en nuestras vidas, reivindican que “esos cuidados sean valorados como merecen, para que el SAD que debería ser una profesión llena de humanidad no siga siendo una bolsa de pobreza, de abuso, de explotación, de ausencia de derechos y limbos jurídicos”. Está previsto que continúen las movilizaciones de las sociosanitarias a domicilio en próximas fechas.
Redactor jefe de Noticias Obreras
