La reforma de la FP recibe críticas sindicales por no garantizar la formación de la población trabajadora
La reforma de la Formación Profesional ha recibido críticas de Comisiones Obreras (CCOO) por diluir las acciones orientadas a la población trabajadora y carecer de la inversión necesaria.
El proyecto de Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, aprobado en Consejo de Ministros persigue dotar a esta modalidad educativa de más flexibilidad y protagonismo de las empresas, además de atraer a trabajadores.
Para la ministra de Educación, Pilar Alegría, se trata de una reforma que justifica toda una legislatura. Prevé ampliar las especialidades a impartir, el diseño de cursos relativamente cortos que también podrán seguir trabajadores, personas en paro o mujeres de vuelta al mercado de trabajo.
La ley establece la integración de la oferta actual de la FP que esté dirigida tanto a estudiantes como a trabajadores creando un modelo “mucho más flexible”. Este punto en concreto ha desatado las críticas de los sindicatos.
El derecho a la formación de la población activa
El sindicato CCOO considera que “la Ley no puede obviar la naturaleza laboral y el papel de las organizaciones sindicales y empresariales en el desarrollo del ejercicio del derecho a la formación de la población activa”.
La organización de trabajadores y de trabajadoras recuerda que “el Ministerio de Educación y Formación Profesional asumió en el año 2020 parte de las competencias de formación para el empleo, incluida la gestión de un porcentaje importante de los ingresos de la cuota de Formación Profesional para su financiación”, pero todavía el Ministerio de Trabajo sigue siendo competente en políticas activas de empleo, uno de cuyos ejes es la formación tanto de personas en situación de desempleo como ocupadas.
Educación ya asumió la formación para el empleo, gestionando parte de las cuotas para la formación permanente
Según explica, durante la negociación de esta reforma, había reclamado la presencia de los dos ministerios en una única mesa, para garantizar así, “el ejercicio del derecho a la formación y al desarrollo profesional en todos los ámbitos, así como la gobernanza del sistema, cuestiones que no han sido recogidas con claridad en el proyecto recién presentado”.
El derecho a la formación de trabajadores y trabajadores está reconocido en el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 4.2, por lo que se hace necesario, en opinión del sindicato, “delimitar con claridad los ámbitos de actuación y garantizar la complementariedad y la eficiencia en la gestión de recursos públicos”.
Además, considera, que “la inversión anunciada es insuficiente a medio plazo, ya que se nutre básicamente con los fondos europeos y con las cotizaciones laborales en concepto de formación profesional, estas últimas destinadas exclusivamente a la formación de la población activa”.
“Sin un incremento de los fondos provenientes de los presupuestos generales no va a ser posible superar los déficits estructurales que arrastra el sistema; entre ellos la orientación académica y profesional en la ESO, el abandono educativo, relacionado sin duda con la falta de plazas públicas en los ciclos formativos; la oferta modular de FP en los centros de adultos, la escasez de oferta educativa de FP en los centros rurales, etc.”, concluye el sindicato. Para CCOO, “a falta de cualificación es, en todo caso, expresión de la insuficiente garantía de los derechos a la educación y la formación reconocidos constitucionalmente”.
Con todos, el sindicato considera que “la mejora de la formación debe acompañarse de la generación de empleo de calidad, no ajustarse a un mercado de trabajo precario”, ante el modelo productivo, la debilidad en la creación de empleo y la extensión de la precariedad.
Excesivo protagonismo de la empresa
Denuncia, además, que “el proyecto de Ley otorga un protagonismo excesivo a la empresa y otros organismos intermedios en la ejecución de las políticas de formación”. En la formación dual, el 100% de las horas de formación podrían impartirse en la empresa, a pesar de que por el momento esta modalidad no llega ni al 4% de la oferta.
El sindicato teme que el resultado de aplicar la ley, tal y como ha sido presentado, será un aumento de la precariedad en el acceso al empleo, tanto para la población joven como para el resto de la población activa, por lo que demanda que la formación dual esté ligada siempre a un “contrato formativo”. Además, según su punto de vista, las empresas deberían garantizar la calidad del empleo y de la tutoría, bajo la responsabilidad del centro de formación y con seguimiento de la representación sindical.
La filosofía de fondo que defiende este sindicato pasa por impulsar el derecho a la formación a lo largo de la vida, en condiciones de equidad, para lo cual entiende que hace falta fortalecer los centros públicos de formación, frente al protagonismo de las empresas, reforzar su papel en la transformación del entorno productivo para afrontar el cambio climático y la desigualdad social.
Redactor jefe de Noticias Obreras
