La legislatura acaba dejando en el aire leyes e iniciativas importantes
La disolución de las Cortes, por el adelanto de las elecciones generales, deja infinidad de proyectos legislativos en suspenso como la ley de familia, la iniciativa por la regularización de las personas migrantes, contra la trata o el estatuto del becario.
La ley de familias que preveía nuevos permisos para familias, así como la declaración de familias numerosas para las compuestas por un solo progenitor y dos menores, se ha quedado varada en la fase de presentación de enmiendas, después de haber pasado el primer trámite parlamentario por la vía de urgencia.
La iniciativa legislativa popular por la regularización de las personas migrantes queda en suspenso, a la espera de que la nueva Mesa del Congreso que se conforme en el Congreso de los Diputados que salga de las próximas elecciones decida si vuelve a ser presentada en comisión o se eleva al pleno para su consideración.
Igualmente queda en vía muerta el anteproyecto contra la trata, que había contado con la participación de organizaciones humanitarias especializadas. El pasado mes de noviembre se inició su tramitación como Ley Orgánica Integral contra la Trata para abordar de manera integral la lucha contra todas las formas de trata y de explotación, desde la sexual y la laboral al tráfico de órganos.
A pesar de que Gobierno y sindicatos habían llegado a un acuerdo para aprobar el estatuto del becario, este no verá la luz durante las sesiones de la legislatura recién acabada. El proyecto había quedado paralizado por los intentos del Ejecutivo de lograr el apoyo de las organizaciones de empresarios.
No ha dado tiempo a modificar la llamada ley mordaza que iba a ser corregida mediante una nueva ley de Seguridad Ciudadana. El anteproyecto presentado por el Gobierno el pasado febrero no pasó el corte por diferencias con los partidos con sus socios de investiduras por lo que se ha quedado en el cajón de las promesas incumplidas.
No habrá, por el momento, ley de sanidad pública que blinde este servicio público contra las privatizaciones ni garantice su universalidad, al suprimir el requisito demostrar tres meses de estancia en nuestro país para ser atendido de forma ordinaria.
Tampoco llegarán a buen puerto los anuncios de legislar sobre la salud mental, de favorecer la atención y apoyo a las personas afectadas por la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), de movilidad sostenible, ni fomento de la industria audiovisual.
Del mismo modo, a pesar de que se habían iniciado los trámites, se paraliza la promulgación de la primera ley de servicios sociales de la democracia y las leyes de agentes forestales y medioambientales y de bomberos forestales.
Aunque se habían dado los primeros encuentros para introducir mejoras en la regulación del trabajo de las empleadas de hogar y de los servicios de ayuda domiciliaria, especialmente, en cuanto a la prevención de riesgos, no será ya en esta legislatura. Tampoco se regularán ya las cotizaciones de los autónomos, ni se creará la prometida Agencia Estatal de Salud Pública.
Además, quedan en el aire los decretos de alivio de la crisis de la Covid-19 y la guerra de Ucrania, cuya prórroga debía acometerse en junio y que quedan ahora en manos de Diputación Permanente de la Cámara baja, si es que los servicios jurídicos entienden que es competente para decidir sobre estos asuntos.
Aparecen también importantes nubarrones sobre la aplicación de la ley de vivienda que dejaba en manos de las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos aspectos cruciales para favorecer el acceso al derecho a la vivienda.
La legislatura del primer gobierno de coalición de la democracia reciente acaba con más de 210 iniciativas legislativas culminadas y tres presupuestos generales del Estado aprobadas, pero deja para otro tiempo numerosas iniciativas que podrían haber tenido un impacto positivo en las condiciones de vida y de trabajo de gran parte de la población.
Redactor jefe de Noticias Obreras
