El PP expone sus condiciones “irrenunciables” en política migratoria, sin dar su apoyo al acuerdo sobre menores migrantes
Los socios del Gobierno junto con Coalición Canarias han presentado ya una modificación a la Ley de Extranjería para agilizar la acogida de personas menores migrantes solas, mientras que el PP ha propuesto una reforma integral de la norma.
El mismo día que el POSE, Sumar y Coalición Canaria presentaban su proposición de Ley para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería, el PP emitió un documento con medidas “irrenunciables” para firmar el plan de acogida de menores migrantes. De momento, no parece fácil un acuerdo entre los dos partidos políticos con más representación en el Parlamento.
Tras el acuerdo de la pasada semana entre Gobierno y Comunidades para trasladar voluntariamente a menos de 400 niños y niñas migrantes a la península, por el que la extrema derecha de Vox salió de los ejecutivos regionales encabezados por el PP, los dos principales partidos políticos han puesto sobre la mesa sus propias soluciones. Canarias acoge a casi 6.000 menores, a pesar de tener capacidad para 2.000.
Sobrepasar la capacidad de acogida
El Gobierno central, con sus socios de gobierno, más Coalición Canaria, que gobierna las Islas con el apoyo de PP, han propuesto modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería para repartir menores migrantes no acompañados cuando el territorio supere el 150% de su capacidad de acogida.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha agradecido el “apoyo y cierre de filas” de la mayoría de grupos parlamentarios de la cámara canaria, que, “a excepción de Vox”, han entendido que esta es una “reforma seria, contundente, estudiada y analizada”. “Esperamos que tenga una amplia acogida entre las distintas fuerzas políticas”, ha deseado.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática Ángel Víctor Torres, ha señalado que “es la única solución que da respuesta definitiva a que los territorios frontera tengan que acoger todos los menores que lleguen a su ámbito”.
En su defensa de la propuesta ha argumentado que la “base” es la Conferencia Sectorial, donde las Comunidades Autónomas tienen voz y tienen voto, que tiene financiación porque lo que hacemos es remitir a la financiación aprobada en septiembre del año 2022 por la Conferencia Sectorial y además damos un plazo de tres meses por si se quieren cambiar esos criterios y hacer un nuevo plan”.
Además, ha explicado que todos aquellos menores que llegasen actualmente con sus derechos preservados y filiados por los responsables jurídicos, serían derivados en un plazo de 15 días.
“Lo que hemos observado hasta la fecha es que el mecanismo vigente, que tenía un carácter voluntario, no estaba haciendo frente a la situación que hay ahora mismo en Canarias. Casi 6.000 niños y niñas están en las islas”, ha apuntado la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.
La diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, se ha mostrado “optimista” sobre la aprobación de esta propuesta que depende ahora de los votos del PP en el Congreso, porque “no pueden dar la espalda a este drama humanitario” que ha insistido en que “compete a todo el territorio”, ha matizado refiriéndose al PP.
La propuesta del PP
Sin embargo, desde las filas “populares” reclaman una reforma de mayor calado, no solo sobre los territorios fronterizos, y ha enviado una carta al Ministerio de Política Territorial, en la que comienza advirtiendo que “si hubiese un verdadero sentido de la responsabilidad por parte del gobierno, estaría tomando medidas dentro de sus competencias migratorias para resolver la causa que origina esta crisis migratoria”.
“Sin un plan económico potente para invertir en el control de fronteras, que incluya medios técnicos, tecnológicos y humanos, ayudas a las comunidades, políticas de cooperación con los países emisores y de repatriación de las personas en situación de irregularidad que tengan expedientes de expulsión, el Partido Popular, no apoyará lo que no es más que un parche”, refleja la carta.
El PP exige una declaración de emergencia migratoria para todo el territorio nacional, tanto para que puedan realizarse adjudicaciones por parte de la Administración Central directas y de forma urgente para contratar los recursos necesarios.
También aboga por un compromiso financiero más allá del primer año de acogida de personas menores migrantes “cuando se debería soportar por parte del Gobierno su totalidad durante el tiempo de tutela”, incluso cubrir la acogida hasta la emancipación al os 21 años.
El partido de Alberto Núñez Feijóo demanda que sea el Gobierno el que asuma la gestión directa y habilite los medios necesarios para ellos, una comunidad autónoma, “exceda la capacidad de los recursos instalados, corresponderá a las autoridades del Gobierno central habilitar los medios y su gestión directa”. Por supuesto, no entiende que se haga excepciones para Cataluña.
También pide el PP certificar la minoría de edad, a través de un decreto de la fiscalía, y reclama un refuerzo del control de las fronteras marítimas y más visados de tránsito para viajeros de países que han usado los aeropuertos españoles para hacer escala y pedir asilo, así como “las inversiones necesarias con los países de origen”.
En una intervención pública el portavoz del PP, Borja Sémper, no ha anticipado qué votaría su partido a la reforma liderada por el Gobierno central y el de Canarias, más allá de criticar las formas o censurar toda la acción de Gobierno en esta materia.
Redactor jefe de Noticias Obreras
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