“CIEs NO” de Valencia denuncia el “encierro ilegal” durante un mes de un joven extutelado
La campaña exige medidas disciplinarias contra los responsables del encierro y que no se repitan estas situaciones.
CIEs NO ha denunciado el “encierro ilegal” durante un mes en Zapadores de un joven marroquí, extutelado por la Comunidad de Madrid, que tenía suspendida la orden de expulsión del país. Según ha informado la Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros y el Fin de las Deportaciones en un comunicado, la puesta en libertad del joven solo se produjo cuando el caso fue detectado por los servicios jurídicos de la Campaña, integrada por movimientos sociales y eclesiales, entre los que se encuentra la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) de Valencia.
La campaña ha recordado que el ingreso en los CIE de las personas extranjeras previsto en la Ley de Extranjería (LO 4/2000, de 11 de enero) se configura como una medida cautelar cuya finalidad es asegurar la expulsión. Sin embargo, en este caso, “vulnerando” esta ley y la sentencia de los magistrados y de la magistrada de Madrid, el joven fue recluido desde el 21 de enero hasta el 23 de febrero en el CIE de Valencia “sin que ninguna autoridad verificara su situación legal o, si lo hicieron, la ignoraron y lo mantuvieron privado de libertad con el objetivo de deportarle”, denuncian.
Así, ni el juzgado ni el CIE de València tuvieron en cuenta que el TSJ de Madrid estimó el 8 de julio de 2021 un recurso contra la expulsión que acordaba su suspensión.
El TSJ de Madrid tomó esta decisión al considerar que el auto de expulsión no había valorado “debidamente las circunstancias del caso”. En primer lugar, porque la documentación aportada “arrojaba múltiples indicios del arraigo social” del joven, según consta en la sentencia.
Los dos magistrados y la magistrada criticaban en varias ocasiones, a lo largo de su resolución, a la Comunidad de Madrid y a la Administración en general por la “inacción” y “descoordinación” para regularizar su situación administrativa desde que se detectó su minoría de edad, mientras estuvo tutelado y tras alcanzar la mayoría. Aseguraban: “Nada parece haber hecho la Administración para amparar al recurrente debidamente y de buena fe, ni aun estando tutelado” y solo la Federación Pinardi, donde estaba acogido, “le ha acompañado y asesorado para iniciar el proceso de regularización”.
Desde la Campaña han exigido el cierre “urgente” de estas “cárceles racistas, donde se encierra a gente que no ha cometido ningún delito no solo vulnerando los derechos más fundamentales de las personas, sino también, como lo demuestra este caso, incumpliendo leyes y sentencias judiciales”. También han reclamado que se adopten medidas disciplinarias contra los responsables de este “encierro ilegal” y que se adopten mecanismos de coordinación para que no se repitan situaciones semejantes.
