Aprobado con limitaciones el fondo para las víctimas de amianto

Aprobado con limitaciones el fondo para las víctimas de amianto
El fondo de compensación a las víctimas del amianto, aprobado en el Congreso, supone un paso adelante, aunque con limitaciones que deberá superar el futuro reglamento, según sindicatos y asociaciones de afectados

La Comisión Parlamentaria de Trabajo del Congreso de los Diputados ha aprobado el texto de la Ley de creación de un fondo de compensación de las víctimas del amianto. “Un paso adelante” que “no es el definitivo”, según sindicatos y asociaciones de víctimas.

El fondo cuenta con una asignación de los Presupuestos Generales de este año de 25 millones de euros y en el futuro podría incrementarse también con las sanciones impuestas a las empresas responsables de la exposición laboral, doméstica y medioambiental.

La ley que entrará en vigor tras su paso por el Senado y su publicación en el BOE no determina con amplitud los posibles beneficiarios, ni las cuantías de las indemnizaciones, ni las posibles exenciones tributarias aplicables.

Estos términos tendrán que ser definidos en el desarrollo reglamentario en un plazo máximo de tres meses, por lo que los sindicatos y la Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto (FEDAVICA) han anunciado que estarán vigilantes para que estas cuestiones sean atendidas, de modo que el fondo de compensación en España “por fin haga justicia con las víctimas del amianto”.

El fin último de este instrumento de compensación pasa por “evitar el calvario de procesos administrativos y judiciales que se prolongan durante años y que muchas veces se dilucidan tras el fallecimiento de la persona enferma”, tal y como explica CCOO en un comunicado.

El derecho a la indemnización, a su juicio, debería incluir a cónyuges e hijos en el caso de las personas fallecidas. Igualmente, reclaman que la cuantía de las compensaciones sea suficiente para que las víctimas opten por acogerse al fondo y no tener que recurrir a la vía judicial. Por último, reclaman la exención de tributación para estas indemnizaciones como sucede con las ayudas a las personas afectadas por VIH.

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En opinión, de CCOO “el Estado tiene una clara responsabilidad por haber demorado durante demasiadas décadas su prohibición definitiva de uso” del amianto.