España y cuatro socios europeos reclaman un impuesto temporal a las energéticas para aliviar el impacto de la crisis
Los ministros de Economía de España, Alemania, Italia, Austria y Portugal han solicitado formalmente a la Comisión Europea la creación de un nuevo impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas, en un contexto marcado por el encarecimiento del petróleo tras el conflicto en Oriente Próximo. La iniciativa busca que el coste de la crisis no recaiga exclusivamente sobre los consumidores y las cuentas públicas.
El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha explicado en su cuenta de X que la propuesta consiste en “explorar un instrumento de solidaridad temporal para que las empresas energéticas contribuyan con los beneficios extraordinarios obtenidos durante la guerra y alivien la carga sobre los consumidores y contribuyentes”. La petición ha sido suscrita también por sus homólogos Markus Marterbauer (Austria), Joaquim Miranda Sarmento (Portugal), Lars Klingbeil (Alemania) y Giancarlo Giorgetti (Italia).
En la carta remitida a Bruselas, los cinco ministros recuerdan que durante la crisis energética de 2022 ya se aplicó una medida similar mediante el Reglamento (UE) 2022/1854, que estableció una contribución solidaria temporal para gravar los beneficios extraordinarios del sector energético.
En este sentido, subrayan que el actual escenario de volatilidad en los mercados energéticos y las restricciones fiscales de los Estados miembros hacen necesario recuperar este tipo de instrumentos a escala europea. Por ello, reclaman que la Comisión Europea “desarrolle con rapidez un instrumento de contribución similar a escala de la UE, con una sólida base jurídica”.
Evitar que la crisis recaiga sobre la ciudadanía
El objetivo de esta iniciativa es doble: mitigar el impacto del aumento de los precios energéticos sobre hogares y empresas y evitar que las políticas públicas tengan que asumir en solitario el coste de la crisis. Los ministros advierten de que es imprescindible “frenar la inflación, sin sobrecargar los presupuestos públicos”.
En esta línea, defienden que los beneficios extraordinarios obtenidos por las grandes compañías energéticas en contextos de guerra o crisis internacional deben contribuir a sostener el esfuerzo colectivo.
Los firmantes consideran que una respuesta coordinada a nivel europeo enviaría una señal clara a la ciudadanía y a los mercados.
Según recoge la carta, una medida de este tipo demostraría “unidad y capacidad de actuación” de la Unión Europea ante una crisis que afecta de forma transversal a todos los Estados miembros.
La Comisión Europea, por su parte, se ha comprometido a estudiar la propuesta con la mayor celeridad posible en un contexto de creciente presión para articular respuestas comunes frente a las consecuencias económicas de los conflictos internacionales.
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