Arranca una campaña estatal para impulsar una huelga contra la inmobiliaria Alquiler Seguro
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha iniciado una campaña sin precedentes para impulsar la que sería la primera huelga estatal de alquileres dirigida en particular contra la inmobiliaria Alquiler Seguro, tras años de denuncias por prácticas abusivas.
El movimiento por la vivienda se ha propuesto contactar con las casi 30.000 viviendas gestionadas por la empresa Alquiler Seguro para que se unan a la huelga. En su opinión, el modelo de negocio de esta gran inmobiliaria no resistiría una merma de ingresos como la que se pretende.
“No podrán hacer frente a la garantía de pago que ofrecen”, afirman desde los Sindicatos de Inquilinas, que ven probable que la inmobiliaria deje de atender sus obligaciones con los caseros, del mismo modo que ya incumple sistemáticamente sus responsabilidades con las inquilinas. “Es un modelo que se sostiene sobre el abuso y la desinformación, y que colapsa cuando las inquilinas se organizan”, añade.
Con ello, el sindicato de personas inquilinas considera que podrá obligar la empresa a reducir drásticamente los costes de acceso al alquiler. La principal demanda se centra en la recuperación del dinero estafado, aunque a largo plazo esperan frenar el aumento del precio por acceder a una vivienda de alquiler .
Ahora mismo, “cada 5 o 7 años nos vemos obligadas a desembolsar más de 4.000€ para entrar en una vivienda de alquiler y subiendo”, indican desde el sindicato.
Esta decisión nace del agotamiento de miles de familias que, tras años de denuncias y procesos judiciales, se sienten desprotegidas. La gota que ha colmado el vaso incluye una retahíla de agravios que asfixian la economía de los hogares trabajadores, desde el cobro de honorarios ilegales y la imposición de suministros con empresas del mismo grupo, hasta la exigencia de pagos de hasta 200 euros simplemente por visitar una vivienda, afirma la organización.
La Confederación, que ya agrupa a colectivos de una docena de ciudades como Madrid, Sevilla, Málaga y Valencia, subraya que esta lucha trasciende a los afectados de una sola empresa para combatir de raíz el aumento desmedido del precio del alquiler en todo el país.
La respuesta de las instituciones y la justicia, por su parte, se percibe como un alivio insuficiente y desesperadamente lento para quienes sufren la precariedad diaria.
Aunque el Ministerio de Consumo ha planteado una sanción de 3,6 millones de euros por la imposición de cláusulas abusivas, esta medida aún está pendiente de resolución definitiva y no repara el daño ya causado a los arrendatarios.
Peor aún es el horizonte en los tribunales, donde el juicio por la gestión irregular de depósitos y honorarios encubiertos no comenzará hasta febrero de 2028, evidenciando una incapacidad judicial para responder a la emergencia habitacional actual.
Ante esta parálisis, los sindicatos apuestan por la desobediencia y la acción directa, confiando en que una huelga coordinada obligará a la patronal a reorganizar su modelo de negocio.
La campaña de información y sensibilización no ha hecho más que empezar. La fecha definitiva de inicio de la huelga se debatirá y aprobará en asambleas de inquilinas más adelante.
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