Trabajo ultima un real decreto con nuevas exigencias de seguridad frente al amianto tras el toque de atención de Bruselas
El Ministerio de Trabajo ultima un real decreto que establecerá condiciones mínimas de seguridad y salud más estrictas para los trabajos con riesgo de exposición al amianto, después de que la Comisión Europea emplaza a España a trasponer la directiva de protección frente a este cancerígeno.
El borrador elaborado por Trabajo refuerza la protección laboral en varios frentes. En primer lugar, sustituye la medición por microscopía óptica —hasta ahora permitida— por microscopía electrónica, capaz de detectar fibras de amianto mucho más finas, lo que reducirá de forma drástica los valores límite de exposición permitidos.
Además, establece la obligación de identificar la presencia de amianto en edificios construidos antes de 2002 y da prioridad a su “retirada ordenada y segura” frente a técnicas como el encapsulamiento. También contempla medidas de higiene personal para los trabajadores: garantiza 10 minutos para el aseo antes de cada comida y 10 minutos adicionales antes de abandonar el puesto.
El texto amplía asimismo el listado de enfermedades reconocidas como derivadas de la exposición a este mineral, incorporando por primera vez patologías como el cáncer de ovario.
Advertencia de Europa y plazos ajustados
La directiva europea debía estar en vigor en España desde diciembre. Al no haber cumplido el plazo, Bruselas envió una carta de emplazamiento otorgando dos meses para corregir la situación.
Si España no aprobara la norma a tiempo, la Comisión podría abrir un nuevo periodo de diálogo y, en última instancia, llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE. En Trabajo confían en que el real decreto quedará aprobado en las próximas semanas.
Mientras tanto, el Fondo de Compensación de Víctimas del Amianto, operativo desde diciembre, ha comenzado a reconocer y abonar indemnizaciones con cuatro años de retraso.
Las asociaciones de afectados, junto a los sindicatos CCOO y UGT, denuncian que el proceso es lento, burocrático y que las cuantías resultan insuficientes, por lo que reclaman mejoras en su funcionamiento y cobertura.
La Seguridad Social, de la que depende el fondo, responde que cualquier reforma que implique mayor gasto requiere nuevos Presupuestos Generales del Estado, que no se vislumbran por ahora.
Las mejoras legales llegan tarde para los miles de trabajadores ya enfermos o fallecidos. En España se han registrado varios miles de muertes por mesotelioma, cáncer de pulmón o asbestosis en los últimos 20 años, aunque los sindicatos alertan de un notable infrarregistro de enfermedades profesionales derivadas del amianto.
Según Eurostat, en 2021 España fue el cuarto país de la UE con más muertes laborales asociadas al amianto, con 212 fallecimientos. Desde 2011, se han contabilizado 2.487 muertes, frente a las más de 32.800 del conjunto de la Unión.
Aunque el fondo de compensación dispone de 25 millones anuales, las asociaciones de víctimas denuncian que apenas se emplearán tres millones este año y que la mayoría de las solicitudes siguen bloqueadas por la falta de unidades autonómicas encargadas de emitir los certificados necesarios. Actualmente, la mayor parte de las indemnizaciones —solo cuarenta hasta ahora— se han tramitado en el País Vasco.
Las asociaciones de víctimas exigen ampliar el número de beneficiarios —incluyendo a herederos y personas afectadas por exposición doméstica—, elevar las indemnizaciones, actualmente entre 32.200 y 96.600 euros, y declarar estas ayudas exentas de tributación, como ocurre con las de víctimas del terrorismo, el sida por transfusiones o la talidomida.
La Seguridad Social insiste en que cualquier mejora depende de que se aprueben nuevos Presupuestos Generales del Estado, algo que de momento no se contempla.
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