Trabajadoras y trabajadores cristianos de Castellón llaman desmercantilizar la vivienda para convertirlo en derecho efectivo
El cuidado de la vida y de las personas trabajadoras pasa hoy, inevitablemente, por defender el derecho a la vivienda. Con esta convicción, la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) de Segorbe-Castellón celebró en la parroquia del Cristo de la Vall d’Uixó una nueva trobada (encuentro) dedicada a escuchar, compartir y comprender las consecuencias de la emergencia habitacional que atraviesan muchas familias obreras.
La cita reunió a trabajadoras y trabajadores cristianos, vecinos y vecinas vinculadas a la parroquia y personas activas del tejido social local de la localidad. La estructura del encuentro, fiel al estilo de estas trobades, que vienen celebrándose desde hace años, combinó, como es habitual, los testimonios personales con el esfuerzo de los movimiento sociales y los planteamiento del pensamiento social de la Iglesia.
Frente a la actitud muy extendida de parte de la sociedad de exigir respuestas a los problemas sociales, sin involucrarse en su solución, esta organización de trabajadores y trabajadoras cristianas defiende el papel de la sociedad civil organizada en la promoción del bien común y la justicia social. También ante la dificultad de acceder a una vivienda digna.
La mesa redonda que abrió la sesión sirvió para escuchar el dolor que causa la falta de vivienda digna. María y Katy, pequeñas empresarias que estuvieron amenazadas por sendos desahucios, confesaron el sentimiento de culpabilidad, mezclado con la vergüenza y el miedo, ante la posibilidad de perder su hogar.
De un día para otro, se encontraron frente a la maquinaria de un banco o de un propietario que no admitía negociación alguna. Admitieron ambas, que pensaron tirar la toalla y entregar las llaves. Pero gracias a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), al apoyo mucho y el acompañamiento jurídico han logrado frenar las amenazas, al menos, por el momento.
Después tomó la palabra Amina, una mujer de origen marroquí que lleva tres años intentando encontrar una vivienda digna para su familia de cinco miembros. Lo único que ha conseguido hasta ahora ha sido una “infravivienda”, en un terreno expuesto la inseguridad y el deterioro.
La imposibilidad de encontrar alquileres inasumibles, los exigentes requisitos para la concesión de hipotecas o la desconfianza hacia personas migrantes y vulnerables, en un mercado alcista dominado por la especulación, están convirtiendo el derecho a una vivienda digna en una quimera para cada vez más sectores de la población.
La ineficacia de la política actual
Las medidas legislativas promulgadas no están teniendo el efecto necesario. Desde la PAH explicaron que siguen produciéndose desahucios sin alternativas, abusos en los alquileres y acaparación del suelo y la vivienda.
La especulación inmobiliaria excluye a cada vez más jóvenes, familias trabajadoras y personas vulnerables. Pero también devora una parte creciente de la renta disponible, a costa de la inversión productiva, transformando la fisonomía de municipios y comarcas.
El militante de la HOAC, Miro Sánchez, recordó que desde el pensamiento social cristiano los derechos fundamentales no pueden depender del mercado, porque acaban por desvirtuarse.
“Poner precio a un derecho es hacer que deje de serlo”, señaló, invitando a recuperar el sentido social del hogar como espacio de cuidado y de vida.
Desde el principio de la Doctrina Social del destino universal de los bienes, la propiedad privada, aunque legítima, ha de supeditarse al bien común.
El propio papa Francisco recordó que el acceso a la vivienda es un derecho fundamental, en virtud de la intrínseca dignidad humana. De hecho, la incluyó como una de las tres “t”: tierra, techo y trabajo y señaló que cada cada familia debería disponer de una vivienda y cada barrio contar con infraestructuras adecuadas, educación garantizada y seguridad en la tenencia.
Sánchez defendió que no puede garantizarse el derecho universal a la vivienda mientras se considere que un bien con el que hacer negocio. Décadas de políticas públicas han favorecido que la vivienda se convierta en una herramienta de lucro para grandes propietarios, fondos de inversión y bancos, generando un daño estructural que deja a amplias capas de la población sin alternativas reales.
Por su parte, Carmen García, exconcejala de IU en el Ayuntamiento de la Vall d’Uixó, aportó la visión institucional y la experiencia acumulada en la creación de una oficina de intermediación entre inquilinos y propietarios.
Subrayó que las generaciones jóvenes “lo tienen muy mal, si no nacen en una familia con recursos”. Recordó cómo, desde 2008, muchos particulares y fondos adquirieron inmuebles con el objetivo de obtener rentas a largo plazo, alimentando dinámicas especulativas que hoy tienen consecuencias directas en la vida de miles de familias.
Penalizar el uso antisocial
García defendió la necesidad de medidas políticas profundas que actúen sobre las causas del problema y no solo sobre sus efectos. Habló de revertir el acaparamiento de vivienda, proteger a los inquilinos, transformar el sistema de intermediación, desincentivar las compras especulativas y penalizar el uso antisocial de los inmuebles. Planteó también la urgencia de liberar suelo para vivienda pública y de regular seriamente el mercado mediante ayudas, avales y mecanismos de control que devuelvan al suelo y a la vivienda su función social original.
Tras las intervenciones se pasó al trabajo en pequeños grupos, donde surgieron propuestas concretas que luego se compartieron en un debate abierto. Las ideas giraron en torno a la autoorganización vecinal, el fortalecimiento de redes de apoyo mutuo y la necesidad de reclamar a los partidos y administraciones políticas valientes que afronten esta situación con visión de futuro.
La vivienda digna no es solo un techo, sino la base de un proyecto de vida, un entorno donde convivir, estudiar, cuidar a la familia y mantener relaciones que sostienen la identidad y la dignidad de cualquier persona, coincidieron las personas asistentes.
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