Seis de cada diez personas inquilinas no consiguen ahorrar tras pagar el alquiler
El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales vectores de desigualdad en España, un fenómeno que golpea con especial dureza a los hogares que viven de alquiler.
Según el informe “La vivienda, cimiento de desigualdades”, basado en la encuesta Vivir la Desigualdad II realizada a 4.102 personas, el 61% de las personas inquilinas no logra ahorrar debido al elevado coste de la renta. Más de la mitad de ellas (58%) considera además “improbable” llegar a comprar una vivienda en el futuro.
En el extremo opuesto, el 60% de quienes ya tienen su casa pagada sí consigue ahorrar todos los meses, lo que, según el estudio, evidencia el peso creciente del régimen de tenencia como factor de brecha social.
El encarecimiento del mercado residencial se ha intensificado en los últimos cinco años. Hoy, el 85% de las personas que viven de alquiler destina más del 30% de sus ingresos al pago de la renta y una de cada tres supera ya el 50%, un umbral considerado de máximo esfuerzo financiero. Entre los hogares hipotecados, el panorama también es preocupante: el 62% dedica más del 30% de sus ingresos al pago mensual de la vivienda y uno de cada cinco supera el 50%.
“El acceso a la vivienda supone un gran esfuerzo para millones de personas, pero es especialmente difícil para quienes pagan una renta”, señala Alejandro García‑Gil, autor del informe y responsable de políticas de protección social y empleo de Oxfam Intermón. “Se perpetúa la trampa del alquiler: los precios impiden ahorrar y dificultan reunir la entrada para una hipoteca. Muchas personas quedan atrapadas en un mercado cada vez más asfixiante”, añade.
El análisis revela que el régimen de vivienda influye más que el nivel salarial en la posibilidad real de ahorrar. Entre quienes ingresan el salario mínimo interprofesional (1.184 euros en 2025), el 58,6% de las personas con vivienda pagada consigue ahorrar, frente al 32,4% de quienes viven de alquiler.
La comparación produce cifras llamativas: una persona propietaria con ingresos equivalentes al SMI tiene más probabilidad de ahorrar que una persona inquilina que gana 2.000 euros mensuales.
La brecha se repite si se compara alquiler con hipoteca: una persona inquilina que ingresa 2.000 euros ahorra casi lo mismo (51,9%) que alguien con hipoteca que gana 1.500 euros (50,2%). “Corremos el riesgo de consolidar desigualdades profundas entre quienes pueden ahorrar y quienes viven permanentemente al límite”, advierte García‑Gil.
Desahucios invisibles y mayor inestabilidad residencial
El estudio identifica un fenómeno extendido pero poco visible: uno de cada tres hogares inquilinos —unos tres millones de personas— tuvo que mudarse el último año por motivos económicos, ya fuese por finalización del contrato o subidas de precios inasumibles. La incidencia es especialmente alta entre personas extracomunitarias (37%) y jóvenes menores de 35 años (31,9%). En este último grupo, uno de cada dos acabó volviendo a la vivienda familiar.
Además, el 60% de los cambios de domicilio implicó abandonar el barrio o municipio de referencia, lo que, según el informe, “debilita redes sociales, apoyo comunitario y estabilidad vital”.
La presión económica obliga a muchos hogares a modificar sus condiciones de vida. El 13% de las personas inquilinas comparte vivienda con personas sin parentesco, un porcentaje que se eleva al 22% entre población migrante y al 27,7% entre quienes tienen entre 25 y 34 años. Este fenómeno no se limita a jóvenes: alcanza también a una de cada diez personas de 35 a 54 años.
Las dificultades económicas se reflejan también en los servicios básicos: el 19,2% de la población no pudo pagar suministros esenciales —como electricidad, gas o agua— en el último año. La carencia energética afecta a cerca de tres de cada diez personas inquilinas, jóvenes o migrantes.
“Hablar de vivienda es hablar de vidas y de derechos”, subraya García‑Gil. “Cuando el acceso es inestable, se resienten la salud, la intimidad y la cohesión social”.
La persistencia de precios elevados y la finalización de numerosos contratos en 2026 alimentan las dudas sobre el acceso futuro a la vivienda. El 58,5% de las personas no propietarias ve improbable comprar una casa, frente a un escaso 14,4% que mantiene expectativas positivas.
La perspectiva varía según la posición social: el 19% de las clases altas confía en poder acceder a una vivienda en propiedad, frente al 10,3% de las clases bajas. Y la herencia se consolida como vía creciente de acceso: el 21,2% de las personas propietarias espera heredar una segunda vivienda, frente al 11,6% de las personas arrendatarias.
Si esta tendencia continúa, advierte el informe, España podría enfrentarse a un modelo residencial cada vez más desigual, condicionado por la herencia y la capacidad de ahorro previa.
Regulación, vivienda pública y protección
La organización urge a una respuesta coordinada de todas las administraciones. Reclama reforzar la protección a los más de 60.000 hogares vulnerables que podrían ser desahuciados tras el fin del escudo social.
Entre las medidas que propone el informe destaca la regulación de precios del alquiler y contratos más largos y el freno a prácticas especulativas. Además, reclama una reforma fiscal orientada al uso de la vivienda y la ampliación del parque público y fomento de modelos alternativos de acceso.
“Es urgente asegurar que vivir de alquiler sea una opción asequible, digna y estable”, concluye García‑Gil. “Y que quien desee acceder a una vivienda en propiedad pueda hacerlo sin quedar excluido por un sistema cada vez más desigual”.
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