Raúl Flores alerta que “la dignidad humana debe garantizar derechos más allá del empleo”
El coordinador de estudios de Cáritas y secretario técnico de FOESSA, Raúl Flores, denunció el impacto de la precariedad creciente en las familias y recordó la vigencia de la visión de la Iglesia, que se opone a la mercantilización de la vida y reivindica el bien común, el destino universal de los bienes y la primacía del trabajo sobre el capital como pilares para una sociedad más justa.
La videoconferencia organizada por la Pastoral del Trabajo de la Conferencia Episcopal Española, quiso acercarse a la realidad analizada con rigor y profundidad por la fundación sociológica de Cáritas con la intención de hacerse cargo de la realidad doliente de tantas familias trabajadoras y promover un mejor acompañamiento en la promoción de la dignidad del trabajo y de las personas que trabajan.
Desde el inicio, el ponente subrayó la importancia de entender los grandes cambios que han transformado la sociedad española en las últimas cuatro décadas.
“Nuestro modelo de sociedad solamente se puede comprender bien si entendemos al menos estos siete grandes cambios del modelo social”, explicó, deteniéndose en los procesos demográficos, la desigualdad creciente, la centralidad excesiva del empleo, la mercantilización de la vivienda, la fragilidad del Estado de bienestar, la desafección social y el carácter insostenible del modelo de desarrollo.
El país, recordó, ha pasado de ser emisor de migrantes a convertirse en destino, y solo gracias a la población migrante se ha evitado la pérdida demográfica.
“Nuestro país llevaría casi una década perdiendo población de no ser por ese saldo de la migración”, señaló.
La desigualdad aparece como causa estructural de la pobreza. Flores insistió en que “la pobreza y la exclusión social son los frutos de la desigualdad”, y desmintió la idea de que el crecimiento económico basta para corregirla. Así, comentó que “un crecimiento económico no siempre reduce la desigualdad; en ocasiones la incrementa”. Por ello —subrayó— solo la redistribución ha demostrado capacidad para revertir estas tendencias.
La vivienda como derechos fallido
El estudio dedica un amplio bloque al problema habitacional, que FOESSA califica con claridad. “La vivienda es un derecho fake”, afirmó sin rodeos, al describir la brecha entre los ingresos reales de las familias y el precio de la vivienda.
Muchas, indicó, “cada día, uno o dos días después de pagar la vivienda y los suministros se quedan sin apenas dinero para el resto del mes”, y viven la vivienda no como un hogar, sino como “un foco de asfixia, de estrés y de miedo”.
La acumulación patrimonial en manos de unos pocos agrava la tendencia: en contraste con el 23% de la mitad más pobre de la población, “el 94% del 10% más rico tiene una segunda vivienda en propiedad”.
El núcleo de la conferencia giró, sin embargo, en torno al empleo. Aunque reconoció avances en materia de ocupación –“hemos pasado de 19,3 millones a 22,4 millones”– y la bajada del paro, Flores advirtió que la recuperación es engañosa.
“El empleo se ha recuperado, pero el bolsillo y la integración plena no lo ha notado”, dijo. A pesar de la subida del salario medio, “en euros reales… los salarios no han subido prácticamente nada, apenas un 0,7%”.
Empleo intermitente
A esto se añade la persistencia de relaciones laborales intermitentes que impiden sostener una vida digna: “Es muy difícil pagar 12 meses de alquiler con un contrato de seis horas diarias o de 30 horas semanales”.
Los datos más duros proceden del análisis agregado de trabajadores precarios, autónomos inestables y desempleados con experiencia laboral. “Nos encontramos a 11,5 millones de personas activas laboralmente que están atrapadas en diferentes formas de inseguridad laboral”, afirmó.
Esta cifra, que equivale a más del 40% de la población activa, evidencia una profunda polarización del mercado de trabajo, donde aumentan simultáneamente los “empleos muy buenos” y los “muy malos”.
En palabras de Flores se ha incrementado “esa polarización del empleo… hay personas que apenas consiguen respirar”. No en vano, recordó, “el 14% de las personas trabajadoras están en exclusión social”.
El impacto de la precariedad sobre la salud mental fue otro de los puntos más alarmantes de la sesión. “La prevalencia de diagnósticos por depresión es 2,5 veces entre las personas que están trabajando de forma precaria”, afirmó.
Además, la precariedad explica “el 17% de los problemas de salud mental entre la población asalariada”, lo que significa que, si quienes hoy trabajan en condiciones inestables lo hicieran en empleos dignos, “se habrían evitado 168.000 diagnósticos por depresión”.
Flores dedicó también atención a los rostros concretos de la exclusión. Las familias encabezadas por mujeres continúan acumulando desventajas, los jóvenes atraviesan trayectorias laborales marcadas por la incertidumbre —“la emancipación está bloqueada”, advirtió— y la población de origen migrante enfrenta tasas de exclusión especialmente elevadas.
“Las personas extranjeras en situación administrativa irregular llegan al 68% de exclusión”, recordó, una cifra que explica la necesidad de avanzar hacia procesos de regularización que permitan el acceso a derechos básicos.
Una sociedad enajada
La conferencia concluyó con una reflexión ética inspirada en la Doctrina Social de la Iglesia. España, dijo, vive “una sociedad que nos enajena de lo que realmente somos”, dominada por un mercantilismo que ha convertido el mercado en criterio rector de todas las relaciones humanas.
Frente a ello, propuso “poner el mercado en el lugar que le corresponde”, reconocer el valor del trabajo más allá del empleo remunerado y recuperar valores como la cooperación y la reciprocidad. “No fallan las personas; lo que está fallando es el sistema”, afirmó, al tiempo que defendió que los derechos fundamentales deben vincularse a la dignidad humana y no a la calidad del empleo que se pueda obtener.
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