Presentación de una guía para docentes y centros educativos para proteger la infancia ante los desahucios en Cataluña
La plataforma Plataforma Docents080, por los dígitos con que comienzan los códigos postales de Barcelona y el Observatorio DESCA de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales presentan una nueva guía de actuación dirigida a centros educativos para detectar y actuar con desahucios que afectan a la infancia.
El propósito es doble: compartir estrategias de acompañamiento ante estas situaciones y organizarse colectivamente para exigir soluciones estructurales. Desde sus inicios, las y los docentes se reúnen una vez al mes en la escuela Drassanes y colaboran con otras plataformas que han surgido en distintos puntos de Cataluña.
Según datos recientes del CGPJ, 1.331 familias fueron desahuciadas en Barcelona en 2024, y más del 87% de los casos afectaban a hogares con niños . Durante el mismo año, según datos del Ayuntamiento, 1.222 familias con menores se acogieron a alojamientos temporales de urgencia .
En Cataluña, la tasa AROPE de riesgo de pobreza o exclusión social afecta al 36,1% de los menores , con un 11% en situación de pobreza severa.
Esta realidad tiene consecuencias directas en el bienestar y el aprendizaje de los niños. Diversos estudios indican que la inseguridad residencial afecta a la salud mental en un 89% de los casos, con problemas de ansiedad o depresión, y está asociada también al fracaso escolar (74%) ya problemas de salud física (63%).
La guía ofrece orientaciones concretas para que las escuelas e institutos puedan actuar frente a estas situaciones. Incluye pasos para detectar situaciones de inseguridad residencial , activar mecanismos de acompañamiento educativo , coordinarse con servicios sociales y entidades del territorio , y garantizar el seguimiento y el apoyo al alumnado afectado.
Asimismo, también se plantea el papel de los centros educativos como espacios de protección de los derechos de la infancia, donde la pérdida de vivienda no se trata como cuestión individual sino como una problemática social que requiere respuesta colectiva.
Para ambas entidades está claro que no tener casa o vivir en una situación de vivienda precaria rompe la vida educativa de los niños. Cuando esto ocurre, se vulneran derechos fundamentales y la escuela, como espacio de aprendizaje y socialización de las criaturas, no puede mirar hacia otro lado.
Desde ambas entidades, conscientes de que esta guía no puede sustituir la responsabilidad de las administraciones . Por eso reclaman una reunión urgente con el Departamento de Educación y el Consorcio de Educación; asimismo, piden a ambas Administraciones que doten a los centros de los recursos socioeducativos necesarios, así como educadoras sociales, profesionales de integración social y psicólogos.
El objetivo final no es sólo gestionar los efectos de los desahucios, sino evitar que se produzcan cuando hay niños implicados. Porque garantizar el derecho a la vivienda es también una condición imprescindible para garantizar el derecho a la educación.
Desde su creación, con la primera asamblea celebrada en enero de 2025, la plataforma ha dinamizado espacios de diálogo con equipos educativos, miembros de las Asociaciones de Familias de Alumnos (AFA) y entidades sociales. Estas asambleas abiertas han permitido reflexionar colectivamente sobre cómo la falta de vivienda digna afecta a la vida de adolescentes y a su proceso educativo.
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