Piden la aprobación de un nuevo escudo social ante el impacto económico de la guerra en Oriente Medio
Ante la escalada de precios derivada de la tensión desencadenada en Oriente Medio, consumidores y fuerzas políticas piden al Gobierno que active ya un paquete de medidas para aliviar las economía de la población trabajadora. FACUA-Consumidores en Acción en acción ha pedido que se vuelve a presentar el decreto con el escudo social que fue rechazado en el Congreso para que el Gobierno pueda limitar el encarecimiento de la vida.
La organización de consumidores ha solicitado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que vuelva a llevar al Congreso un real decreto-ley similar al que fue tumbado recientemente por PP, Vox y Junts, con el objetivo de habilitar al Ejecutivo para fijar precios máximos de productos y servicios esenciales en contextos de emergencia.
La organización considera urgente establecer topes en los precios de los combustibles, la electricidad y el gas, al advertir que las empresas del sector están incrementando sus márgenes de beneficio bajo el argumento del encarecimiento del petróleo y el gas derivado de la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán.
La entidad propone que el Gobierno active un sistema de control que impida a las compañías energéticas aplicar márgenes superiores a los registrados el mes previo al inicio de la invasión de Irán.
El precio del crudo está disparado, tras el ataque de EEUU e Israel a Irán y la respuesta del régimen islámico. El barril de Brent llegó a dispararse un 25% durante la jornada del domingo, alcanzando los 120 dólares, niveles no vistos desde el estallido de la invasión rusa de Ucrania en 2022.
Una parte de la rápida subida de los precios del combustible se atribuye a la intención de “cinco o seis gasolineras” de “sacar tajada” de la crisis provocada por la guerra.
Después de todo, el carburante disponible se compró a antes de los ataques, y por lo tanto a un precio razonable. Rubén Sánchez, portavoz de Facua explica que se ha producido el clásico de “efecto cohete” al subir el precio al que seguirá luego el “efecto pluma”, la exasperante lentitud para reducir los costes.
La combinación de un conflicto abierto sin horizonte de resolución y el temor a un bloqueo en el estrecho de Ormuz -paso estratégico por el que circula cerca del 20% del crudo mundial- ha multiplicado las apuestas especulativas y elevado los precios de manera inmediata. Gobiernos y bancos centrales observan con inquietud las posibles repercusiones económicas.
Ante este escenario, el primer movimiento relevante llegó desde el G7, que anunció una reunión de urgencia prevista para la tarde de este lunes. Según fuentes citadas por Financial Times, los ministros de Finanzas estudian liberar entre 300 y 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas, aproximadamente una cuarta parte del total acumulado tras la guerra en Ucrania. El conjunto de estas reservas asciende a unos 1.200 millones de barriles.
El simple anuncio del encuentro logró enfriar parcialmente el mercado. Tras tocar los 120 dólares la noche del domingo, el Brent moderó su ascenso y amaneció este lunes en torno a los 106 dólares a la espera de la decisión del G7 y de los próximos movimientos de Washington, Tel Aviv y Teherán.
Las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, tras el nombramiento de Mojtaba Jameneí como nuevo líder supremo iraní, siguen contribuyendo a la volatilidad.
Una escalada que se contagia a toda la energía
El incremento del precio del crudo ya se ha trasladado a otras fuentes energéticas. El coste del gas natural en los mercados de futuros subió este lunes un 30%, hasta los 69 €/MWh, una tendencia que anticipa facturas más elevadas para los hogares en pleno regreso de las lluvias y con una primavera que no termina de asentarse.
La electricidad también se ha encarecido notablemente. El precio medio del lunes se situó en 119 €/MWh, un 51% más que el día anterior, con un pico de 202 €/MWh entre las 19:00 y las 20:00 horas. Las subidas energéticas, alertan los analistas, amenazan con trasladarse a servicios, transporte y alimentación si la tensión geopolítica se prolonga.
Los mercados descuentan además que los bancos centrales podrían verse obligados a responder con nuevas subidas de tipos de interés para contener una posible segunda ola inflacionaria. Algunos gobiernos se han adelantado con medidas de alivio fiscal. Portugal ha activado una reducción de impuestos sobre los carburantes y en España el Ejecutivo de coalición estudia un paquete similar al desplegado durante la crisis energética posterior a la invasión rusa de Ucrania.
Contener los márgenes empresariales
Para contener los precios FACUA propone que el Gobierno active un sistema de control que impida a las compañías energéticas aplicar márgenes superiores a los registrados el mes previo al inicio de la invasión de Irán.
Sumar, principal socio del Gobierno, ha instado al PSOE a desplegar “con carácter urgente e inmediato” un escudo social “que proteja a la gente”, según la portavoz de la formación, Lara Hernández. La organización propone rescatar el impuesto a las energéticas, intervenir el mercado eléctrico, recuperar la excepcionalidad ibérica y limitar los precios de la energía y los alimentos.
Hernández insistió en ampliar el alcance del bono social eléctrico y de las bonificaciones para colectivos que dependen del precio de los combustibles, y reclamó prorrogar los contratos de alquiler que expiren este año. “Los gobiernos existen para que en momentos así se proteja a la ciudadanía”, subrayó este lunes.
Podemos plantea registrar en el Congreso una iniciativa legislativa con un paquete de medidas que incluiría un cheque energético para familias con ingresos inferiores al SMI, topes a la luz y el gas y la prohibición de cortes de suministro.
ERC, EH Bildu y el BNG proponen un escudo social permanente que contemple la moratoria antidesahucios y la prohibición de cortes de suministro, entre otras medidas.
Sin embargo, la negativa de Junts y el PP a apoyar cualquier nuevo escudo social que incluya la moratoria puede hacer naufragar el denominado escudo social 2.0, o forzar al Gobierno a trocear el paquete, con el riesgo de dejar sin protección a cerca de 70.000 familias.
Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, anunció un “plan de emergencia energética” para proteger a las familias e la “pésima política internacional” y frente a los “eslóganes” del presidente del Gobierno. Entre sus propuestas figuran la bajada del IVA de la luz del 21% al 10% y el doblaje de la deducción por hijo en el IRPF.
La presión también llega del movimiento de vivienda, que reclama incluir la moratoria de desahucios en el nuevo escudo social. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) critica que “la reacción del Gobierno al voto en contra de la derecha a mantener el escudo social ha sido no hacer nada”. Según la organización, la vigente moratoria es “insuficiente”, solo protege a uno de cada cuatro hogares vulnerables y se ha renovado de forma agónica, año a año, sumando “sufrimiento añadido a las familias por la incertidumbre de la renovación”.
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