Los sindicatos piden al Gobierno que no “desarme fiscalmente” al Estado cuando más se necesita su acción
Los líderes sindicales, reunidos con el Gobierno y la patronal para analizar nuevas medidas frente al impacto económico de la guerra en Oriente Medio, han pedido al Ejecutivo que no “desarme fiscalmente al Estado” justo cuando más falta hace la acción pública.
Tras concluir su ronda de contactos con los grupos políticos, menos Vox, el Ejecutivo ha vuelto a convocar a los agentes sociales, aunque esta vez con los pesos pesados del Ejecutivo. Sus portavoces, vienen insistiendo en que disponen de un plan integral para afrontar la crisis inflacionaria que se avecina, pero todavía no ha concretado ninguna decisión.
Parte del empresariado reclama la eliminación o rebaja de impuestos —una idea que el PP ha apoyado de inmediato— mientras que otras fuerzas políticas, incluido el socio minoritario del Gobierno, piden reforzar y ampliar el escudo social.
Vox, por su parte, continúa atrapado en sus propias obsesiones particulares y tratando de justificar su respaldo al ataque a Irán impulsado por Trump y Netanyahu.
En esta ocasión, la patronal y los sindicatos se han sentado con las tres vicepresidentas del Gobierno —María Jesús Montero (Hacienda), Yolanda Díaz (Trabajo) y Sara Aagesen (Transición Ecológica y Reto Demográfico)—, además del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz.
Tras el encuentro, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, admitió que aún no se ha presentado “una batería de medidas concretas”. No obstante, explicó que las organizaciones sindicales han pedido participar en la negociación de cualquier actuación futura. Advirtió también de que cualquier iniciativa que implique gasto fiscal debe conllevar a la vez una contención de precios para las familias.
Sordo denunció además un “incremento parcial de algunos precios” injustificado, señalando que hoy se venden combustibles a precios altos pese a haber sido adquiridos hace meses, cuando eran sensiblemente más baratos.
A su juicio, ya se está registrando un “primer pico de inflación de márgenes empresariales sin inflación de costes”, y reclamó al Gobierno que evite comportamientos abusivos por parte de operadores privados.
El líder sindical evocó la experiencia de la guerra de Ucrania, cuando, según sostuvo, el incremento de precios se repartió de forma muy desigual. Recordó que medidas como el descuento a los combustibles o las rebajas fiscales no se tradujeron necesariamente en precios más bajos, sino que en muchos casos sirvieron para mantener los márgenes empresariales.
En cualquier caso, insistió en que las rentas más bajas deben ser las principales beneficiarias de las medidas que se adopten. Y fue tajante: no comparte una “bajada generalizada de impuestos”, porque equivaldría a “desarmar fiscalmente al Estado cuando más se necesita su acción”. En su opinión, cualquier reducción tributaria tendría que ser muy limitada, selectiva y sujeta a la garantía de que realmente redunde en precios más bajos.
Del lado empresarial, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se mostró favorable a bajar algunos impuestos, una propuesta que también respaldó el presidente de Mercadona, Juan Roig.
Garamendi sugirió que el Estado no debe “ganar más dinero” en esta coyuntura y abrió la puerta a tocar ciertas cargas fiscales o incluso deflactar el IRPF. Desde el Gobierno, Yolanda Díaz replicó que el Ejecutivo no se lucra, sino que toma medidas para apoyar a empresas, trabajadores y autónomos.
Garamendi y el PP mantienen la dureza dialéctica contra el Gobierno
El PP mantiene la dureza de su discurso contra el Gobierno, aunque sin llegar al obstruccionismo de Vox. Garamendi se alineó con esta retórica al calificar de “populismo puro” las propuestas de intervenir los mercados de vivienda, alimentación y energía, topar alquileres y precios del gas, imponer un nuevo impuesto a las grandes distribuidoras o recuperar el tributo a las energéticas.
Desde su punto de vista, ese tipo de medidas equivalen a “intervencionismo en estado puro” y generan desconfianza económica.
“¿Qué hacen los populistas? Aprovechar las crisis para plantear estos temas”, afirmó, comparando estas recetas con modelos aplicados en algunos países de Iberoamérica o en la etapa previa a la caída del Muro.
Según portavoces del Ejecutivo, la intención es llevar algunas decisiones al Consejo de Ministros del próximo martes, dentro de un “plan integral”.
“Tenemos experiencia, sabemos responder de manera ágil y contundente, y eso es lo que vamos a hacer en los próximos días”, aseguró el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá el 25 de marzo en el Congreso para exponer la posición del Ejecutivo ante el conflicto en Oriente Próximo.
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